lunes, 31 de mayo de 2010

Un portal con 750.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

El Gobierno crea la gran base de datos de la memoria histórica a partir de documentos de archivos de Cultura

TEREIXA CONSTENLA - Madrid - 31/05/2010

Visita el portal de la memoria histórica con los documentos del Ministerio de Cultura

Una víctima con nombre y apellidos es una tragedia. Tres millones de víctimas sin nombre son una fría estadística. Lo dijo Stalin, "mejor no saber en qué estaba pensando", y lo recordó ayer Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, para subrayar el valor de una base de datos donde hay ya 750.000 víctimas con nombre y apellidos. 750.000 tragedias.
Aprovechando la riqueza documental custodiada en los archivos públicos estatales, el Ministerio de Cultura ha creado un portal digital sobre víctimas de la Guerra Civil y represaliados del franquismo, que arranca con estos 750.000 nombres y rozará los cuatro millones cuando se vuelquen todas las referencias disponibles. "La individualización de las víctimas ha sido posible gracias a la minuciosidad con la que el franquismo construyó su régimen", señaló la subsecretaria de Cultura, Mercedes del Palacio, en alusión al gran caudal burocrático que generó la represión franquista entre 1936 y 1977.
Sólo el Archivo General de la Administración, de Alcalá de Henares, cuenta con referencias de 800.000 personas que sufrieron alguna represalia. Por su parte, el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca, almacena 3,5 millones de fichas, lo que podría dejar corta la previsión de alcanzar los cuatro millones en el portal. Una de esas fichas de Salamanca corresponde a Nicolás Sánchez Albornoz, presente en el acto e "impresionado" con los 750.000 nombres incluidos de partida en el portal.
La iniciativa se distingue de otras bases de datos de memoria histórica por su soporte documental. Cada historia tiene detrás un expediente, una sentencia o un papel que acredita lo ocurrido. Y nace a impulso del Ejecutivo, como recordó Mercedes del Palacio: "Hoy el Gobierno de España se suma a otros gobiernos de países que sufrieron dictaduras con un memorial que pretende honrar a aquellos que sufrieron la conculcación de sus derechos por sus ideas religiosas, políticas e ideológicas".
El portal, sin embargo, nace con una carencia reseñada ayer por varios historiadores: el material procedente de los archivos militares, competencia del Ministerio de Defensa, donde se almacenan las sentencias de los consejos de guerra contra los derrotados. "Todo vendrá. Lo importante es iniciar el movimiento para echar en falta lo que falte", aseguró Rogelio Blanco.

El País

miércoles, 26 de mayo de 2010

La suspención del Juez Baltazar Garzón constituye un retroceso en la lucha contra la inmpunidad de crímenes internacionales

Ginebra - París, 19 de mayo de 2010. El 14 de mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decido suspender a D. Baltasar Garzón Real, Juez de la Audiencia Nacional, después de que el Magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa en su contra por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo, el Sr. Luciano Varela, decretara la apertura del juicio oral el 12 de mayo de 2010.
En un nuevo capítulo de la persecución penal contra el Juez Baltasar Garzón, el CGPJ acordó, por unanimidad de los vocales presentes, suspender provisionalmente al Juez de sus funciones el pasado 14 de mayo de 2010. Esta decisión en contra del único juez que se ha atrevido a intentar satisfacer y tutelar las demandas de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen franquista lanza un mensaje inequívoco a las víctimas del régimen, particularmente a las más de 100.000 víctimas de desaparición forzada que, condenadas al olvido, enfrentan aún más obstáculos en su batalla por la memoria y su búsqueda de justicia, verdad y reparación.

Este nuevo episodio del proceso contra el Juez Garzón es un recordatorio del incumplimiento por parte del Estado español de sus obligaciones internacionales, y en concreto de la recomendación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el 31 de octubre de 2008 instó al Estado español a derogar la Ley de Amnistía de 1977, al considerar que impide investigar crímenes internacionales y que, por tanto, es una ley de impunidad. Esta suspensión pone de manifiesto -después de que el Estado español haya utilizado el espacio del Examen Periódico Universal para presentar sus grandes avances en derechos humanos- que España tiene una importante asignatura pendiente en esta materia: sacar del olvido los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Francisco Franco.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación internacional de ligas de Derechos Humanos (FIDH), que realizó a finales de marzo de 2010 - en cooperación con la Asociación Pro Derechos Humanos de España- una misión internacional de solidaridad en apoyo al Juez Garzón, subrayó que a los jueces no se les puede perseguir por interpretar la ley de una manera distinta a la lectura que pueden tener otros jueces y constató que ésta y las otras dos querellas abiertas contra el Juez, carecen de precedentes en España, lo que indica que se desarrolla una abierta persecución en su contra, que va más allá de los intereses de la justicia. En el escrito de conclusiones provisionales de 17 de mayo, la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha posicionado claramente a favor del Juez Baltasar Garzón pidiendo su libre absolución, al considerar que declararse competente para investigar los crímenes del franquismo no constituye delito de prevaricación, ni delito alguno.

A la espera de la resolución de los diferentes recursos pendientes, el Observatorio lamenta profundamente el desarrollo de la ofensiva jurídica contra el Juez Garzón e insta a que la democracia española salde su deuda histórica y cumpla con sus obligaciones internacionales en derechos humanos.


Para más informaciones ponerse en contacto con:

· OMCT: Eric Sottas: + 41 22 809 49 39

FIDH - Federación Internacional de Derechos Humanos

martes, 25 de mayo de 2010

CONVOCATORIA



El día 31 de Mayo de 2010, en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia, UCM, 1ª planta, a las 19 horas

Presentación del libro

TRAS LAS BARRICADAS. La Revolución de 1909: la Semana Gloriosa.
de
Antonio Cruz González.


La Mesa estará formada por:


Mirta Nuñez Díaz-Balart
Profesora de Historia de la Facultad de CC de la Información. UCM

Jaime Pastor Verdú
Profesor de CC Políticas de la UNED

y el autor del libro:

Antonio Cruz González
Licenciado en CC Económicas.

lunes, 24 de mayo de 2010

“Se produce una competencia entre distintas memorias”

