lunes, 31 de enero de 2011

Ex CNI fueron cesados de sus funciones en subsecretaría de Defensa

31 de Enero de 2011
A petición de Andrés Allamand y la AFDD

Se trata de Alejandro Romero Peragallo, José Pérez Manríquez y Orlando Carter Cuadra. A ellos se suman, Pedro Fernández Neira y el ex DINA Italo Seccatore Gómez, quienes fueron desligados el 31 de diciembre de 2010. Hecho que se relaciona con un documento que circuló anónimamente al interior del ministerio-divulgado por El Mostrador- que revela que en la cartera se ha despedido al 11 por ciento de los funcionarios a contrata y a su vez resalta la alta incorporación de militares retirados.

El Mostrador

El Ministerio de Defensa informó este lunes que fueron cesados de sus funciones a todos los asesores de la repartición pública que tuvieron relación con organismos de la represión de la dictadura militar.

Hecho que se relaciona con un documento que circuló anónimamente al interior de la cartera -divulgado por El Mostrador- que revela que en la cartera se ha despedido al 11 por ciento de los funcionarios a contrata y a su vez resalta la alta incorporación de militares retirados.

Este lunes, las autoridades respondieron a través de una misiva: “Conforme a la nueva política de personal dispuesta por el Ministro Andrés Allamand, se informa que los señores Alejandro Romero Peragallo (ex CNI), José Pérez Manríquez (ex CNI) y Orlando Carter Cuadra (yerno de Manuel Contreras), han cesado en sus funciones en la Subsecretaria de Defensa a contar del día de hoy (lunes), habiendo sido comunicada esta resolución a ellos el día 17 de enero del presente”.

Y agrega: “Respecto del señor Italo Seccatore Gómez (ex DINA) y Pedro Fernández Neira (ex CNI), se informa que prestaron servicios en la Subsecretaría de Defensa hasta el 31 de diciembre de 2010″.
De esta manera el Gobierno da una respuesta a la petinción formulada por el titular de Defensa, Andrés Allamand, y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

sábado, 29 de enero de 2011

El terror como forma de reorganización social


Entrevista con Daniel Feierstein, director del Centro de Estudios sobre Genocidio de UNTREF e Investigador del CONICET, en Argentina, sobre el terrorismo de Estado en la Argentina 1976-83 y otros crímenes masivos.

