martes, 30 de marzo de 2010

Quart acoge la presentación de la Iniciativa para cambiar la Ley de la Memoria Histórica

Diario “Levante” (Valencia),  29/3/10

Cincuenta juristas trabajan en el texto para considerar el "genocidio" en la dictadura y la "impunidad" posterior  



V. X. C.,  QUART DE POBLET
El profesor de Derecho Constitucional y presidente estatal de Unidad Cívica por la República José Luis Pitarch fue el encargado de presentar las directrices del anteproyecto para la "Iniciativa Legislativa Popular por una Ley de Justicia y Regeneración para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior período de impunidad". El acto se desarrolló en la mañana y tarde del sábado 27  en el edificio consistorial de Quart de Poblet y estuvo convocado por Izquierda Republicana y Unidad Cívica por la República.
Con la conferencia del profesor Pitarch se quiso acercar a la ciudadanía del área metropolitana de Valencia el anteproyecto o Proposición de Ley para cambiar la actual Ley de la Memoria que ha preparado el profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias. El texto será trabajado por las diferentes gestoras que se están creando en el Estado para que, después, un grupo de cincuenta juristas debata y perfeccione el anteproyecto para entregarlo en el Congreso de los Diputados y arranque el camino de nueve meses en el que los impulsores tendrán que recoger 500.000 firmas para sustituir la actual Ley, que no es del agrado de los ciudadanos que ahora se han movilizado.

Copiada de Franco
El autor del documento de partida, Rodríguez Arias, recordó que la actual Ley de la Memoria Histórica "esta copiada de una orden de Franco de 1940 que viola varios e importantes derechos humanos". La Iniciativa legal popular se resume en diez puntos. En primer lugar se trata de una propuesta abierta para el debate; que busca el enjuiciamiento penal de todos los crímenes del franquismo y del posterior período de impunidad; también emplaza a la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía de octubre de 1.977, la cual se pretende aplicar para impedir el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo; el reconocimiento parlamentario del genocidio franquista; la Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas del franquismo y también de la impunidad; la nulidad de lo que se ha considerado históricamente como "sentencias" que,  para los autores de la Proposición de Ley, no son más que "asesinatos de Estado".
También se recoge la Restitución de los desaparecidos a sus familiares; la verdad, justicia y reparación de género. Finalmente, se reclama la restitución de los grados y honores militares a los guerrilleros y defensores antifascistas, todo ello en el marco del reconocimiento de la verdad, de la justicia y reparación.

sábado, 27 de marzo de 2010

La nieta de Companys no se da por satisfecha con el informe de la fiscalía

La nieta de Companys y juristas e historiadores claman por la nulidad del juicio

À. PIÑOL / M. ROGER - Barcelona - 27/03/2010

La euforia que mostraron el jueves el presidente José Montilla y del consejero de Interior, Joan Saura, por el informe de la fiscalía que considera "nulo" el juicio a Lluís Companys no es compartida, ni de lejos, por la nieta del presidente de la Generalitat republicano asesinado en 1940, Maria Lluïsa Gally.
La euforia que mostraron el jueves el presidente José Montilla y del consejero de Interior, Joan Saura, por el informe de la fiscalía que considera "nulo" el juicio a Lluís Companys no es compartida, ni de lejos, por la nieta del presidente de la Generalitat republicano asesinado en 1940, Maria Lluïsa Gally. "Esto es un informe técnico, no una declaración oficial", aclaró ayer Gally desde su residencia en México. Avanzó que la familia "está contenta porque cada vez hay más luz y se ha dado un paso adelante", aunque ilustró: "No queremos que se quede ahí". Gally exige un paso adelante de la Generalitat para lograr lo que quiere: una declaración oficial que repare la figura de su abuelo.
"La Generalitat me ha dicho que está muy contenta, pero yo les he dicho que no quiero que quede así, quiero que todo el mundo sepa oficialmente lo que le pasó a mi abuelo", pidió Gally. La nieta de Companys recibió la noticia de Saura, que le remitió el informe de la fiscalía. Gally le respondió que quiere un paso más. De momento, espera respuesta.La fiscalía quiso dar por cerrado el caso de la condena de muerte del presidente Companys declarando el juicio ilegítimo al acogerse a la Ley de la Memoria Histórica. Pero el asunto está lejos de quedar archivado. Lo dejó claro la nieta de Companys, Maria Lluïsa Gally: 'Quiero una declaración oficial que diga que mi abuelo fue secuestrado y asesinado cobardemente por ser el presidente de la Generalitat'. La nieta del que fuera presidente durante la República, fusilado el 15 de octubre de 1940, pide 'la dignificación de la figura de Companys', es decir, la nulidad de los dos juicios que lo condenaron a muerte. Juristas e historiadores relacionados con el Memorial Democrático, impulsado por el tripartito, en la misma línea que el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, mostraron su decepción por la decisión adoptada por los fiscales de no apelar la condena ante el Supremo al alegar que la sentencia sólo la puede declarar nula un tribunal. La mayoría confesó, sin embargo, que no les sorprendía la resolución de los fiscales porque viene precedida de un problema político mal resuelto. Pero algo sí les dejó atónitos: que la mayoría de la clase política, salvo Esquerra, haya aplaudido el informe de la fiscalía. El tripartito pidió con solemnidad en octubre instar al ministerio público a presentar el recurso, ahora desestimado. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, José Montilla, calificó esa decisión en positivo -'un hecho sin precedentes'- y el consejero de Interior, Joan Saura, de Iniciativa, de 'gran día para Cataluña'. ERC seguirá batallando. Joan Ridao, secretario general, lo comunicó el jueves a Montilla y Miquel Caminal, presidente de Memorial, la institución que planeó en otoño iniciar una campaña internacional en favor de la nulidad. La Comisión de la Dignidad debate las medidas que tomar. Su presidente, el jurista Josep Cruanyes, también asesor del Memorial, señaló que se plantean pedir al Supremo una confirmación de la nulidad de la sentencia y de los antecedentes penales de Companys. 'La prueba del algodón será si el Consejo del Poder Judicial incluye en su repertorio de sentencias la anulación del proceso', apuntó incrédulo, tras sentirse 'avergonzado' por las 'barbaridades jurídicas'. Cruanyes lamentó que el tripartito se haya conformado y vio inaceptable que la fiscalía no haya dado el paso quizá por miedo a un precedente: "Todo el mundo, sean tres o 3.000 personas, tiene derecho a la nulidad. Alemania dio miles de indemnizaciones a familiares víctimas de los nazis".
No fue el único que citó el ejemplo alemán. El historiador y catedrático Joan B. Culla, miembro también de la junta de gobierno del Memorial, explicó que una nulidad se puede conseguir de dos formas: a través de una ley, como hizo el Bundestag declarando nulos todos los juicios durante el nazismo o bien a través de un tribunal. "La ley de la Memoria Histórica sólo considera ilegítimos los juicios franquistas. No los anula, por lo que lo tiene que hacer un tribunal. La fiscalía ha hecho un juego de manos para ocultar la realidad", dijo Culla, "atónito" ante la reacción de parte del tripartito. "Si todo estaba ya estipulado en la ley, ¿por qué han perdido tanto tiempo en pedir la revisión y buscar certificados?".
El historiador Borja de Riquer abundó que la Ley de la Memoria debía de haber incorporado la nulidad. "Se perdió una oportunidad al dejarlo para la vía judicial", apuntó De Riquer, que recordó que por eso no prosperó la nulidad del caso de Puig Antich. Josep Fontana, catedrático de Historia Económica, afirmó: "El de Companys no fue un proceso más y es de una gravedad especial. Puedo entender que ahora hay problemas más graves e inminentes pero reparar el crimen merece algo más que una solución formal, como la ley que anulaba el proceso".