ANDREAS HUYSSEN, CRITICO CULTURAL Y LITERARIO ALEMAN
Lun 24.05.2010 BUE
En su flamante libro Modernismo después de la posmodernidad, el ensayista destaca el retorno de la modernidad en los debates vigentes sobre la globalización. Dice que es un significante clave para aquel que intente comprender “de dónde venimos y adónde vamos”.
› Por Silvina Friera
¡Ah, las viejas preguntas, las viejas respuestas, nada hay como ellas! Andreas Huyssen recuerda esta frase de uno de los personajes de Beckett en la introducción de Modernismo después de la posmodernidad (Gedisa). Este gesto preliminar, con un atisbo de provocación, certifica la partida de defunción del posmodernismo en el discurso crítico y anticipa el retorno de la modernidad en los debates vigentes sobre la globalización. Pero la cita beckettiana, por lo menos agitadora, se complementa o refuerza con el “espíritu” que atraviesa los ensayos de su nuevo libro. “Bienvenidos de nuevo a una idea –proclama el autor–, frase que nunca se debió echar al cubo de la basura de la historia, como sucede en tantos discursos académicos actuales.” El crítico cultural y literario alemán intenta demostrar que la modernidad y el modernismo, con todas sus complejidades históricas y geográficas, siguen siendo unos significantes clave para quienquiera que pretenda comprender “de dónde venimos y adónde vamos”. Y lo hace a través de un puñado de artículos sobre la nostalgia de las ruinas, las obras de Guillermo Kuitca y Doris Salcedo, las zonas grises del recuerdo en el escritor alemán W. G. Sebald, la política de la memoria tal como se manifiesta en los objetos culturales y la relación entre historia y memoria –”sistema nervioso central” en su obra–, entre otros temas.
Visitante reincidente, Huyssen está una vez más en Argentina para presentar su libro y reflexionar sobre derechos humanos y políticas de la memoria. En uno de los ensayos, Usos y abusos del olvido, plantea que en la cultura contemporánea, afirmada como está con la memoria y los traumas sobre el genocidio y el terrorismo de Estado, el olvido tiene “mala” prensa. Pero el crítico alemán está lejos de postular el olvido lisa y llanamente, por si algún distraído intenta llevar agua para el molino de sus diatribas. “Una sociedad sin memoria es un anatema”, destaca en las primeras líneas de este ensayo en el que, aplicando la tentativa de Paul Ricoeur de definir los diversos modos de olvido, analiza la memoria del terrorismo de Estado en la Argentina y la memoria de los bombardeos a las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. El español de Huyssen se activa automáticamente cuando pronuncia palabras medulares como desaparecidos, terrorismo de Estado, familiares y madres, entre otras. De tanto en tanto, anota en unas hojas sueltas “la tarea para el hogar”, ítems de alguna de las preguntas de Página/12, como el rol de la justicia y su relación con la memoria y el olvido, cuestiones sobre las que está investigando y escribiendo.
Para despejar alguna que otra esporádica nube en el cielo de dudas, el argumento de Huyssen es que “la memoria política en sí no puede funcionar sin el olvido”. Argentina le sirve de ejemplo para ilustrar este complejo mecanismo. “Desde el fin de la dictadura militar, la lucha intensa por los derechos humanos demostró ser eficiente y eficaz. Pero en el largo plazo se sacrificó la precisión histórica sobre los hechos. En una primera etapa, la de los años ’80 y también parte de los ’90, algunas dimensiones políticas de la guerrilla urbana en los ’70 no fueron directamente olvidadas, pero sí evadidas para crear un discurso que criminalizara el terrorismo de Estado, y que a su vez permitiera bloquear la violencia de la guerrilla montonera, que desde luego no es comparable con la violencia ejercida desde el Estado”, aclara el crítico alemán. “No se hablaba de la violencia de la guerrilla en el plano narrativo para poder establecer la figura del desaparecido como víctima inocente del terrorismo de Estado. El olvido de la dimensión política de los desaparecidos, necesario para derrotar el argumento de la defensa de los militares, omitía del relato las filiaciones políticas individuales.”
En la Alemania posterior a la II Guerra Mundial también hubo una construcción de silencio alrededor de los bombardeos en las ciudades alemanas para que el Holocausto fuera una responsabilidad alemana. “Se construyó ese silencio para que emergiera la responsabilidad alemana –explica Huyssen–. En los años ’50 hubo una comparación entre los bombardeos de los aliados y el Holocausto. Los bombardeos a las ciudades alemanas eran señalados como una suerte de ‘terror aliado’, pero este discurso era mucho más fuerte en Alemania oriental que en occidental, que entraba en la OTAN y tenía lazos más estables con los antiguos aliados.”
–¿Por qué cree que fue un escritor, Sebald, el que recuperó la cuestión de los bombardeos que había sido omitida dentro de la construcción de la memoria histórica alemana?
–Lo que importa, más allá de que haya sido Sebald, es que en los años ’90 el Holocausto fue reconocido en todas sus dimensiones por la Alemania unificada, por el gobierno y la clase política. El símbolo de ese reconocimiento fue justamente el Memorial de Berlín, a través del cual el Estado asumía su plena responsabilidad. Ese reconocimiento permitió que pudiera aparecer la cuestión del sufrimiento de los propios alemanes durante la II Guerra, sufrimiento que fue articulado a partir de un reconocimiento más amplio. El discurso de la memoria en la Argentina se articuló alrededor de los familiares de las víctimas; en Alemania también hay algo interesante en este sentido. La generación actual de los abuelos, los padres de mi generación, no pudo hablar sobre los bombardeos aéreos con nosotros. Pero sí pudo hacerlo con sus nietos, que volvieron a preguntar. Mi generación no preguntaba, no quería escuchar nada sobre ese tema. No se hablaba en los años ‘50 del uso político de los bombardeos por parte de los sectores conservadores. Se había producido una suerte de competencia entre distintas memorias: una memoria conservadora, que se enfocaba directamente sobre los bombardeos, y la memoria del Holocausto.
–Uwe Timm en “Tras la sombra de mi hermano” plantea que en Hamburgo se hablaba de los bombardeos, pero que después de la guerra esos relatos, contados una y otra vez, rebajaban el horror original y lo transformaban en un espectáculo “entretenido”. ¿El silencio sobre los bombardeos se produjo también por una “normalización” del horror?
–Yo crecí en los años ’50 en Dusseldorf y jugaba en las ruinas de los edificios. Recuerdo muy bien cómo nuestros padres nos decían que no fuéramos a jugar a esos lugares, que eran peligrosos. Sin embargo, para nosotros tenía un atractivo jugar ahí, aun sabiendo que había bombas que podían estar no detonadas. No tengo recuerdos tempranos en cuanto al discurso político, pero mis padres no hablaban sobre los bombardeos. Hamburgo fue un caso especial; es una pregunta interesante porque la respuesta varía de ciudad en ciudad. Cuando los bombardeos comenzaron, yo tendría dos o tres semanas y mi madre me sacó de Dusseldorf y me llevó al campo. Hay un libro interesante de Jörg Friedrich, Der Brand (que se podría traducir como “El fuego”), un texto fundamental sobre los bombardeos aéreos, a punto tal que el autor terminó hablando en varios programas de televisión. Este libro fue publicado exactamente en el momento en que Estados Unidos invadió Irak; por lo tanto el contexto fue especial. En el discurso de la memoria alemana hubo una yuxtaposición de imágenes televisivas donde los bombardeos en Irak se superponían con los bombardeos a las ciudades alemanas. En las mentes de muchos alemanes la diferencia entre pasado y presente podría ser en cierta medida reducida o anulada por esas imágenes.
–Usted señala que los trabajos de Sebald y Friedrich pueden haber alterado la cultura de la memoria alemana de forma irreversible. ¿Se refiere sólo al lugar que empezaron a ocupar los bombardeos aéreos o va más allá de este tema?
–Simplemente lo que quiero decir es que habíamos llegado a un punto en que la oposición entre la memoria del Holocausto y la memoria de los bombardeos había perdido sentido. Ya no se podía usar más el discurso de los bombardeos sobre las ciudades alemanes como una apología de lo que habían hecho los alemanes. Aunque haya una pequeña minoría que pueda servirse todavía de ese argumento, la opinión pública alemana tiene un intenso nivel de reconocimiento del Holocausto como para que ese tipo de discurso pueda perturbarla.
–En uno de sus ensayos recuerda los tres tipos de olvidos que estableció Paul Ricoeur. ¿Para que haya olvido es necesaria la intervención de la Justicia? No queda claro en esa tipología de qué modo opera, si es que opera, la Justicia.
–No creo que Ricoeur se plantee la pregunta por la justicia de manera fuerte. Voy a responder de una manera indirecta a la pregunta. Hubo una dimensión pública de la memoria en los ’90, incluso en los primeros años del 2000, en que el discurso de la memoria estuvo separado del discurso sobre la justicia y los derechos. Esta escisión es extraña porque en el ámbito académico la memoria está más ligada a los estudios culturales y literarios, mientras que la Justicia está ligada a las ciencias sociales, a la teoría política y al derecho. Tu pregunta es correcta porque en el ensayo no trato directamente la cuestión de la justicia. Con posterioridad a la publicación de este libro, he comenzado a trabajar el vínculo entre memoria y el discurso internacional de los derechos humanos porque creo que el discurso de la memoria y el discurso de los derechos humanos tienen fortalezas y debilidades, y en cierta medida vincularlos puede ser complementario. La separación conceptual entre memoria y justicia es problemática. Pero más allá de esta separación conceptual, más allá del accionar de la Justicia –que nunca puede ser total, nunca se va a poder enjuiciar a todos los responsables–, quienes sufrieron las consecuencias de la violencia estatal no podrán olvidar. La Justicia no habilita directamente el olvido de ese sufrimiento. La memoria del pasado debe mantenerse, aunque la Justicia pueda ser lograda. No se puede pensar que habrá una redención final con el logro de la Justicia. Redención es un término teológico; por lo tanto, en mi caso en particular, creo que el cumplimiento de la Justicia no tiene que ver con una redención posterior de la memoria.
–Si la dupla memoria y justicia es problemática, ¿más problemática es justicia y olvido?
–Sí, efectivamente justicia y olvido tienen una relación problemática. Pero más allá de que la Justicia pueda otorgar una satisfacción o que pueda reconfortar a quienes sufrieron directamente violaciones a los derechos humanos o a los familiares, eso no significa que la Justicia va a absolver a una sociedad. La Justicia argentina no absuelve a la sociedad de su propia responsabilidad durante la dictadura. En general se distingue entre víctimas y victimarios, pero hay que introducir una tercera distinción: la idea del beneficiario. Hay quienes se benefician de las violaciones a los derechos humanos y no son meramente espectadores imparciales, sino beneficiarios directos. En el caso de los países latinoamericanos, como Chile o Argentina, la violación a los derechos humanos benefició a las políticas del Consenso de Wa-shington y las políticas neoliberales.
–La relación entre historia y memoria se ha convertido en una manzana de la discordia. Un ejemplo serían los intensos debates políticos, jurídicos y culturales sobre la Guerra Civil y el régimen franquista en España. ¿Qué podría agregar sobre esta cuestión ahora que fue suspendido el juez Baltasar Garzón?
–No estoy al tanto de la coyuntura política actual de España. Sí puedo decir sobre la Ley de la Memoria Histórica que tengo cierto escepticismo, en el sentido de que dudo de que sea posible legislar sobre la memoria histórica. Admiro lo que ha hecho Garzón porque logró movilizar y hacer viajar el discurso de la memoria histórica y la justicia desde España hacia América latina. Sería interesante preguntarse en qué medida la intervención del juez Garzón en el caso de Pinochet aceleró los debates que surgieron en España sobre el propio pasado franquista. Podríamos hablar de una especie de boomerang en el que ese discurso de la justicia va y viene. Lo interesante del caso español es que hay que tener en cuenta el tiempo que pasó hasta que se pudo volver a debatir sobre los crímenes del franquismo. Las fuerzas militares tras la muerte de Franco seguían siendo muy fuertes. Por lo tanto no hubiera podido ser posible construir un discurso acusatorio de la manera de actuar del franquismo como sí hubo en la Argentina respecto del terrorismo de Estado.
Huyssen acomoda sus pequeñas anotaciones y promete regresar a Buenos Aires con un nuevo libro bajo el brazo. Una frase de Nietzsche, que el alemán recuerda en uno de sus ensayos, queda rebotando en el aire: “Sólo lo que no deja de herir permanece en la memoria”.