DEUTSCHE WELLE: Usted habla del “genocidio como práctica social” para describir asesinatos en masa en el siglo XX. ¿Por qué “social”?
D. Feierstein: El objetivo es sacar el análisis de la adjudicación de la explicación a personalidades individuales y observar las características que vuelven al proceso viable. Si bien las responsabilidades deben tratarse a modo individual, el modo de comprensión del proceso se enriquece notablemente cuando se observan las características de los procesos de aniquilamiento masivo de poblaciones en tanto “tecnologías de poder”, entendiendo que las muertes suelen no ser el objetivo final, sino un medio para, a través del terror, producir modificaciones en el conjunto social.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1982: represión en las calles de Buenos Aires.Buenos Aires, 30 de marzo de 1982: represión en las calles de Buenos Aires.Su principal tema de investigación hasta ahora ha sido un análisis comparativo entre el genocidio nazi en Europa 1933-46 y el terrorismo de Estado en la Argentina 1976-83. ¿Qué similitudes y qué diferencias ha constatado usted entre uno y otro?
La similitud fundamental –que constituye el eje de mi trabajo– se basa precisamente en la utilización del aniquilamiento y el terror como modo de reorganización social, lo cual fue el eje de la experiencia alemana entre 1933 y 1938 y que adquirió escala continental a partir del inicio de la guerra, en tanto fue una constante de la experiencia argentina, que también –vía la Doctrina de Seguridad Nacional– buscó una proyección continental. Otros puntos de similitud refieren a los modos de utilización del terror en los campos de concentración, el papel de las diversas responsabilidades y complicidades y la dificultad para su gestión durante el posgenocidio. Las diferencias fundamentales radican en la magnitud y escala de ambos fenómenos (casi incomparables en dicho plano), en el papel fundamental del racismo en la experiencia alemana (sobre todo a partir de 1938), el cual estuvo prácticamente ausente en el caso argentino, y en la existencia de una gestión industrial de la muerte colectiva (los campos de exterminio), que resulta uno de los elementos singulares del nazismo.
Niños en Auschwitz. Foto tomada por las FF. AA. de la URSS luego de la liberación del campo de concentración, el 27 de enero de 1945.Niños en Auschwitz. Foto tomada por las FF. AA. de la URSS luego de la liberación del campo de concentración, el 27 de enero de 1945.Usted dice que un proceso genocida continúa hasta el “exterminio simbólico en la mente de los sobrevivientes”. ¿Qué significa y qué consecuencias tiene?
Cuando hablo de “sobrevivientes” no me refiero sólo ni fundamentalmente a quien atravesó la experiencia en los campos de concentración, sino al conjunto de una sociedad que sufre el terror genocida. Plantear que el genocidio continúa en el plano de lo simbólico es tratar de comprender cómo las relaciones sociales negadas materialmente por el aniquilamiento son realizadas simbólicamente en la imposibilidad de recomponer esa identidad siquiera en los procesos de representación. La construcción de la “inocencia abstracta” de las víctimas funciona impidiendo recomponer el sentido de las prácticas que desarrollaban, las que en gran medida explican (nunca justifican ni legitiman, pero sí pueden explicar) los motivos esgrimidos para su aniquilamiento. Sin embargo, cuando los discursos hegemónicos sólo capturan la “inocencia” producen una segunda desaparición de las víctimas negándoles su identidad, ya que ahora no sólo no existen materialmente, sino que dejan de existir también en la memoria. La insistencia en figuras como Ana Frank o los chicos de la “noche de los lápices” (se conoce como la noche de los lápices al secuestro el 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata de diez estudiantes de secundaria, en su mayoría menores de edad, luego declarados en su mayor parte “desaparecidos”, n. de la R.), funcionan de ese modo, impiden comprender la riqueza y complejidad de las víctimas de los procesos genocidas, y que dichas víctimas (en términos generales) fueron aniquiladas por lo que hacían, por las características peculiares de sus identidades y no por un capricho irracional de un dictador.
Para usted, el objetivo superior de quienes cometen genocidio es transformar las relaciones sociales en una sociedad. ¿Quién se planteó ese objetivo en la Argentina y qué nuevo tipo de relación social quería establecer?
El objetivo era deseado por distintos sectores de la sociedad, en especial aquellos que se sintieron amenazados por las conquistas económicas, sociales y políticas que se habían logrado durante el gobierno peronista. Lo que se pretendía –y en gran medida se logró– era quebrar la identidad de los sectores trabajadores y su alianza con los sectores medios para facilitar la transformación económica del Estado. Para ello, se requería doblegarlos y disciplinarlos a través del terror y, a su vez, utilizar el escepticismo resultante como aliciente del individualismo y el egoísmo, tendencias hegemónicas que explican en gran parte el aval a las modificaciones socioeconómicas implementadas en el posgenocidio, en especial en la década de los años 90.
¿Cómo son procesados en la sociedad argentina los temas de la memoria, la responsabilidad y la identidad en relación con el terrorismo de Estado? ¿Quién se siente responsable?
El procesamiento ha recorrido momentos muy diversos. El gran logro –pero a la vez el gran desafío– es que la centralidad de la responsabilidad en el actor militar fortaleció la democracia y deslegitimó cualquier nueva incursión militar en la política pero, a la vez, permitió exculpar a numerosos sectores sociales –políticos, empresarios, médicos, psicólogos, sacerdotes– que fueron figuras fundamentales en la posibilidad de implementación del terror, participando desde su gestión, su justificación, legitimación o complicidad. Es uno de los grandes desafíos de la sociedad y la democracia argentinas poder quebrar la cosificación militar de las responsabilidades e iniciar una apertura hacia otros modos de comprensión de las diversas responsabilidades, de orden criminal,  político y moral.


25 de marzo de 1976, en Buenos Aires, un día después del golpe que derrocó a Isabel Perón y el comienzo de uno de los periodos más negros de la historia argentina.
25 de marzo de 1976, en Buenos Aires, un día después del golpe que derrocó a Isabel Perón y el comienzo de uno de los periodos más negros de la historia argentina.¿Se constatan diferencias con respecto al procesamiento del pasado entre los argentinos que se exiliaron durante la dictadura y aquellos que permanecieron en el país?