El País

El acoso al juez Garzón

"Falange mató al 98% de los exhumados", dice la asociación de víctimas

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 26/03/2010

"Francisco Correa y Falange. El acusado denuncia al investigador. Quien va a sentar a Garzón en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo mató al 98% de las víctimas que hemos exhumado", asegura Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). "Todo esto es muy triste. Hay familiares deprimidos por lo que le están haciendo a Garzón". Otros, recuerda, han muerto esperando.
La asociación acusa de prevaricación a todos los jueces de primera instancia que, al ser alertados del hallazgo de restos humanos con signos de violencia (impactos de bala, huesos rotos...), no han visitado la fosa, "incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y entregará al Consejo General del Poder Judicial un informe con sus nombres.

Daños colaterales

"Desde que se admitió a trámite la querella contra Garzón, presentamos 10 denuncias por hallazgos de restos humanos en distintas localidades. En siete ni nos contestaron. Los jueces territoriales ven lo que le han hecho a Garzón y no quieren líos. Pasará lo mismo con el PP. A ver qué juez se atreve a investigarles después de esto", dice Silva.
Los familiares están deshechos y las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, perplejas. "Es curioso, la indignación es mayor fuera que dentro de España", añade el presidente de la ARMH. La Asociación declaró ayer que el día que Garzón sea juzgado por abrir una causa contra el franquismo, su banquillo estará lleno de gente. "Nos sentaremos con él miles de hombres y mujeres que llevan décadas esperando justicia". Están decididos a seguir luchando. "Llegaremos a Estrasburgo".

El País

viernes, 26 de marzo de 2010

El genocidio fascista español y la historia

Pedro Luis Angosto

Somos muchos todavía los españoles que hemos vivido años, lustros, décadas de homenaje a quienes apoyaron los delitos más graves que se puedan cometer: el delito de lesa patria, el incumplimiento de los juramentos y promesas dadas, el exterminio ideológico, la imposición del terror a generaciones y generaciones de españoles, convertir en presidio a una nación entera, lobotomizar a sus ciudadanos para convertirlos en súbditos…
> UN PREMIO A LA INVESTIGACIÓN DEL GENOCIDIO Y LA REPRESIÓN FRANQUISTA
NUEVATRIBUNA.ES - 25.3.2010

El 14 de abril de 1931, el pueblo español, sin un solo disparo, decidió sustituir la monarquía corrupta y felona de Alfonso XIII por una república democrática regida por la ley de las mayorías parlamentarias, la libertad y la aspiración al progreso y la justicia social. La familia real española abandonó el Palacio de Oriente escoltada y protegida por militantes de la Unión General de Trabajadores mientras, a escasos metros, se constituía, en medio de un fervor popular pocas veces visto, el Gobierno Provisional de la Segunda República Española.