Subnotas

miércoles, 19 de mayo de 2010

Contra la Impunidad -Acto en la antigua cárcel de Carabanchel: Domingo 23 mayo

La Justicia argentina acepta la apelación de las víctimas del franquismo

Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones la que finalmente decida si se inicia la causa


La Justicia federal de Argentina aceptó el recurso de apelación planteado por familiares de víctimas del franquismo tras haber sido rechazada la apertura en este país de una causa que investigue los crímenes de la dictadura, informaron los abogados de los demandantes.

La jueza federal María Servini de Cubría notificó a los abogados que representan a los querellantes que les concede el recurso, por lo que será la Cámara Federal de Apelaciones la que finalmente decida si se inicia la causa, explicó el abogado Ricardo Huñis, uno de los redactores de la demanda.

La apelación fue presentada el pasado 12 de mayo, cinco días después de que la magistrada rechazara la denuncia presentada el 14 de abril y ampliada posteriormente con nuevas víctimas, que, arropadas de una decena de organismos humanitarios, se amparan en el principio de "jurisdicción universal" para que se investiguen en Argentina los crímenes de la dictadura de Francisco Franco.

No hay causas abiertas

Servini de Cubría rechazó la apertura de la causa después de considerar vinculante el dictamen del fiscal Federico Delgado, para quien es "ilegal" el inicio de un proceso que en España desarrollan "numerosos tribunales", indicó.

Los abogados de los demandantes sostienen que actualmente no existen causas abiertas en España que investiguen los crímenes del franquismo, por lo que esperan que la Cámara acepte la apelación y habilite a la jueza a solicitar información judicial a las autoridades españolas.

Público.es

Mena avisa de que el ataque a Garzón daña la imagen de la justicia española

Lleida - Redacción/ACN 2010-05-19


El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de JustÍcia de Catalunya (TSJC), José Maria Mena, afirmó que la justicia española puede acabar teniendo en el extranjero, el mismo prestigio que tiene en el interior del país, que “es escasamente creíble”. Mena explicó que la Memoria Histórica es un caso aparte de las causas que tiene el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que es “extraño y sospechoso que las tres querellas coincidan en tiempo y por proximidad de los tres grupos en que las presentan, y que eso hace sospechar a la sociedad que hay una trama para eliminar al juez de todos los temas que lleva judicialmente.

Mena dijo que hay que esperar a ver qué pasa, pero que de momento “pinta fatal”.
Mena afirmó que la fiscalía coincide con su planteamiento, que es absolver al juez Garzón de las tres causas, y espera que el planteamiento del Tribunal Supremo no sea el que parece. Con respecto al posible traslado de Garzón al Tribunal de la Haya, Mena afirmó que las medidas son cautelares y no se pueden limitar las funciones del juez que, de momento, sólo está suspendido de su función jurisdiccional y no del resto de dimensiones del juez.
Por su parte, el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Lleida, Josep Maria Tamarit, afirmó que la Universidad no se ha quedado al margen de la situación del juez Garzón y que después de que se hayan celebrado actos en diferentes universidades del Estado español, desde aquí se ha querido hacer una mesa redonda por debatir sobre el papel de la historia y la justicia sobre la gestión de la memoria histórica, desde la democracia y el proceso sobre el juez Garzón. Tamarit explicó que, a título particular, cree que España no ha resuelto bien los crímenes del franquismo y que no se puede abrir un proceso penal al juez y criminalizar la recuperación de la memoria histórica. También afirmó que le preocupa la mala imagen de la justicia española hacia el exterior por este proceso.
Asimismo, el rector de la UdL, Joan Viñas, también se posicionó en el mismo sentido a título individual y afirmó que la Universidad tiene autonomía. Afirmó que este proceso al juez Garzón, añadido al caso del Estatut de Catalunya y el Tribunal Constitucional, ponen en duda la credibilidad del sistema judicial delante de la sociedad, y que tiene que tener prioridad la ética por encima de la ley.
Estas declaraciones se efectuaron durante la inauguración del acto académico Juzgar los Crímenes del franquismo: la historia, la justicia, la política y las víctimas, celebrado en la facultad de Derecho y Economía del Campus de Cappont de la UdL.


La Mañana

martes, 18 de mayo de 2010

Derecho a la memoria

Conocer la verdad permite fortalecernos como sujetos activos y evitar la dominación derivada del olvido
LEONARD BEARD
LEONARD BEARD
MARÍA JOSÉ Fariñas*

Paul Ricoeur, en su libro La memoria, la historia, el olvido, señala que hay por lo menos tres usos de la memoria. 1) La memoria impedida, que representa la compulsión humana a la repetición de los hechos históricos, sin saber siquiera que los estamos repitiendo y, en el mejor de los casos, sin preocuparse del porqué ni de las consecuencias de dicha repetición. Este tipo de memoria actúa contra nosotros mismos, ya que impide reconocernos en lo que fuimos y en lo que hacemos y haremos. 2) La memoria manipulada, cuando la memoria es instrumentalizada por el poder para construir identidades aparentemente sólidas, con pretensiones de eternidad y de exclusión de la alteridad de otros textos y contextos. La manifestación más radical de la memoria manipulada es el racismo y la xenofobia contra el otro, que se basan en una tergiversación ideológica de la memoria. 3) La memoria obligada, que representa el deber del ser humano de recordar los horrores y las injusticias cometidas contra un colectivo de personas, y de recordárselas a los otros, a los que no tienen memoria de las mismas.
La memoria obligada es el único tipo de memoria que puede actuar contra el olvido. Pero no contra cualquier olvido, ni siquiera contra el olvido en general o contra el derecho a olvidar, muchas veces necesario para saber qué es lo que tenemos que recordar y cuáles son los objetivos de dicha discriminación del recuerdo, sino contra el olvido de las injusticias, contra el olvido que implica engaño o silencio cómplice y que ayuda a establecer posteriores dinámicas de dominación. Este tipo de memoria es imprescindible para una acción transformadora del ser humano en todos sus contextos sociales, políticos, económicos y culturales.

Este derecho a la memoria, a la memoria obligada, tiene como correlato el deber de recordar las injusticias y de reparar a las víctimas de las mismas. Se trata de una decisión consciente de no olvidar, como demanda ética de lucha por la justicia. Tanto el derecho de todos a la memoria como el derecho de las víctimas a obtener reparación son ampliamente reconocidos y consagrados en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la justicia universal de los tribunales internacionales. El derecho a la memoria es el derecho que toda persona tiene a conocer la verdad.
Pero la cuestión no radica solo en preguntarnos qué hechos históricos concretos no recordamos o no conocemos, sino en algo más profundo. Consiste en saber, es decir, en indagar de manera atenta, buscar pacientemente y comprender, para fortalecernos como sujetos activos, evitando todo tipo de dominación derivada de lo que olvidamos o de lo que nos ocultaron. En cuanto a las víctimas, la reparación se viene entendiendo en un sentido amplio, más allá de la tradicional y necesaria compensación económica o de aquellos aspectos simbólicos que procuran una satisfacción plena y equitativa. En este sentido amplio de la reparación se han de incardinar las políticas de memoria histórica, puesto que el conocimiento y el recuerdo de la verdad son pasos necesarios e imprescindibles para una reparación integral de la dignidad de las víctimas. Es una cuestión de hacerles partícipes de la historia, de ocupar espacios negados en su historia personal (la comprensión de uno mismo), pero también en la historia y la identidad colectiva (la comprensión política, económica y social).
En el proceso de recuperación de la memoria que estamos viviendo actualmente en España, no se trata de reabrir viejas heridas, como dicen algunos, y suponiendo que estuvieran cerradas, ni de revanchismo, como dicen otros, sino de afrontar la dimensión bifronte de cualquier acontecimiento histórico y analizar sus causas reales. Únicamente de esta manera se pueden ir construyendo principios éticos generales, más allá de los hechos concretos, que nos permitan discernir entre lo que nos conviene o no hacer en el presente y en el futuro. La continuidad que establecemos con el pasado no ha de ser una continuidad estática, sino tendencial, que nos permita, así, ir avanzando hacia sociedades más justas.