No existen grandes diferencias en los modos de percepción de los hechos, aunque a los exiliados históricamente les resultó difícil comprender y aceptar el sufrimiento de aquellos que no pudieron o no quisieron salir del país. El exilio interno –dentro del país o incluso dentro de uno mismo– ha sido un sufrimiento que casi no fue analizado en la Argentina y que requiere mucho mayor trabajo para poder observar y elaborar sus consecuencias. La clarificación de las diversas responsabilidades –en especial las no criminales– podría constituir una de las modalidades para gestionar ciertos modos de reparación, excluyendo de la estructura estatal a quienes colaboraron en modos diversos intelectualmente con la dictadura y permitiendo que quienes fueron expulsados o simplemente decidieron abandonar esos espacios –desde un juzgado hasta una cátedra– tengan la oportunidad de ser reparados y reconocidos por su integridad moral, que muchas veces tuvo costos en su desarrollo económico y profesional, costos que siguen persistiendo en el presente.
¿Qué papel pueden desempeñar los nuevos medios de comunicación digitales en la propagación de la información sobre genocidios y su contención? 

Un papel central. Si algo se ha conseguido en la esfera internacional es que la publicidad transnacional de aniquilamientos masivos de población y los llamados al boicot de dichos regímenes sí pueden funcionar como disuasorios de la continuidad de la matanza. El problema es que determinados hechos –aquellos en los que grandes grupos de poder se encuentran interesados, como puede ser el caso de las matanzas en Darfur, Sudán– logran rápidamente una difusión mediática internacional en tanto que otros casos menos interesantes –como Sri Lanka– no logran la misma difusión. La inmensa capacidad de difusión de los medios electrónicos y su llegada a todo el planeta pueden permitir democratizar esta información y hacerla circular buscando construir redes de solidaridad que busquen contener o detener las matanzas. El caso de Sri Lanka lo ilustra con claridad: ausente de los grandes medios gráficos masivos, su presencia y su denuncia sólo pudo subsistir en estos meses gracias a los medios electrónicos, por los cuales circuló muchísima información que ha vuelto necesaria y hasta viable la intervención de organismos humanitarios y el involucramiento de diversos Estados. Por otro lado, los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la construcción de las representaciones acerca de los hechos genocidas: qué historias se cuentan sobre los hechos, cómo se caracteriza a víctimas y victimarios, cómo se piensa el futuro, son cuestiones que debieran ser fundamentales para todo periodista.
Dr. Daniel FeiersteinDr. Daniel FeiersteinEl Dr. Daniel Feierstein se encuentra actualmente en Alemania en el marco del “Scholars in Residence Program” del Goethe-Institut. El programa apoya los contactos entre científicos alemanes y de otros países, posibilitando estadías de investigación en uno y otro país. El investigador argentino coopera con el Dr. Christian Gudehus, del “Center for Interdisciplinary Memory Research” del KWI (Kulturwissenschaftliches  Institut), de Essen, que estudia actualmente formas de violencia colectiva y recuerdo en Alemania y Europa.