La proclamación de la República no fue un hecho casual. Desde finales del siglo XIX, regeneracionistas, institucionistas y noventayochistas venían reclamando un cambio de régimen, de modos políticos, que sacara al país de la decadencia, del infortunio, de la opresión en que vivía desde el siglo XVII. La pérdida de Cuba y Filipinas no fue un desastre nacional, sino el revulsivo para hacer salir del anonimato a la España vital, una España que se oponía con todas sus fuerzas al derrotismo, a vivir de pretendidas glorias pasadas, de las lanzas herrumbrosas, a perpetuar el privilegio: “Cerrad con siete cadenas el sepulcro del Cid –diría Costa- y arrojar las llaves al mar”. Pero no fue solo Costa quien pedía el fin del régimen de la oligarquía, el caciquismo y el militarismo, un militarismo de analfabetos tan crueles como egoístas, en la misma trinchera estaban Pérez Galdós, Altamira, Unamuno, Ganivet, Picabea, Maragall, Corominas, Pompeu i Fabra, Domingo, Iglesias, Hurtado, Calderón, los Giner de los Ríos, Posada, Ortega, De Buen, Clarín, “el extravagante ciudadano” –Primo de Rivera dixit- Valle Inclán, Simarro, Pittaluga, Machado, Vicenti, Castrovido y un sin fin de personalidades del mundo de la ciencia, las letras, las artes y la cultura española, a las que se añadiría la amplísima y joven generación del Veintisiete en pleno y la mayoría de un pueblo ahíto de justicia, instrucción pública y libertad, un pueblo sometido, escarnecido hasta lo indecible, humillado e iletrado por voluntad regia que pagaba con su sudor y su sangre las veleidades del régimen para defender sus propios intereses y los de la oligarquía dominante.

En medio de una crisis sin precedentes –nada tiene que ver, por grave que sea, la actual con aquella: Entonces reinaba el hambre-, la República española comenzó su obra, una obra que consistía en dar educación al pueblo y mejorar sus condiciones de vida, hecho este que, necesariamente, habría de chocar con los intereses seculares de la minoría que siempre había mandado en el país. Dos años y medio duró aquella aventura. Los militares africanistas, acostumbrados a matar y a enriquecerse en África sin que nadie controlase sus acciones, siempre en nombre de Dios y del Rey y de acuerdo con la plutocracia financiera, industrial y terrateniente, envueltos en el hedor del vino rancio, del pachulí, del incienso y los perfumes baratos de las casas de lenocinio, del papel moneda bañado en la sangre coagulada de indígenas de uno y otro lado del mar, comenzaron a conspirar desde el mismo día de vida del nuevo régimen, mostrando su indisciplina, altanería, hipocresía y deshonor en cuantas ocasiones pudieron: España era suya y no iba a serlo nunca de los españoles. No podemos negar las convulsiones, por otra parte menores a las de países de nuestro entorno como Francia o Alemania, que rodearon a la República debido a la crisis económica, a las ansias del pueblo por ver hechas realidad inmediata reformas que, indudablemente, necesitaban un tiempo y, sobre todo, a la refracción delictiva de los hombres del antiguo régimen. En cualquier caso, el 17 de julio de 1936, España gozaba de un régimen constitucional y tenía un gobierno legítimo que combatía por igual a los golpistas que a quienes, sin querer, colaboraban con ellos provocando desórdenes que por su mala organización no llevaban a ningún lado: Una democracia parlamentaria que basaba su poder en la fuerza de los votos, en la soberanía popular.

Durante todo el siglo XIX, los militares se habían acostumbrado a inmiscuirse en la política con las armas en la mano. Normalmente del lado liberal. Tres guerras carlistas perdieron los más reaccionarios y ganaron los llamados liberales ofreciendo de inmediato el perdón y la reposición en sus puestos a los “compañeros” derrotados. Luego vinieron las guerras coloniales, la pérdida de Cuba y Filipinas, la inmersión militar y mercantil en el “Avispero de Marruecos”, que diría Alfredo Vicenti, dando lugar a la aparición de una casta militar antigua, retrograda, endogámica, inmoral y sanguinaria que no estaba dispuesta bajo concepto alguno a aceptar la fuerza de la razón. Esa casta, financiada por la oligarquía y con el apoyo de las potencias nazi-fascistas, decidió iniciar la cuarta guerra carlista el 17 de julio de 1936, arremetiendo con mercenarios africanos contra la democracia española, provocando el periodo más triste, cruel y tiránico de nuestra historia: Los tres años de guerra y los cuarenta de posguerra. Muerto el líder de los africanistas, se inició en España un proceso transitivo que algunos llamaron modélico cuando sólo fue posibilista, proceso que consistía en edificar sobre el olvido de la felonía y del genocidio, una democracia amnésica. Bien, quizá en aquel tiempo –no olvidemos que estábamos inmersos de nuevo en una gravísima crisis económica-, no se pudo hacer de otra manera, pero el tiempo ha pasado, ya somos mayorcitos y tenemos derecho a saber la verdad, a dar a conocer la verdad, a reparar las injusticias y cerrar de una vez por todas las heridas abiertas por los salvajes que asaltaron al Estado democrático republicano con las armas que éste les había dado, incendiando España y llenándola de sangre, terror y odio.

Cualquiera que haya visitado un cementerio español, una iglesia española, ha podido ver las placas en las que figuran los “caídos por Dios y por España”, las tumbas de quienes fueron asesinados por turbas descontroladas totalmente ajenas y contrarias a un poder republicano que se había quedado sin su principal instrumento para imponer el orden: Los funcionarios armados sin honor que se sublevaron. Pero no sólo eso, somos muchos todavía los españoles que hemos vivido años, lustros, décadas de homenaje a quienes apoyaron los delitos más graves que se puedan cometer: el delito de lesa patria, el incumplimiento de los juramentos y promesas dadas, el exterminio ideológico, la imposición del terror a generaciones y generaciones de españoles, convertir en presidio a una nación entera, lobotomizar a sus ciudadanos para convertirlos en súbditos… Y todavía, cuando setenta años después, un juez decide abrir un proceso para liquidar ese periodo de ignominia, muchos tertulianos, muchos comentaristas políticos, muchos juristas se dedican a hablar del sexo de los ángeles, que si es jurídico, que si no tiene bases legales, que si también los republicanos cometieron gravísimos delitos, en fin, cosas de ignorantes complacientes que en su maledicencia comparan a quienes defendieron la democracia con quienes provocaron todas las carnicerías.