La recuperación política de la memoria histórica permite crear y recrear las condiciones materiales, culturales e ideológicas de la existencia, fortaleciendo el deber de luchar frente a las injusticias y desigualdades del pasado y del presente, y rechazando los dogmatismos de un pasado escindido y determinista en base al cual se pretenda controlar el presente.
La recuperación de la memoria histórica actúa en este caso como un acto de resistencia, capaz de responder a los desafíos del presente. No existe una memoria neutral, como no existe una memoria única, sino maneras diferentes de articular el pasado con el presente. Por eso la memoria no es un acto del pasado, sino que, como señaló el filósofo alemán Walter Benjamin, son los riesgos del presente los que convocan a la memoria, a las diferentes memorias.

*Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

El Periódico.com

sábado, 15 de mayo de 2010

El juez Garzón desahuciado

escrito por Víctor Pey   
sábado, 15 de mayo de 2010
 Consummatum est...la infamia se ha consumado, quedando ahora por ver sus consecuencias. Quizás ocurra que el baldón con el que  así se ha coronado un Varela le colme de oprobio enseguida,  alcanzando otra laya de   fama y nombradía por ser  mencionado por la gente de bien, cuando se le mencione, por tamaña villanía.  
Están, también, entre los dispensadores de esta torcida suerte de justicia, los cómplices y los encubridores,  compartiendo la autoría, careciendo de inocencia  los otros, los que tuvieron voto, o voz, o gesto, y no los usaron prestamente, cuando sabían que debían y podían, guardando en el disimulo de sus pasividades las vergüenzas de sus envidias, de sus indignidades, de sus abyecciones y bajezas.  Están, también, los encantadores de serpientes, bellacos y malandrines, retorciendo con rodeos, ardides y triquiñuelas la rectitud de la justicia. Enfrentándoles a todos ellos, están las víctimas, que aguardan, todavía.
 

viernes, 14 de mayo de 2010

Un juez ante la historia

TRIBUNA: JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN 

 El País 14/05/2010

Algunas veces, la Historia entra en los Tribunales. Los crímenes del nazismo y del fascismo se sentaron en el banquillo de los acusados. La Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado el golpe militar que dio lugar a la guerra civil española y la instauración duradera de un régimen que, según declaran, tuvo el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista.
La victoria de los rebeldes dio paso a doscientos mil Consejos de Guerra sumarísimos, con más de cien mil sentencias de muerte. Los vencedores exterminaron extrajudicialmente a gran número de vencidos. Algunos consiguieron encontrar asilo y muchos otros vivieron un exilio interior, despojados de sus bienes y expulsados de sus cargos. Nunca pudieron reclamar sus derechos ante los tribunales.
Muerto el Dictador, una Ley de Amnistía (1977) ponía fin a la responsabilidad de los vencedores por hechos que toda la comunidad jurídica internacional calificaba como crímenes contra la humanidad. Los que pretendieron la revisión y anulación de los consejos de guerra fracasaron porque, como dijo la Sala Militar del Tribunal Supremo, se ajustaban al "ordenamiento legal vigente en aquella época".
La Ley de Amnistía (1977) y la llamada Ley de la Memoria Histórica (2007), verdadera Ley de Punto Final se esgrime como barrera infranqueable para restaurar los principios de justicia y reparación que propugna el propio legislador.
Los legisladores de la Ley de la Memoria Histórica abandonan la idea de la nulidad de los juicios franquistas, si bien conceden que sus tribunales eran ilegítimos, contrarios a derecho y vulneraban las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. El Comité de Derechos Humanos de Ginebra encargado de velar porque España cumpla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos recuerda la obligación de derogar la Ley de Amnistía y declarar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.
Con estos precedentes, un juez español, Baltasar Garzón, universalmente conocido por el caso Pinochet, estima que existe una base jurídica para realizar la revisión jurídica de una historia criminal. Abre una causa en la que incluye ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada como crímenes contra la humanidad y el secuestro y entrega a los vencedores de treinta mil niños arrebatados a sus madres y familias. A la vista de la reacción del Tribunal Supremo, el Juez Baltasar Garzón podría clamar como el príncipe Segismundo: ¿Qué delito cometí contra vosotros juzgando?

Especial: Garzón, un juez ante la Justicia

REPORTAJE En la Guerra Civil de Cartier-Bresson

Un investigador español halla en Nueva York la película que el fotógrafo filmó sobre la Brigada Lincoln en Quinto de Ebro - El material se creía perdido desde 1938

JESÚS RUIZ MANTILLA - Madrid - 14/05/2010
Los héroes de la Brigada Lincoln no llevaban uniforme. Tampoco iban rapados al cero y muchos, en vez de casco, usaban gorros de lana para rascarse el frío a la orilla del Ebro. Los voluntarios de la Brigada Lincoln eran idealistas y parranderos. Fumaban, reían, cantaban y para ellos carecía de importancia el miedo. Peor era dejar pasar a los fascistas.
Los héroes de la Brigada Lincoln no llevaban uniforme. Tampoco iban rapados al cero y muchos, en vez de casco, usaban gorros de lana para rascarse el frío a la orilla del Ebro. Los voluntarios de la Brigada Lincoln eran idealistas y parranderos. Fumaban, reían, cantaban y para ellos carecía de importancia el miedo. Peor era dejar pasar a los fascistas.
Venían de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña. Muchos fueron parte importante de los 2.800 americanos de las Brigadas Internacionales y participaban en varios batallones. Los que caían en el frente eran sustituidos en la formación por españoles del ejército republicano. Su contribución a la guerra, entre 1937 y 1938, fue filmada por el fotógrafo Henri Cartier-Bresson en un documental que se daba por perdido. Juan Salas, investigador de la Universidad de Nueva York, lo ha encontrado tras una búsqueda de años. Se titula Con la Brigada Lincoln en España y el 27 de mayo verá la luz en la Filmoteca Española.
No fue el único trabajo que Cartier-Bresson hizo sobre la Guerra Civil. En total, filmó tres documentales: Victoria de la vida y España vivirá son los otros dos. Se proyectarán también en la Filmoteca. El cine fue un amante esquivo para aquel rey de la fotografía que fundó, tras la Segunda Guerra Mundial, la agencia Magnum. "Al principio le fascinaba, pero después se decepcionó por la lentitud del proceso", comenta Salas.
Del poder inmediato de una foto a la labor de meses requerida por un documental podía mediar un tiempo precioso para remover conciencias. Cartier-Bresson quiso aprender cine fascinado por Buñuel. "Incluso intentó ser ayudante de dirección suyo". Pero don Luis le rechazó. Algo que no hizo después Jean Renoir, para quien trabajó de asistente en Una salida al campo y La vie est a nous. Aun así, en sus documentales españoles se aprecia la huella de Las Hurdes, por ejemplo. "Buñuel fue una influencia evidente. Ésa y la de otros artistas de la revista Documents o directamente del cine soviético".
Motivado con esa nueva arma de la comunicación, Cartier-Bresson quiso arrimar el hombro. Estudiaba cine documental en Nueva York con Paul Strand, uno de los artistas de izquierdas más activos en al apoyo a la República Española en la ciudad. "Rápidamente le dijo que contactara con Herbert Kline en París y que escribieran un guión".
Lo hicieron juntos y se presentaron al lado de Jacques Lemare en el frente del Ebro. Con sus cámaras Eyemo (70 A) de 35 milímetros. "La idea era filmar el día a día de los voluntarios, mostrar la diversidad de procedencias, los atuendos. Como una fuerte motivación política podía suplir la disciplina de un ejército regular y ser efectivos". La película muestra cómo vivían, qué comían, cómo se bañaban y la distinta suerte que corrían en el frente.
Todo eso y más en 18 minutos. Pero también incluye imágenes de ciudadanos leyendo en la calle. "Ensalzaban los logros de la política educativa de la República". Aunque el grueso se centra en el día normal de un batallón. Con sus glorias y sus miserias. Su indestructible mentalidad y su incierta suerte. Hay escenas de camaradería y sacrificio. Imágenes que captan el jolgorio, el frío pelón, la sopa aguada, el pan gomoso y un aire anárquico en la organización y las arengas con que trataba de insuflar ánimos Robert Merriman, profesor de Económicas de la Universidad de California, que fue comandante de la Lincoln. También hay sangre. La lucha, las bombas y los hospitales de Villa Paz, en Saelices, y Benicàssim. "Se filmó para recaudar fondos que ayudaran a repatriar los heridos a EE UU".
Llegaron tarde, pero se estrenó. "Fue el 21 de mayo de 1938 en el cine Cameo de la calle 42". Después, la película desapareció. Hasta Pierre Assouline, biógrafo de Cartier-Bresson, la dio por destruida en el libro que le dedica a la vida del fotógrafo. Eso no evitó que a Juan Salas le picara la curiosidad.
Descubrió el material en las oficinas que todavía tiene la Brigada en Nueva York. Cotejó con unas fotos que Harry Randall, sargento del batallón, había hecho el día que los tres documentalistas llegaron a Quinto de Ebro y resolvió el enigma. "Las fotos de los cineastas cámara en mano hechas por los voluntarios muestran a estos filmando escenas que aparecen en el documental. Fue lo que me permitió probar que es la película de Cartier-Bresson".
Entre los fotogramas de Con la Brigada Lincoln en España hay otra curiosidad: planos de Robert Capa que Juan Salas ha descubierto por otra parte. La culpa es de un campesino y su horca de madera. Habían encargado a este profesor madrileño de la NYU un artículo sobre algún aspecto de la famosa maleta del fotógrafo. "El campesino de una de las imágenes aparecía en la película". Con el mismo gesto, la misma herramienta, el mismo traje. Las fotos de ese día y las imágenes son las mismas. Como era amigo de Cartier-Bresson le debió ceder su material para la película".
Fue un trabajo de concienciación, de lucha, de compromiso. No se preocupaban de la autoría. Todo valía. "Aunque sí hay una voluntad de estilo, también una narrativa coherente y una estructura clara. Era un arma política". Hay travellings inversos y curiosos primeros planos. Más tratándose de un fotógrafo que resaltaba las tomas medias. En ellas se aprecia vida, sonrisas y barbas cerradas. También muerte y heridas. Luces y sombras de una memoria que no se debe extinguir.