Autor: Pablo Kummetz
Editora: Emilia Rojas Sasse

La dictadura del general Pinochet en el banquillo de los acusados en París


Del 8 al 17 de diciembre de 2010 varios ex altos responsables del régimen militar dirigido por el general chileno Augusto Pinochet –trece chilenos y un argentino- serán juzgados por la detención y desaparición forzosa de cuatro franco-chilenos: Georges Klein, Etienne Pesle, Alfonso Chanfreau y Jean-Yves Claudet. Un proceso inédito.
«A pesar de la muerte de Augusto Pinochet, este juicio póstumo no dejará de ser el del dictador chileno, así como del conjunto del sistema de represión establecido [por las dictaduras de Sudamérica] (1). Con estos términos los magistrados William Bourdon, Claude Katz, Benjamin Safati y Sophie Thonon han planteado el proceso ante el Tribunal de lo Criminal de París, la más alta jurisdicción criminal francesa.
«Llevamos esperando desde hace mucho, mucho tiempo, casi toda nuestra vida», declaraba el lunes 6 de diciembre Natalia Chanfreau, quien era un bebé cuando su padre desapareció (2). Previsto inicialmente en mayo de 2008, el proceso fue aplazado por primera vez por el juzgado general. Entonces se interrogó a algunos militantes de los derechos humanos: ¿ Aquel aplazamiento sine die fue el resultado de presiones políticas, como cuando Pinochet todavía estaba vivo? La razón invocada entonces por la justicia fue el deseo de organizar un juicio «irreprochable», teniendo en cuenta «las dificultades encontradas en la expedición de las citaciones de las numerosas personas que residían en el extranjero» (3). Hacer que vengan de varios lugares del mundo los testigos vinculados con las cuatro víctimas –así como los «grandes testigos» internacionales (que permitirían poner el juicio en contexto)- requería una logística complicada (4). Pero la ausencia de jueces dedicados en exclusiva a este asunto y la falta de voluntad política también influyeron.
Así pues el juicio se abre después de doce años de procedimiento. Si se lleva a cabo, probablemente forjará un precedente histórico, hecho posible gracias a la movilización sin descanso de las familias de víctimas y de organizaciones sociales chilenas e internacionales. Los decenios de lucha contra la impunidad, el olvido y para obtener verdad y justicia… desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El 16 de octubre de 1998 el general Augusto Pinochet fue arrestado en Londres por orden de las autoridades judiciales españolas y del juez español Baltasar Garzón. Casi inmediatamente las familias de detenidos-desaparecidos franceses presentaron una denuncia contra los responsables del régimen. Desde julio de 1999, la Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y la Liga Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (LDH), se constituyeron en parte civil. Así como la Corporación Chilena para la Defensa y la Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU-Chile), la Asociación de ex presos políticos chilenos-Francia y la asociación France Amérique Latine (FAL) hicieron lo mismo.
El arresto del dictador abrió un resquicio, a pesar de una inmensa frustración. «El mundo, y Europa en particular, veía en la posibilidad de un juicio contra el viejo dictador –en España y Francia especialmente- el advenimiento de una justicia internacional en materia de violaciones de los derechos humanos. Pero el juicio no tuvo lugar y Pinochet, después de haber visto multiplicarse durante los años 2000 las persecuciones contra antiguos responsables de la represión militar y haber sido él mismo encausado por ciertas investigaciones, murió libre y sin haber sido juzgado el 10 de diciembre de 2006» (5). Poco después la jueza Sophie Clément cerró la instrucción, abriendo «la audiencia» (es decir, «la inscripción») del dossier ante la Corte de lo Criminal de París.
Si este proceso se puede realizar en París es porque la ley penal francesa, a título de la competencia jurisdiccional extraterritorial, es aplicable a los crímenes cometidos por extranjeros contra personas de nacionalidad francesa fuera del territorio nacional (según el artículo 113-7 del código penal y de la «competencia personal pasiva» de las víctimas).
Por otra parte no es la primera vez que la justicia francesa deberá pronunciarse con base en esa competencia en un juicio sobre el terrorismo de Estado en Sudamérica. El verdugo argentino Alfredo Astiz, conocido como «el ángel de la muerte», fue condenado a cadena perpetua en rebeldía en marzo de 1990 por la desaparición forzada de dos religiosas francesas durante la última dictadura (1976-1983).
3.197 víctimas de desapariciones o ejecuciones y 28.461víctimas de torturas: éstas son las cifras oficiales de la represión chilena. Cifras muy por debajo de la realidad. Varios historiadores y asociaciones de defensa de los derechos humanos hablan de 200.000 a 300.000 personas arrestadas y torturadas. Sin embargo este reconocimiento oficial da una medida de la violencia del régimen militar.
Con este proceso es la arquitectura de la máquina infernal del terrorismo de Estado lo que se juzgará: su funcionamiento, sus cadenas de mandos y sus lógicas institucionales. Los distintos itinerarios de las víctimas ponen de manifiesto diferentes aspectos del sistema represivo. También evidencian la resistencia de los militantes de izquierda (6).