La Segunda República española no cometió ningún delito por ser República. Cualquier infracción legal cometida contra sus leyes democráticas, habría sido depurada en su seno más bien temprano que tarde, como ocurrió- recurramos al tópico- en Casas Viejas. Al rebelarse los africanistas, hicieron volar por los aires todos los mecanismos de la República para mantener el orden, apareciendo grupos de personas llenas de rencor que se tomaron la justicia por su mano; los sucesivos gobiernos republicanos se dejaron la piel y la vida para cortar la venganza, sometiendo a los tribunales, en cuanto les fue posible, a los criminales. Por su parte, Mola, Yagüe, Queipo y Franco, por citar a los más conocidos, establecieron un plan de exterminio –existen cientos de testimonios de ellos mismos en ese sentido- que requería la eliminación física del disidente. En palabras de Franco, que reproducía otras dichas por Mola y Queipo en el mismo sentido, la guerra no podía ser corta porque el país estaba infectado por una enfermedad terrible y precisaba una curación lenta y dolorosa que pasaba por eliminar del suelo patrio cualquier individuo u organización contagiada: El exterminio ideológico, y el terror que de él se deriva, fue el sistema metódicamente aplicado por los africanistas para “sanar” a un enfermo contaminado de ideas disolutas y extrañas como el liberalismo, el republicanismo, el parlamentarismo o el socialismo.

Y yo me pregunto, al margen de la decisión de Garzón que puede costarle, ante nuestro estupor, la expulsión de la carrera judicial, ¿puede vivir un país en paz sobre la sangre de miles de desaparecidos? ¿Puede una democracia llamarse de tal modo cuando tergiversa, tapa, oculta y hace escarnio de su propia historia? ¿No ha llegado el momento de que sepamos toda la verdad de la represión fascista, de que todo el mundo quede enterado de que el régimen franquista nació de la traición y el crimen organizado, de que el fascismo español ha sido uno de los regímenes más criminales de la historia de Europa, de que vivimos cuarenta años de ignominia que la democracia todavía no ha saldado? Creo que sí, es de justicia y la justicia nada tiene que ver con la venganza, sino con la verdad: Hace unos días han acabado los trabajos en una de las fosas de Málaga. Los estudios preliminares decían que allí yacían 2000 republicanos, la sorpresa ha sido mayúscula: 4700 fusilados y torturados de los que no se ha podido identificar ni siquiera a la mitad, cosas de la cal viva. Es la mayor fosa de sangre excavada en Europa. Quedan cientos, entre otras las de Valencia, dónde se calcula que hay más de veinte mil exterminados. No se puede vivir con el armario lleno de cadáveres, sin restituirles su honor, sin decir a viva voz y condenar a sus verdugos. Esa es la misión de la Historia, esa la obligación de la ciudadanía.

Pedro L. Angosto 

Nueva Tribuna 

Un Premio a la investigación del genocidio y la represión franquista

Nuevatribuna.es ha querido hacerse eco de una interesante iniciativa lanzada por el historiador Pedro Luis Angosto para premiar a aquellos investigadores dedicados a esclarecer uno de los capítulos más negros de la España del Siglo XX y a los que hoy en día se sigue condenando al ostracismo.
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 17.03.2010

Historiador y periodista, autor de varios libros sobre la República, el exilio y la Dictadura, Pedro Luis Angosto Vélez se ha lanzado con una iniciativa altruista e inédita hasta el momento: la edición de un Premio anual dirigido a todos aquellos investigadores de la represión franquista. Nuevatribuna.es ha querido recoger esta propuesta, aún incipiente, para mantenerla viva en un intento por sacar a la luz el conocimiento de unos hechos que han permanecido ocultos durante mucho tiempo pero que sin duda son determinantes a la hora de que las generaciones futuras conozcan una ‘memoria histórica’ tantas veces maquillada y censurada sin tapujos.

Como Angosto, otros muchos historiadores sufren el ostracismo al que las editoriales y los grandes medios llevan tiempo sometiéndoles. Mirta Núñez, Ángeles Egido, Francisco Sevillano, Abdón Mateos, Alicia Alted, Matilde Eiroa, Ángel Viñas o Francisco Espinosa, son algunos de los nombres de un grueso de investigadores que han escrito sobre uno de los capítulos más negros de la España del Siglo XX, la mayoría de las veces sin ayudas y sin que nadie les reconozca su trabajo.

En el trasfondo de esto late la idea de un oscurantismo institucionalizado que prima a escritores herederos de la rémora franquista: César Vidal, Pío Moa, Federico Jiménez Losantos… Las librerías están llenas de sus libros, los grandes medios de comunicación y las distribuidoras privilegian las obras de autores de la pseudohistoria franquista: “¿Es posible imaginar que entremos en una librería alemana y que las apologías del nazismo ocupen los lugares más privilegiados?”, se pregunta Angosto.

Este Doctor en Historia que lleva veinte años dedicado a investigar sobre el Siglo XX español afirma no tener ni al más mínimo afán de lucro. La idea es que con los beneficios obtenidos por la venta de uno de sus libros, La República en México, con plomo en las alas y una vez cumplidos los pagos fiscales estipulados por Hacienda, destinar esos ingresos para el Premio anual que podría rondar los 6.000 euros. Angosto renuncia de por vida a los derechos de autor y confía en que, en un futuro, otros historiadores puedan colaborar a la creación de este galardón y dar continuidad a “un premio de prestigio para quienes trabajan por y para recuperar nuestra memoria robada”, asegura.