La odisea de un instante

- Con la Brigada Lincoln en España, película perdida de Henri Cartier-Bresson sobre la Brigada Lincoln y hallada en Nueva York, dura 18 minutos.
- Se estrenó el 21 de mayo de 1938 en el cine Cameo,
de la calle 42 de Manhattan. Después, el material desapareció.
- Hasta Pierre Assouline, biógrafo de Cartier-Bresson, daba por hecho en un recuento sobre la vida del fotógrafo que el celuloide estaba perdido para siempre.
- Juan Salas encontró
los rollos en la oficina neoyorquina de la Brigada Lincoln.


El filme rescatado se proyectará el 27 de mayo en la Filmoteca Nacional

 El Pais - Edición impresa

jueves, 13 de mayo de 2010

Garzón y la batalla de la memoria

No soy de un pueblo de bueyes
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.

Miguel Hernández

El 26 de abril la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile envió una carta al embajador de España, Juan Manuel Cabrera Hernández, en la que expresaba al Gobierno, la Audiencia Nacional y la ciudadanía española su irrestricto apoyo a la causa penal por los crímenes del franquismo abierta por el juez Baltasar Garzón. No se trata de una opinión cualquiera. Creada a finales de 1974 bajo la protección de la Iglesia católica y otras confesiones religiosas, la AFDD impulsó con valor las primeras movilizaciones públicas contra la dictadura del general Pinochet y fue la primera organización chilena que se hizo parte de la querella presentada contra los integrantes de la junta militar ante la Audiencia Nacional el 3 de julio de 1996 por la Fundación Presidente Allende de España. Aquella querella fue instruida durante dos años por el magistrado Manuel García Castellón, mientras que Garzón se ocupaba de otra similar contra los jerarcas de la dictadura militar argentina del periodo 1976-1983 interpuesta, entre otros, por la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida. A mediados de octubre de 1998, tras conocer que Augusto Pinochet se hallaba en Londres, García Castellón y Garzón cursaron peticiones a través del Ministerio de Justicia y la Interpol para interrogar al ex dictador, quien se recuperaba en una clínica de una operación. En la noche de un inolvidable 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido… y la historia de Chile experimentó un viraje notable, puesto que la impunidad de los represores de la dictadura empezó a resquebrajarse. A Garzón le cupo un papel destacado en el avance de este país hacia una democracia con memoria histórica desde que el 20 de octubre de aquel año García Castellón se inhibió en su favor y asumió también la investigación de los crímenes de la dictadura chilena. Mientras el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el Fiscal General del Estado de entonces, Eduardo Fungairiño y Ernesto Cardenal, objetaban su actuación y aseguraban que la justicia española no tenía jurisdicción para investigar los crímenes denunciados, el 30 de octubre de 1998 los once magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declararon por unanimidad (en una resolución histórica) que España podía juzgar a Pinochet por genocidio y terrorismo.
Casi doce años después, la dictadura militar ya no es defendida abiertamente por ningún sector relevante de Chile, cerca de 800 represores están procesados en los tribunales y la recuperación de la memoria es bien visible: una estatua del Presidente Salvador Allende saluda a quienes pasean por las proximidades de La Moneda, el recinto deportivo donde fue asesinado el creador de Te recuerdo Amanda se denomina Estadio Víctor Jara, numerosos centros clandestinos de detención y tortura son lugares de memoria, un informe avalado por el Estado reconoció en 2004 las torturas sufridas por más de treinta mil ex prisioneros políticos…
En cambio en nuestro país la ignominiosa impunidad de la dictadura franquista se consolida de la manera más perversa: el juez Garzón ha sido denunciado, tras su intento de investigar los crímenes fascistas, por quienes ayer fusilaban y sepultaban a los republicanos en las cunetas (y ahí yacen todavía hoy, setenta años después, la inmensa mayoría), por quienes jaleaban al tirano en la Plaza de Oriente y el miércoles conocimos la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de abrirle juicio oral. Y si en Francia el presidente Sarkozy ordenó en el otoño de 2007 dar lectura en todos los liceos a la carta enviada por el joven luchador de la Resistencia, Guy Môquet (¡comunista!), a sus padres en vísperas de su fusilamiento por los nazis el 22 de octubre de 1941, aquí el Partido Popular descalifica a quienes reivindican la memoria de quienes dieron su vida por la democracia, la libertad, la justicia social, el progreso y la cultura.
La persecución contra Garzón desatada por los sectores conservadores deja al desnudo las carencias de una democracia construida sobre el olvido, la impunidad y el miedo en el transcurso de una Transición nada modélica. No obstante, la solidaridad con el intento de este magistrado de investigar los crímenes de la dictadura ha suscitado una intensa y ejemplar movilización ciudadana que se une a la creciente demanda social de una evolución democrática hacia la III República.
A lo largo de este mes de abril, mientras arreciaba la ofensiva contra Garzón y se celebraban los masivos actos en apoyo de este magistrado, en todos los rincones de España se han desarrollado actos de reivindicación de la II República y de apuesta unitaria, pacífica, democrática por la construcción de un Estado federal y republicano; no sólo para que podamos elegir en las urnas al Jefe del Estado, sino también para construir una sociedad mucho más avanzada en términos de justicia social.
Como en el caso de Chile, la determinación de Garzón puede contribuir a cambiar positivamente la Historia. Desde allí, las admirables luchadoras de la AFDD nos recuerdan lo evidente: “Sancionar a un juez que opta por una correcta interpretación de la calidad de los crímenes [crímenes contra la humanidad] de la era de Francisco Franco es permitir que la impunidad se cierna sobre los responsables políticos de más de cien mil desapariciones en su Patria, sentando un precedente ético y legal incalificable. Creemos firmemente que la labor de todo Estado democrático es perseguir y sancionar a quienes violaron los derechos humanos…”.
La “batalla de la memoria”, la opción por una sociedad más democrática que destierre la impunidad y el olvido de los crímenes franquistas, continúa.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

lunes, 10 de mayo de 2010

España postgenocidio (I) No son “sentencias”, son crímenes de guerra

Miguel Ángel Rodríguez Arias
Última actualización 07/05/2010@18:11:29 GMT+1
Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo...
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010

Ni “sentencias” con defectos, ni “sentencias” ilegítimas, ni “sentencias” injustas – lo último que se le ocurrió a la Vicepresidenta Fernández de la Vega al hablar recientemente del caso de Miguel Hernández –. Es que no son sentencias: son crímenes de guerra.

Actos criminales contrarios a la Convención de Ginebra y al mismo estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como “crimen de guerra” (imprescriptibles, inamnistiables…):

“Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.

Y sí, ya sé que, como no estamos en un Estado de Derecho de verdad, a nuestras autoridades lo de la convención de Ginebra (nada menos), el Estatuto de Roma y todo lo demás no les importa lo más mínimo mientras no les cueste votos…pero no por ello hay que dejar de denunciarlo claramente y con los instrumentos internacionales en la mano, aunque solo sea por llamar las cosas por su nombre y tal y como las definen los tratados suscritos por España ya que, al parecer, las autoridades españolas no se sienten en la obligación de hacerlo.

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.

Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exáctamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.

Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelias criminales del fascismo español como actos de “derecho”.

El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.

Y no me refiero sólo a las condenas de muerte, también a todas las demás condenas dictadas “sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, como he citado más arriba.

Son actos criminales que no pueden, ni deben, seguir siendo considerados hoy como “derecho”, ni llamados “sentencias” por nadie, por mucho que los criminales así lo pretendieran para encubrirse y tan, tan bien, ay, les haya salido la jugada durante todo este tiempo. El artículo 8 del Estatuto de Roma lo define bien claro.

Y por eso no puede tratarse tampoco únicamente de la nulidad de todas las “sentencias” del franquismo – primera medida a emprender – sino, más ampliamente, del cumplimiento de todos los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia los “sentenciados”

De modo que, tratándose de crímenes de guerra contra excombatientes y población civil protegida, es igualmente obligado impulsar también la apertura de una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento judicial de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a través de la aplicabilidad del legado de Nuremberg que el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos ofrece.

Y sin olvidarse de otorgar a todas estas víctimas, y muy especialmente a todos los asesinados y a sus familias, su pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas; sin saltarse ninguna de las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:

1- La nulidad de todas las “sentencias” y “tribunales” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen fascista de Franco para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de sus familiares.

2- Una petición pública de perdón por parte de las autoridades del Estado por todos los crímenes y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la muerte de Franco, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.

3- La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a todas estas victimas y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con los nombres de los asesinados y represaliados como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4- La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en el material didáctico a todos los niveles.

5- La nulidad de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria.

Todos estos deberes de Estado son los que se está saltando cada representante público que sale hablando de “sentencias”; saltándose todo eso, faltando a la verdad, y al respeto, a los represaliados por el franquismo y a sus familias: llevando a cabo una intolerable injerencia en el derecho al honor de todas esas personas olvidadas y pisoteadas, mucho mayor si cabe al hacerlo desde el ejercicio de sus cargos públicos, con mayor daño para las familias.

Y acaso el error ha sido ese: el ser tan comedidos y no haber emprendido antes acciones legales y una firme campaña de denuncia pública para proteger el derecho al honor de todas esas personas y sus familias contra todo cargo institucional que se atreva a actuar de esa manera.

Si ellos se permiten hablar una y otra vez, públicamente, de “sentencias” y de “tribunales” al referirse a masacres y fusilamientos criminales de los defensores de nuestra República, pasándose por las narices la Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, Nuremberg, las Resoluciones de Naciones Unidas y lo que haga falta, ¿no debemos también todos nosotros llamarles cómplices del franquismo, genocidas de la memoria, e ir tomando buena nota de hemeroteca para que dentro de dos años les sigan insultando si se atreven, pero desde su casa?.

Verdad, justicia y reparación, ya.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.
 

España post genocidio (II): Sin noticias de Príamo - Héroes de la República insepultos en el Ebro

Miguel Ángel Rodríguez Arias
Última actualización 08/05/2010@10:13:46 GMT+1
En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, (...) a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…
> M.A. RODRÍGUEZ ARIAS: España post genocidio (I)
NUEVATRIBUNA.ES - 7.5.2010

Ni tan siquiera tirados en fosas clandestinas, directamente insepultos, a la intemperie. Fémures y cráneos aquí y allá, apareciendo detrás de cualquier arbusto; en no pocas ocasiones ocupando los mismos lugares en los que fueran destrozados por los obuses alemanes e italianos que auxiliaron a Franco.

Así se encuentran todavía numerosos defensores de la República española en las tierras altas del Ebro, tal y como recogía este fin de semana El País, al informar de excursionistas y vecinos que habían ido reuniendo, en más de 600 trozos distintos, los restos mortales dispersos de “unos 63” combatientes republicanos caídos durante la batalla del Ebro de 1938. En la línea de las terribles, imposibles de creer, imágenes emitidas por Telecinco hace ya más de un año, que tampoco pueden ser olvidadas.

Que estemos hablando de personas que se dejaron la vida en una de las batallas más desesperadas y cruentas que se recuerden en España, que lo hicieran en defensa de la Constitución, de nuestras libertades, de nuestro futuro,…que en cualquier otro lugar civilizado serían honrados como héroes…parece que poco importa.

Llevan más de 70 años allí tirados, directamente a la intemperie; incluida la cuenta de los más de veinte años desde que nuestro “Estado de Derecho” ratificase, en abril de 1989, el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, cuyo elemental artículo 8 no podría resultar más claro en relación con los ineludibles deberes legales de Estado de búsqueda y trato decoroso de los restos mortales de los combatientes:

Artículo 8 – Búsqueda. Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles (…) para buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.

Medidas “sin demora” para “dar destino decoroso a sus restos”…no cabe duda, los desaparecidos en combate, son los desaparecidos entre los desaparecidos; y en nuestro país más. Sea en los escenarios bélicos del Ebro o en cualesquiera otros.

Las normas internacionales de referencia de los “desaparecidos en combate” podrán no ser las mismas que ante las desapariciones forzadas, pero el dolor y la interminable espera de sus familiares ante la angustia del ser querido desaparecido del que nunca más se supo – la ausencia del lugar de reposo donde recordarles y honrarles – sí que lo es.

Pero – como ante el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Nuremberg y todo lo demás – el Segundo Protocolo a la Convención de Ginebra, el artículo 8 más arriba citado, tampoco vale en España. La Convención de Ginebra…

Qué terrible vivir en un país tan poco serio en el que se hace necesario argumentar y reclamar a nuestras autoridades por qué “sería mejor” – y más decente – cumplir con los tratados absolutamente fundamentales firmados por España…les dé o les quite votos a nuestros gobernantes…

Qué terrible que hasta la derecha democrática de otras naciones civilizadas como la de la Alemania de Ángela Merkel haya entendido que el cumplimiento de tales tratados internacionales en materia de derechos humanos – la nulidad de las “sentencias” del nazismo y todo lo demás – no es algo meramente optativo, no es ni de izquierdas ni de derechas…mientras que los actuales dirigentes de nuestro partido socialista todavía no lo hayan hecho…

Qué terrible la actuación de los ayudantes de la impunidad, aquellos dentro del PSOE siempre dispuestos a justificar, violación tras violación del derecho internacional – vergüenza tras vergüenza –, el trato inhumano a estas personas cuyos derechos se siguen negando de todas las formas posibles… la actuación de aquellos que ponen todos los paños calientes del mundo en nombre del PP que se avecina, de lealtades de partido mal entendidas, de la “responsabilidad de gobierno”, y no sé que más. Y eso que siempre creí que una de las primeras responsabilidades de gobierno, de cualquier gobierno, era justamente la de garantizar los derechos humanos tal y como vienen recogidos en el derecho internacional: tal y como dice el artículo 10.2 de la Constitución española o su artículo 96…ni más ni menos… cumplir nuestra Constitución debe ser también algo gravemente incompatible con la responsabilidad de gobernar, como lo del Convenio Europeo de Derechos Humanos…cosa de izquierdosos o de quienes quieren parecerlo…

¿Qué es lo que pasa en este país cuando se puede incumplir todo el derecho internacional perpetrando comportamientos verdaderamente infames desde nuestras propias instituciones, y el mero hecho de exigir la normal observancia de las leyes de humanidad – como la de no dejar a miles y miles de personas tirados como perros – resulte ser “guerracivilismo”, “ir de rojo”, o lo que se les ocurra?

¿Qué es lo que pasa cuando, ante el frío hecho de los cientos de cuerpos a la intemperie en el Ebro, el gobernante de turno del PSOE se puede ir públicamente de rositas con cualquier chascarrillo feliz como “sentirse absolutamente cercano a las víctimas”, o directamente mintiendo a la ciudadanía de forma descarada diciendo cosas como que la sentencia de Blas Infante ya no existe en virtud de la “ley de la memoria”?.