El libro raíz del que parte esta iniciativa –cuyo primer capítulo ponemos a disposición de nuestros lectores- fue escrito por Angosto tras una exhaustiva investigación de archivos públicos y privados de México que explica cómo los sublevados en la Guerra Civil española, los golpistas que acabaron con la República, contaron con el respaldo no sólo de Hitler y Mussolini, sino también de las autoridades del Reino Unido y Estados Unidos, siendo México, con el entonces presidente Lázaro Cárdenas, “el único país que ayudó generosamente a la República”.

Según Angosto, “México se enfrentó a todos en su empeño" de defender la República Española y cuando llegó la derrota "se convirtió en segunda patria de muchos ciudadanos que la habían perdido para siempre". De ahí que el historiador considere que su libro, además de un reproche a las grandes democracias de la época, es un homenaje a México, país al que, consideró, España debe "gratitud eterna".

El nombre del premio esta abierto a cuantas sugerencias se recojan en Nuevatribuna.es así como a los apoyos de quienes como Angosto consideren que ha llegado la hora de desempolvar una página de la historia española oculta y silenciada y que no por ello ha dejado de glosarse por aquellos investigadores que trabajan entre bambalinas si saber si algún día podrán ver la luz sus obras, esas ‘otras obras’ que servirán para desmontar muchos mitos intencionadamente creados por aquellos que aún rinden pleitesía a la ignominia. 
 

sábado, 20 de marzo de 2010

Catalunya tiene desde hoy la primera sede de un Memorial Democrático en España

20/03/2010 | Actualizada a las 14:13h | Política

Barcelona. (EFE).- Catalunya ha abierto hoy en Barcelona la primera sede en España de un Memorial Democrático, que recuerda el sufrimiento y el dolor de la Guerra Civil y sus consecuencias pero también pondrá su mirada en un futuro positivo de construcción de la democracia.

La sede del Espacio Memorial Democrático, inaugurada hoy por el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, cuenta en su primera planta con un espacio expositivo de 800 metros cuadrados, a los que se sumarán en los próximos meses la primera planta hasta completar un espacio útil de cerca de 2.500 metros.

Además del espacio de acogida e información y de la sala de exposiciones temporales, el Memorial Democrático cuenta también con un taller didáctico, un centro de documentación y un auditorio.

El presidente de la Generalitat ha subrayado que "es un deber ético y cívico hacer presente la memoria" y ha añadido: "nos hace falta una historia que recoja el testimonio de los vencidos, una historia que se haga eco de todas las voces, también de las llamadas clases subalternas". Montilla ha dicho en respuesta a aquellos que rechazan este tipo de centros de la memoria que "reconciliación no debe ser confundida con el olvido".

El nuevo Espacio Memorial Democrático servirá de aglutinador y punto de información de la red de espacios de la memoria existentes en Catalunya, como la prisión de Sort (Lleida), las líneas defensivas en el frente del Segre o el campo de la Bota en Barcelona, donde se ejecutaron a muchas personas durante la represión franquista.

También se informará sobre otros espacios de memoria histórica existentes en Europa relacionados con los españoles que se exiliaron, o los republicanos que combatieron con el Ejército francés, muchos de los cuales cayeron prisioneros de los alemanes y fueron a parar a campos de concentración, como Mauthausen. Con la inauguración del Espacio Memorial Democrático, ha dicho Saura, "se hace realidad la demanda que la asociación de ex presos políticos de Catalunya hizo en el Liceo en 2002".

Para el conseller de Interior, poner en marcha el Memorial Democrático es "un acto de justicia política; un deber de la administración, recogido por el Estatut; un acto que fortalece la democracia; y que además permitirá que no se olvide el pasado y no perdamos nuestra identidad". Saura ha recordado que a pesar del trabajo hecho, queda todavía pendiente conseguir la nulidad del juicio y condena del que fuera presidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, "algo que esperemos que se resuelva en las próximas semanas".

El conseller y dirigente de ICV ha tenido también palabras de rechazo contra "la injusticia de los ataques al juez Baltasar Garcón", con la esperanza de que al final no sea encausado. A juicio del director del nuevo espacio cultural, Miquel Caminal, "el siglo XX nos ha dejado una lección: las dictaduras son siempre el mal mayor, nunca el mal menor; y por eso este Memorial Democrático es un homenaje a todos los patriotas de la libertad".

Uno de los elementos expositivos más espectaculares del Memorial Democrático es una pantalla interactiva gigante que reproduce el mapa universal de la memoria, y en la que el visitante puede obtener información de los diferentes sistemas concentracionarios, en la Alemania nazi, en la España de Franco o en el Chile de Pinochet.

http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20100320/53897826389/catalunya-tiene-desde-hoy-la-primera-sede-de-un-memorial-democratico-en-espana.html

viernes, 19 de marzo de 2010

Centro Memoria Histórica y Biblioteca Las Conchas en programas iberoamérica

18-03-2010 / 15:00 h

Así se recoge hoy en una orden que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que se convocan las ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica, correspondientes al año 2010, destinadas a la formación de profesionales iberoamericanos en el sector cultural.

De este modo, para Salamanca, el Ministerio de Cultura oferta plazas en dos centros, la Biblioteca Pública del Estado, con sede en la Casa de las Conchas, y el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH).

La primera de ellas podrá acoger, con una ayuda de 1.960 euros, alguna de las cuatro plazas vinculadas a la gestión de bibliotecas públicas consistentes en un plan formativo orientado a conocer la organización y servicios durante cuatro semanas, entre los días 4 y 29 de octubre del presente año.

Aparte de la Biblioteca Pública del Estado en Salamanca se ofertan para este programa tres centros más con sede en Barcelona, Murcia y Andalucía.

Por su parte, al CDMH se destinan dos plazas, dotada cada una de ellas con 1.960 euros, para el desarrollo del programa sobre tratamiento archivístico de la documentación relativa a la guerra civil española, el franquismo, el exilio español y la transición al régimen democrático conservada en este centro.

A esta convocatoria publicada en el BOE, que concederá ayudas por un importe total máximo de 450.000 euros en sus diferentes programas, podrán concurrir las personas físicas con nacionalidad de los países participantes en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. EFE 1010347

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=315073

martes, 16 de marzo de 2010

Condenan a siete años de cárcel a los homicidas de tres presos políticos chilenos en 1973


Por Agencia EFE – Santiago de Chile, 16 mar (EFE).- La Corte Suprema de Chile condenó hoy a siete años de prisión, en un fallo definitivo, a tres antiguos represores que en octubre de 1973 asesinaron en la austral región chilena de Magallanes a tres prisioneros políticos, informaron fuentes judiciales.
Los condenados, que según el fallo no tendrán beneficios carcelarios hasta cumplir la condena, son Miguel Pablo Muñoz Uribe, Juan Antonio Ortiz Toledo y José Aguirre Aguirre, precisaron las fuentes.
Los tres fueron procesados y condenados por los homicidios de Ramón González Ortega, Germán Cárcamo Carrasco y Carlos Baigorri Hernández, ocurridos la noche del 29 de octubre de 1973, en la localidad de Porvenir, a 2.600 kilómetros al sur de Santiago, en la región de Magallanes.
Según los antecedentes reunidos en el proceso, los tres fueron asesinados esa noche y al día siguiente las autoridades militares publicaron que habían sido ultimados durante un intento de fuga, a 20 kilómetros de la ciudad.
Carlos Baigorri tenía 31 años, era profesor y dirigente regional del Partido Comunista, Germán Cárcamo tenía 24 años, era empleado y militante del Partido Socialista, y Ramón González, de 37 años, no tenía militancia y era funcionario del Servicio de Impuestos Internos.
El fallo fue pronunciado por cuatro votos a uno por la II Sala Penal del máximo tribunal chileno, con el voto disidente del juez Nibaldo Segura, que estuvo por absolver a los procesados sobre la base de la prescripción del delito.
Según la legislación internacional, acogida en la legislación chilena, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
En la parte civil del juicio el tribunal determinó que el Fisco chileno debe pagar una indemnización de 50 millones de pesos (unos 96.000 dólares) a la familia de cada una de las víctimas.