Y, con todo, esa imagen de esos cientos de cuerpos insepultos en el Ebro no nos habla ya, únicamente, de un Gobierno que será largamente recordado por sus hazañas en materia de justicia universal – que sí que sobrevivió a Aznar, pero que, paradójicamente, no lo hará a Zapatero… – y una impactante cobardía moral que resulta inevitable criticar, sino que nos habla de algo más de fondo, casi antropológico, aún pendiente en nuestra misma sociedad.

Homero lo recrea en el canto XXIV de su Iliada, el titulado Rescate de Héctor, cuando Príamo, Rey de Troya, acude en la noche a suplicarle a Aquiles la restitución de los restos profanados de su heroico hijo, defensor de la ciudad – valiente y digno en la lucha, salvajemente arrastrado después de vencido a los mismos pies de las murallas –, con el único fin de poder honrarlos y darles digna sepultura. En nuestro caso los restos mortales de nuestros héroes han quedado ahí tirados, sin más, sin medio remordimiento de conciencia de ninguna autoridad estatal; no ya únicamente durante toda la dictadura, sino durante todo lo que llevamos de democracia, Gobierno tras Gobierno, a lo largo de este ininterrumpido reinado de un mismo monarca que nunca ha mostrado un ápice de esa misma humanidad de Príamo para con nuestros propios vencidos en los últimos 35 años…

Esos maltratados restos de nuestros propios héroes representan, al mismo tiempo, algo profundo y pendiente en el seno de nuestra propia sociedad postgenocidio, en la decencia de nuestros gobernantes y respecto de cualquier idea de dignidad democrática que nuestras propias instituciones pretendan encarnar, ¿cómo podrían resultar verdaderamente dignas las unas sin los otros, mientras estos últimos continúan tirados a la intemperie?.

En uno de esos votos particulares que le recuerdan a uno por qué y para qué se estudia derecho – el formulado por el magistrado Cançado Trindade en el conocido caso Bámaca Velásquez contra Guatemala en sede de la Corte Interamericana – se nos recuerda:

“La solidaridad humana se manifiesta en una dimensión no sólo espacial - es decir, en el espacio compartido por todos los pueblos del mundo, - sino también en una dimensión temporal - es decir, entre las generaciones que se suceden en el tiempo, tomando el pasado, presente y futuro en conjunto. Es la noción de solidaridad humana, entendida en esta amplia dimensión, y jamás la de soberanía estatal, que se encuentra en la base de todo el pensamiento contemporáneo sobre los derechos inherentes al ser humano”, “lo que concebimos como la especie humana abarca no sólo los seres vivos (titulares de los derechos humanos), sino también los muertos (con su legado espiritual). El respeto a los muertos se debe efectivamente en las personas de los vivos. La solidaridad humana tiene una dimensión más amplia que la solidaridad puramente social, por cuanto se manifiesta también en los lazos de solidaridad entre los muertos y los vivos (…) En definitiva, los vivos y los muertos encuéntranse mucho más vinculados de lo que uno pueda prima facie suponer, y esta realidad no puede seguir siendo ignorada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en evolución”.

No hay rescate de Héctor entre nosotros, yace aún profanado por la furia de Aquiles más allá de las leyes de los hombres o de los dioses.

Seguimos, en este país, sin noticias de Príamo.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, autor del libro "El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad" y otros trabajos pioneros sobre desapariciones forzadas del franquismo que dieron lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional.

Vídeo de Telecinco sobre "Los restos de la batalla del Ebro":
nuevatribuna.es

miércoles, 5 de mayo de 2010

Una Comisión velará por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en Leganés

Miércoles 05 de Mayo de 2010

La exposición de motivos de la “Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura” o también conocida como “Ley de Memoria Histórica”, establece que el objetivo es contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura.

La Ley, además, sienta las bases de la legitimación de las administraciones públicas para que en el ejercicio de sus competencias lleven a cabo políticas públicas, dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática.

En el desarrollo de esa legitimación, la Federación de Asociaciones de vecinos de Leganés, el Ateneo Republicano, la asociación Ciudadanos por el Cambio y el Ayuntamiento de Leganés han acordado crear una Comisión cuyo objetivo principal será el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en la ciudad.

Entre sus funciones estará la de hacer la correspondiente valoración del cambio de denominación de diferentes calles, edificios y de titularidad de medallas y menciones honoríficas, en los que en la actualidad figuran nombres de personas vinculadas a la dictadura franquista.

periodistas-es.org

El Winnipeg un barco rumbo a Chile

Nos ha llegado esta comunicación:

Me es grato comunicaros que Publicacions de l'Abadia de Montserrat ha publicado en catalan en la colección Llegim la novela Les mateixes estrelles: el Winnipeg, un vaixell rumb a Xile. que ha escrito Nuria Martí Constans y que fue ganadora del Primer premio de novela corta de lectura fácil convocado por CCOO de Catalunya.


Si estáis interesados o sabéis de alguna persona interesada por un tema tan desconocido como la Lectura Fácil, ya lo sabéis.


Este libro, explica el viaje solidario, organizado por Pablo Neruda, que hicieron más de dos mil personas que huían de la Guerra Civil española. El destino fue Chile, el país del poeta, y el medio de transporte, el barco Winnipeg.


Resumen:
Les mateixes estrelles es la historia de una madre y una hija que huyen de la Guerra Civil Española a bordo de un barco, el Winnipeg.

Un barco que el escritor Pablo Neruda hizo salir de un puerto de Francia en 1939 rumbo a Chile. Durante el viaje, se mezclan el miedo y la esperanza. Hay lugar también para el enamoramiento y la alegría. Es una historia de una nueva vida en un nuevo país. Es una historia de amistad, de solidaridad y de amor.


Y si os apetece hacer una degustación podéis leer el primer capítulo.


Los libros de Lectura Fácil son de escritura difícil ya que deben ser elaborados con especial cuidado para ser leídos y entendidos por personas que tienen dificultades lectoras y siguen las directrices internacionales de la IFLA en cuanto al lenguaje, al contenido ya la forma.



¿Por qué son necesarios los materiales LF?


1. Para que un 30% de la población tiene dificultades lectoras

2. Porque el acceso a la lectura es una necesidad social y un derecho recogido en diversos textos legales nacionales e internacionales

3. Porque leer es un placer que permite compartir ideas, pensamientos y experiencias

Atentamente,


Jordi

martes, 4 de mayo de 2010

El acto de homenaje a las víctimas del franquismo en el Cementerio de Valencia reune a más de 1.500 personas

  El Fòrum per la Memòria del País Valencià, queremos agradecer el apoyo de las organizaciones sociales, políticas y culturales de Valencia y de otros lugares del estado que se han sumado a la convocatoria del acto. A todas las personas que a título individual se han adherido a la convocatoria, especialmente a los familiares de represaliados y de represaliadas que han colaborado en la organización. A quienes se han implicado en la difusión y a todas y todos los que expresamente han asistido para apoyarnos ante la prohibición del Ayuntamiento de Valencia. El apoyo y la colaboración de todos y de todas, han hecho posible este acto.

Pero hay una Justicia Universal

Antonio Doñate
Última actualización 04/05/2010@12:15:30 GMT+1
La verdadera legitimación de los jueces está no solo en cómo son nombrados, su estatuto, sino de manera primordial en cómo cumplen diariamente su función garantizadora de los derechos de los ciudadanos. Es ahí, donde el sistema judicial gana o pierde credibilidad, donde gana o pierde la confianza de la ciudadanía.
NUEVATRIBUNA.ES - 4.5.2010

Para analizar el grave descenso de la credibilidad que deben ofrecer los jueces y tribunales, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo, parece oportuno partir de las siguientes afirmaciones cuasi axiomáticas.
  • Primera.- El Poder Político en una sociedad organizada, a semejanza de la materia, ni se crea ni se destruye, SOLO SE TRANSFORMA. Difícilmente se puede hablar de “vacío de poder” : Siempre hay alguien que está dispuesto, sólo o acompañado, a asumir el poder abandonado o arrebatado a otros. El ejemplo lo tenemos en nuestro país con la dictadura franquista.
  • Segunda.-Para que el Poder político no sea tiránico o totalitario debe estar repartido y recíprocamente controlado. Recordemos el caso de Arnaldo, el Molinero de“Sans Souci”, quien ante las pretensiones del Rey Federico II de Prusia que quería ampliar los jardines del Palacio, se negó a vender sus tierras; y ante la afirmación del monarca -prototipo del despotismo ilustrado- “te las puedo tomar sin pagártelas”, el molinero respondió: “Sí, pero hay jueces en Berlín” .
  • Tercera.-El poder sólo tiene sentido si se ejerce en garantía de los derechos de los ciudadanos, hasta tal punto que ya la Declaración francesa de 1789 de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableció en su art. 16: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”. Nos sigue valiendo el ejemplo de los cuarenta años de dictadura fascista.
  • Cuarta.-Ahora bien, sin jueces formal y materialmente independientes, no puede haber Estado de Derecho, no puede haber auténtica democracia.