lunes, 15 de marzo de 2010

La Ley de Amnistía no ampara al franquismo

AIME SARTORIUS 15/03/2010
Durante la época de la dictadura, la amnistía fue una de las principales reivindicaciones de las fuerzas democráticas de la oposición, encontrándose a la misma altura que la exigencia de un Gobierno provisional, la reinstauración de las libertades y los estatutos de autonomía.
La necesidad de reconocer a los cientos de miles de ciudadanos que habían sufrido todo tipo de represión por sus actividades políticas de oposición al franquismo constituyó una imperiosa necesidad de justicia, a la que siempre se opuso la voluntad implacable del dictador. Por eso, cuando se aprobó la solicitud de amnistía al Gobierno en el Congreso Nacional de la Abogacía, celebrado en León en 1970, la conmoción social y política fue enorme, provocando una serie de pronunciamientos a su favor de otros colegios profesionales e instituciones de todo tipo, que el Gobierno sólo pudo contener en parte declarando un mini estado de excepción.
Al llegar la democracia y tras las elecciones del 15 de junio de 1977, la necesidad de promulgar una amnistía se convirtió en insoslayable. Sin su aprobación la credibilidad de la naciente democracia se resentía, por lo que los partidos políticos decidieron crear al efecto una Comisión Parlamentaria a la que se encargó la redacción de un Proyecto de Ley por la que quedaran amnistiadas todas las personas que habían sufrido cualquier tipo de represión por oponerse al levantamiento armado contra la República y a la dictadura en defensa de las libertades públicas.
Se trataba de amnistiar a los reprimidos por el franquismo, no a los franquistas, que ya se habían autoamnistiado, de forma que fueron los partidos de izquierda y los nacionalistas con representación parlamentaria los que tomaron la iniciativa de redactar la ley, sin que los herederos de la dictadura ni siquiera aceptaran participar en la Comisión Parlamentaria, ni votaran posteriormente a favor de una ley que no les afectaba.
No se entiende por ello las continuas referencias a la Ley de Amnistía como amparadora de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la brutal represión practicada por la dictadura tras su conclusión continuada mientras Franco vivió, cuando era una ley que no contemplaba tales supuestos.
Una mera lectura de su articulado permite comprobar que las medidas de gracia que aprueba se refieren únicamente a los actos de intencionalidad política y a los delitos y faltas tipificados en las leyes franquistas que pudieran haber cometido sus opositores. En ningún momento se mencionan los delitos que hubieran podido cometerse por la dictadura, por la sencilla razón de que no eran considerados como tales por las leyes entonces vigentes.En caso de duda, toda disposición legal habrá de tener en cuenta la voluntad del legislador, y nada mejor para entender ésta que examinar lo que fueron las discusiones en la Comisión Parlamentaria redactora de la ley, sobre todo cuando el proyecto fue aprobado en su totalidad, sin modificación alguna, por el pleno del Congreso de los Diputados.
Los debates en la Comisión se redujeron a un tira y afloja de los partidos democráticos para que la amnistía fuera total y a un intento de los representantes de la UCD para limitarla en algunos temas conflictivos. De tal forma que para evitar falsas interpretaciones se fuerza en su artículo 2º a una casuística, que de otra forma hubiera sido innecesaria, en la que no cupiera duda alguna sobre los supuestos comprendidos en la ley: como los delitos de rebelión y sedición, de los que fueron acusados los defensores de la República y otros muchos posteriores juzgados ante tribunales militares, hasta llegar a los integrantes de la Unión Militar Democrática (UMD), en los años setenta; o los de objeción de conciencia o guarda de secreto profesional y los de prensa y similares.
La única preocupación de los representantes de UCD fue que los referidos militares de la UMD no pudieran reingresar en el Ejército y que también estuvieran comprendidos en la amnistía los delitos cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público en su actuación represora de las libertades, al encontrarse varias causas abiertas en su contra por homicidios, torturas y otras arbitrariedades en distintos juzgados y tribunales. Pero nada más.
En la Comisión Parlamentaria, y por mor de ser el más joven de sus componentes, me nombraron secretario de la misma, encargado de la redacción de las actas que recogieran lo tratado en las reuniones celebradas, y aunque tras la tercera reunión desistí de ello, pues nunca fueron firmadas por sus componentes, sí conservo las primeras -sin validez legal- y numerosas notas de las discusiones. Ni una sola de ellas hace mención a que la amnistía suponía el borrón y cuenta nueva de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los vencedores de la Guerra Civil.
Nadie planteó que la amnistía se ampliara a los delitos cometidos bajo el paraguas y en defensa de la dictadura. En primer lugar, porque Alianza Popular, su legítima heredera, no quiso intervenir en la Comisión Parlamentaria, a pesar de ser reiteradamente invitada a asistir, declinando la defensa de cualquier derecho en la misma. En segundo lugar, porque los franquistas vencedores en la Guerra Civil y en la posguerra no creían que fuera necesario que les amnistiaran por las tropelías que habían cometido, que no sólo no se persiguieron sino que se avalaron con total impunidad, estimando que estaban suficientemente protegidos por las leyes de la dictadura.
Por eso cuando leo o escucho en los distintos medios de comunicación el argumento de que la Ley de Amnistía impide la investigación de los hechos ocurridos durante la guerra y la posguerra y la búsqueda de los restos de las personas represaliadas que fueron ejecutadas, estimo que se trata de una interpretación arbitraria y sin fundamento.
Que se busquen otras excusas y otras disposiciones legales en las que se puedan proteger de forma vergonzosa, pero que no se amparen en la Ley de Amnistía de 1977, que no se dictó para ellos.

El País - Tribuna

domingo, 14 de marzo de 2010

Reportaje - Barracones para nazis y judíos

Miranda de Ebro fue el último campo de concentración en clausurarse En la II Guerra Mundial albergó a 15.000 extranjeros, entre ellos a dos futuros Nobel

TEREIXA CONSTENLA - Madrid - 14/03/2010

Julián Moreno tuvo la osadía de tener hambre y comer. En el basurero del campo de concentración de Miranda de Ebro descubrió un manjar: cáscaras de naranja. A los militares no les gustó. "Le ponían una moneda en la frente y contra la pared, teniendo que sostenerse en una sola pierna. Cada vez que se le caía tenía que recogerla y en ese instante los soldados le propinaban una paliza. Cada vez aguantaba menos, cada vez las palizas eran más frecuentes, así durante horas", contó el testigo Julián del Olmo, también prisionero. El otro Julián, el que tuvo la osadía de comer cáscaras, murió maltratado en Miranda de Ebro, el último campo que cerró sus puertas en España (1937-1947). Lo cuenta el periodista Isaías Lafuente en Esclavos por la patria (Temas de Hoy), una obra que destapó lo silenciado: los trabajos forzosos de presos políticos de los que se beneficiaron instituciones públicas y empresas privadas durante el franquismo.

La documentación custodiada durante décadas en el Tribunal de Cuentas, hurtada a los investigadores hasta 2008, ayudará a esclarecer más aspectos de lo ocurrido en los 132 campos de concentración que se registran en ese fondo. Hubo alguno más: hasta 190, según el historiador Javier Rodrigo. Tal vez cuando se cruce la información del Tribunal de Cuentas, disponible desde esta semana en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, con la existente en los archivos militares de Ávila y Guadalajara se pueda trazar el mapa definitivo de los campos franquistas, a los que la historiografía ha comenzado a dedicar atención en los últimos años.

José Ángel Fernández López no es historiador, pero ha vivido 20 años obsesionado con el campo de Miranda de Ebro. En ese tiempo, ha rastreado las identidades de sus prisioneros, ha recopilado fotografías tomadas por extranjeros y ha narrado la evolución del recinto en un libro: Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro (1937-1947). "Se construyó inicialmente con el material de un circo abandonado, cerca de la vía del tren y del río Bayas", explica. El tren facilitaba el trasiego de prisioneros en vagones de ganado y mercancías. El río impidió infecciones mayores. "No había letrinas al principio. Los presos construyeron un andamiaje hasta el centro del río para usarlo como letrina", describe.