El Estado debe, por tanto, proporcionar un efectivo estatuto de independencia a los jueces, y estos viene obligados a devolver imparcialidad, ya que los ciudadanos lo que necesitan son jueces IMPARCIALES, equidistantes entre las partes en conflicto.

Pues, bien, partiendo de estas afirmaciones, puede concluirse que la verdadera legitimación de los jueces está no solo en cómo son nombrados, su estatuto, sino de manera primordial en cómo cumplen diariamente su función garantizadora de los derechos de los ciudadanos. Es ahí donde el sistema judicial gana o pierde credibilidad, donde gana o pierde la confianza de la ciudadanía.

Obviamente, también los jueces y tribunales deben ser controlados, y entre otros aspectos, en:
  • si motivan o no adecuadamente sus resoluciones y sentencias,
  • si cumplen con su obligación de adecuar la interpretación de las normas a la realidad social del momento en que deben ser aplicadas y siempre en relación a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político que proclama el artículo primero de nuestra Constitución,
  • y también,si han respetado o no las reglas de juego en los procedimientos en que dictan sus resoluciones y sentencias.

De ahí surge, no solo que pueda y deba exigírseles la correspondiente responsabilidad penal, disciplinaria o civil, sino además que sus resoluciones y sentencias puedan ser sometidas a la critica pública. Es más, la mayor altura en la jerarquía jurisdiccional, supone, no un mayor arbitrio, sino una mayor exigencia del cumplimiento de sus obligaciones, porque socialmente el riesgo de desprestigio, de pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema judicial es mucho mayor. Y aunque todos venimos obligados a acatar, a cumplir, sus resoluciones y sentencias cuando han adquirido firmeza por no haberlas recurrido o porque se han agotado todos los recursos legalmente previstos, este acatamiento nunca supone que no puedan ser objeto de crítica pública, en cuanto estamos ante actos que emanan de uno de los poderes del Estado.

No se entiende, por tanto, que por dirigentes del principal partido de la oposición, se hayan calificado actos, como el celebrado en el paraninfo de la Universidad de Madrid, como “antidemocráticos”, o que el Consejo General del Poder Judicial, en cuanto órgano constitucional al que le corresponde velar por la independencia de los jueces y tribunales, se haya limitado a manifestar públicamente su "preocupación y tristeza" ante "las diversas manifestaciones que de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo" en relación con la causa abierta al juez Baltasar Garzón. Y ello después de las manifestaciones del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, de que el Consejo “imponga el debido respeto al Tribunal Supremo”. Porque o ha habido un ataque a la independencia de los
magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -lo que obligaría a otro tipo de pronunciamientos-, o se está criticando, sin el rigor exigible, el legítimo ejercicio por los ciudadanos de los derechos democráticos de reunión y expresión en el acto convocado por los Sindicatos UGT y CC.OO.

Afortunadamente desapareció del Código penal uno de los delitos más preciados por las autoridades políticas y judiciales durante el franquismo, y buena parte de la transición: el desacato. Y hasta el día de hoy, que se sepa, ningún integrante de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha presentado denuncia por calumnia, injuria, insulto o amenaza contra alguna víctima o familiar de víctimas del franquismo o contra cualquier otro ciudadano que individual o colectivamente ha mostrado su disconformidad con las resoluciones dictadas en dicho proceso contra Baltasar Garzón.

Lo procedente, a mi modo de ver, es encajar dichas críticas analizando lo que de verdad puede haber en ellas, especialmente cuando van siendo cada día más numerosas y más extendidas geográficamente -nacional e internacionalmente- y no rechazarlas, sin más, calificándolas despectivamente de plebiscitarias como se valora en uno de sus autos por el magistrado instructor Luciano Varela.

¿ Se ha preguntado el Consejo General del Poder Judicial por qué se está tardando tanto en resolver las cuestiones de competencia que sobre esta cuestión tiene pendiente la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando previsiblemente ayudaría a resolver el problema? ¿Falta de medios personales o materiales o indebida planificación del “tempus” de sus resoluciones?

En todo caso, esta situación puede ser demostrativa de que el funcionamiento de nuestro sistema institucional democrático deja bastante que desear cuando uno de los Poderes del Estado, el Judicial, no cumple
adecuadamente su función, unido a que otro de los Poderes, el Legislativo, no hizo bien su papel con la insatisfactoria Ley 52/2007, mal llamada de la Memoria Histórica, ni parece estar dispuesto a dejar claro el alcance de la Ley de Amnistía de 1977, convertida en la práctica judicial en Ley de Punto Final, y porque el otro Poder, el Ejecutivo, parece conformarse con la “beneficencia”, pausadamente administrada, de la citada Ley del 2007.

Y como consecuencia de esta pérdida de confianza por un cada vez más amplio sector de la ciudadanía, y debido asimismo a los compromisos internacionales asumidos por España, si las “víctimas” de los delitos gravísimos del fascismo español no obtienen la respuesta de “verdad, justicia y reparación” que legal y constitucionalmente les corresponde, no es de extrañar que se haya producido el grito actualizado del molinero de Sans Souci: “pero hay una Justicia Universal”, que está dando ya sus primeros pasos en Argentina para nuestro bochorno y vergüenza.

Antonio Doñate - Magistrado(j.) y ex-profesor de la Escuela Judicial.

nuevatribuna.es

domingo, 2 de mayo de 2010

65 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE EUROPA (1945-2010)

INVITACION

7 de Mayo: 16:30 horas

HOMENAJE A LOS COMBATIENTES DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES EN ESPAÑA, A LOS VOLUNTARIOS RUSOS Y A LOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES DEFENSORES DE LA LIBERTAD EN EUROPA.

Cementerio de Fuencarral
Av. de Montecarmelo s/n. Metro Línea 10

7 de Mayo: 19:30 horas
CONFERENCIA DE JOSÉ ANTONIO ALONSO
El papel de los republicanos españoles en la Liberación de Francia.
ATENEO DE MADRID
C/ Prado 21

Convocan la Asociación de Descendientes del Exilio Español y la Agrupación ateneísta Don Juan Negrín

José Antonio Alonso,  fue Jefe de la 3a Brigada de la Agrupación de Guerrilleros españoles, en Francia, liberador de la ciudad de Foix. Ha sido condecorado como Oficial de la Legión de Honor con título militar, y con las Medallas de la ciudad de Foix y de Pau.



El 8 de mayo de 2010 se cumple el sesenta y cinco aniversario del final de la II Guerra Mundial y de la liberación de Europa del yugo nazi.
La II Guerra Mundial en Europa había comenzado cuando el fascismo se rebeló contra el régimen democrático en España en julio de 1936 y miles de voluntarios internacionales acudieron a nuestras tierras a defender las ideas de Libertad y Progreso Social.
Millares de españoles, refugiados en países europeos tras la derrota militar de la II República en 1939 perecieron como consecuencia de aquellos trágicos momentos. Muchos de ellos  combatieron al lado de los patriotas de la Libertad europeos y murieron en combate o en los campos de exterminio nazis.
Te invitamos a compartir esta Memoria común europea, en un homenaje solidario, en el ementerio de Fuencarral, en Madrid.






Habrá un autobús gratuito para quienes lo consideren.
Trayecto del autobús: salida 15:45 h de Pº. de la Castellana (lateral) con C/ Goya (Restaurante Hard Rock Café ) – 16:00 h de Plaza de Castilla (depósito de agua del Canal de Isabel II).
Regreso: 18:30 h recorrido inverso, incluida la llegada al Ateneo de Madrid.


José Antonio Alonso



Programa del acto en Fuencarral

1. Bienvenida de Ludivina García Arias. Presidenta de la Asociación.
2. Presentación del acto por Don José Sacristán, actor de reconocido prestigio y amplia trayectoria en cine, teatro y televisión
3. Don Gervasio Puerta. Presidente de la Asociación de Expresos y represaliados políticos. Por confirmar.
4. Palabras en nombre de todas las embajadas presentes.
5. Don Julián García Vargas, ex ministro de Defensa.
6. Don Andrés Ortega Klein, Director del Departamento de Análisis y Estudios. Ministerio de Presidencia.
7. Don Santos Castro Fernández, Director General de Comunicación y de Relaciones Institucionales. Ministerio de Defensa.
8. Don José Antonio Alonso, en memoria de los Resistentes.
9. Don Javier Rojo García. Presidente del Senado de España.
Ofrenda de flores en el monumento a los republicanos españoles
Toque de silencio.
Ofrenda de flores en el monumento a los voluntarios rusos.
Ofrenda de flores frente a las placas de recuerdo a los Brigadistas Internacionales.