En su diseño, Miranda de Ebro se asemejó a los campos alemanes, con sus barracones y alambradas para cercar cuatro hectáreas. En su finalidad, por fortuna, no. En los campos franquistas se recluía, se clasificaba y se reeducaba. A estos criterios se ajustó al principio Miranda de Ebro. Tiempos duros. Los de las cáscaras de naranja, el hambre, el frío, el tifus, la disentería, las palizas. Son los días en los que fallece Julián Moreno, cuando el campo acoge a derrotados que se clasifican -afectos, desafectos o indiferentes al nuevo régimen- antes de decidir si engrosarán los batallones de trabajo, quedarán en libertad o se someterán a un consejo de guerra.

Las altas y bajas mensuales de cada campo remitidas al Tribunal de Cuentas muestran un cambio en Miranda de Ebro durante la II Guerra Mundial. Sólo en agosto de 1943, el listado detalla la identidad de 3.265 extranjeros: alemanes, italianos, polacos, franceses, apátridas (la etiqueta aplicada a los judíos por el régimen español). Se desataron tales conflictos entre ellos que se delimitaron dos áreas. "Había una alambrada entre las zonas para evitar enfrentamientos, pero el trato que recibieron los alemanes era distinto, tenían incluso permiso para pasear por el pueblo", explica José Ángel Fernández.

Por el campo pasaron 80.000 prisioneros, en los que se incluyen 15.000 extranjeros, la mayoría de nacionalidad francesa. Entre ellos, José Ángel Fernández descubrió la presencia de Jacques Monod y François Jacob, que merecieron el Premio Nobel de Medicina en 1965 por sus trabajos en biología molecular, según la información que le facilitaron ex combatientes franceses de la II Guerra Mundial. También hubo "celebridades" del otro bando en Miranda de Ebro, como Walter Kutschmann, un criminal de guerra que tuvo varias vidas. En su vida de jefe nazi ordenó ejecutar a 1.500 judíos en Polonia. Cuando Kutschmann olfateó la derrota, aprovechó su traslado a Francia, desertó y cruzó los Pirineos. Y comenzó otra vida en el campo de concentración de Miranda de Ebro, que abandonó bajo la identidad de un carmelita. Llegó a Argentina en 1947 donde vivió como jefe de compras de la casa Osram sin llamar la atención hasta que el cazanazis Simon Wiesenthal le identificó en 1975.

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Barracones/nazis/judios/elpepucul/20100314elpepicul_4/Tes

Fotografía: Prisioneros en campo de concentración de Miranda de Ebro


Fotogaleria: Campos de esclavos

miércoles, 10 de marzo de 2010

Un Millón de Voces por la Democracia!

España: Asedio a la Justicia

Acabo de firmar una importante petición en defensa de la independencia de nuestro poder judicial y de la democracia en España. Te invito a que leas el mensaje original a continuación, y a firmar la petición siguiendo el enlace siguiente:
 Un Millón de Voces por la Democracia

¡Muchas gracias!

martes, 2 de marzo de 2010

Los testimonios de las víctimas de las dictaduras, 'vacuna' para el futuro Una tesis de la UGR propone crear una nueva pedagogía de la Memoria Histórica

Belén Rico / Granada | Actualizado 02.03.2010 - 01:00

La marca de las dictaduras de Chile y España tienen muchos rasgos en común y por eso la lectura académica de cualquiera de los dos rastros ominosos puede aportar ventajas al otro lado del charco. Precisamente porque los pasos de los dos regímenes que las sucedieron son paralelos hay puntos de convergencia, como la figura del juez Baltasar Garzón, que logró el apresamiento de Pinochet en Londres y ahora se ve imputado por su intento de investigar los crímenes del franquismo. Otro punto de convergencia es la tesis que esta semana leyó la investigadora Gabriela Rubio, porque su análisis de la memoria histórica chilena puede extrapolarse a la española.

Dada la temática, y a propuesta del Departamento de Didáctica -al que pertenece el director de la investigación, el catedrático Juan Bautista Martínez- el acto académico se celebró el pasado viernes en el Museo de la Memoria de Andalucía.

"El objetivo de la tesis de la profesora Rubio es elaborar una pedagogía de la memoria como elemento indispensable de la educación y en especial como pieza clave para una adecuada formación ciudadana", resumía el catedrático de Filosofía José Antonio Pérez Tapias, miembro del tribunal evaluador de la tesis, que obtuvo la calificación Sobresaliente cum laude por unanimidad.

Para la profesora chilena, es necesario incorporar la memoria del sufrimiento de las víctimas a través del sistema educativo. Como explicaba Rubio tras la defensa de su proyecto de investigación, "en el acto de recordar desde el testimonio, ese ciudadano se vincula con el pasado y con aquellos que fueron dañados". "Como ciudadanos vivimos en el presente y creemos que siempre ha sido así", añade la historiadora y pedagoga chilena, para quien esos testimonios ayudarán a los adolescentes a comprender el pasado y a evitar situaciones similares en el futuro.

Pérez Tapias destaca que "Rubio hace una crítica rigurosa de las estrategias que se han usado en diferentes momentos para escamotear u ocultar ese 'pasado reciente' como la naturalización y relativización de la violencia o la justificación de la dictadura apelando al contexto o a la decadencia de la República previa en el caso de Chile".

El catedrático valoró de forma muy especial la crítica que realiza la profesora de la ideología neoliberal "que todo lo sacrifica a los intereses del mercado, que nada quiere saber de víctimas y derechos humanos, y que promueve un presentismo amnésico".

"Al recuperar y documentar el pasado se cuestiona el poder en el presente y se crea una ciudadanía responsable. Una memoria crítica sirve para recordar y sensibilizar", resumen la historiadora chilena.

Granada Hoy