Georges Klein, de 27 años, era el médico y asesor del presidente socialista Salvador Allende durante la Unidad Popular (1970-1973). Estaba junto al «compañero presidente» el día del bombardeo de La Moneda, desde ese día está desaparecido. Etienne Pesle, 46 años, ex sacerdote, era militante del Movimiento de los Cristianos por el Socialismo. Ferviente defensor de la reforma agraria, trabajaba como funcionario del Instituto de Desarrollo de la Agricultura. También desapareció en las dos primeras horas de la dictadura cuando se encontraba en Temuco, al sur del país. Alfonso Chanfreau, de 23 años, militaba en el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue arrestado el 30 de julio de 1974 por la Dirección General de Inteligencia (DINA), la policía política bajo el mando de Manuel Contreras. Encarcelado y torturado durante más de un mes, después le transfirieron a la «Colonia Dignidad», una comunidad sectaria fundada por un antiguo nazi, Paul Schaeffer, hoy fallecido (7). Finalmente Jean-Yves Claudet, 34 años, ingeniero, estaba encargado de las relaciones internacionales del MIR. Detenido en dos ocasiones tras el golpe de Estado y después expulsado a Francia volvió a Argentina al año siguiente para organizar la resistencia. Fue secuestrado por la DINA el 1 de noviembre de 1975, en una operación efectuada en el marco del «Plan Cóndor», plan de coordinación y cooperación internacional de las dictaduras del Cono Sur en su «lucha contra la subversión», según el lenguaje consagrado por los militares golpistas.
Este proceso, por otra parte, no podrá pasar por alto la implicación de Estados Unidos en el apoyo a las dictaduras de Sudamérica, empezando por la de Henry Kissinger, ex asesor de la Seguridad Nacional estadounidense, Premio Nobel de la Paz en 1973, que fue citado a comparecer en calidad de testigo durante la instrucción, sin éxito.
«No esperamos un milagro», concede Jacqueline Claudet, la hermana de Jean-Yves Claudet. Pero «éste es un primer paso hacia la justicia» (8). El juicio es esencialmente simbólico. Pero muchas veces los símbolos son poderosos.
Los acusados, con edades de entre 59 y 89 años, no se presentarán. Ni siquiera han solicitado representantes legales, negando cualquier legitimidad al procedimiento. Cinco murieron durante la instrucción (entre ellos Augusto Pinochet, Osvaldo Romo, verdugo célebre por sus confesiones, y el antiguo nazi Paul Schaefer). De los catorce restantes, en la actualidad la mayoría cumple penas de prisión, empezando por el ex general del ejército Manuel Contreras. Otros, convertidos en hombres de negocios, circulan libremente, como por ejemplo el capitán reservista de la fuerza aérea Emilio Sandoval Poo. «Chile será su prisión», afirma Sophie Thonon, «en el momento en que intenten cruzar una frontera serán detenidos» (9).
¿Pero por qué se realiza este juicio en Francia y no en Chile? Durante los años sombríos de la dictadura las familias pidieron a la justicia chilena que investigara esas desapariciones, pero como señala el acta de acusación, aquélla «falló en su misión y mostró una dependencia total con respecto al régimen establecido». Todavía hoy, según la FIDH, «se comprueba que esta justicia choca contra las reminiscencias de la estructura de impunidad creada por Pinochet y los suyos al preparar la transición». Cuando la condena tiene «una levedad de las penas, al aplicar desde hace varios años la regla de la ‘prescripción a la mitad’, es absolutamente desproporcionada con respecto a la gravedad de los crímenes. Teniendo en cuenta en particular la antigüedad de los hechos y el comportamiento actual de los actores de los crímenes perseguidos, esta regla supone en realidad que en muchos casos los condenados salen libres desde que se dicta la sentencia» (10). De momento 171 personas han recibido condenas de encierro por crímenes contra la humanidad, pero sólo 53 de ellas están en la cárcel o en residencia vigilada. Hay varios centenares de juicios en curso de instrucción.
Por otra parte, las diferentes comisiones nacionales de «verdad y reconciliación», de «diálogo» o de «reparación» creadas tras la transición democrática de 1990 no se han enfocado a hacer justicia. Sus atribuciones restringidas, los testimonios anónimos de los militares, el mantenimiento del decreto-ley de amnistía de 1978, los numerosos «enclaves autoritarios» surgidos de la dictadura (entre ellos la constitución de 1980, ¡que todavía rige las instituciones del país!) o el mantenimiento del modelo económico neoliberal, explican esta situación. Veinte años durante los que los gobiernos de la Concertación (coalición de demócratas cristianos y el centro izquierda) nunca han tenido la voluntad de cuestionar la impunidad que gangrena el país e hipoteca el futuro. En nombre de la unidad nacional, las élites se niegan a afrontar ese «pasado demasiado rápidamente pasado» (11). Y se puede estar casi seguro que el presidente actual (Sebastián Piñera), que se enriqueció durante la dictadura y es aliado de la Unión Democrática Independiente (UDI), la formación política surgida del «pinochetismo», seguirá el mismo camino. De ahí la importancia histórica de la iniciativa que está en curso en París.
El cineasta Patricio Guzmán, autor de una delicada y poética «Nostalgia de la luz» (actualmente en pantalla), señalaba en una entrevista a propósito de su película «El caso Pinochet» su voluntad de «que se agarrase bien la información que transmitían las voces de los testigos, esas personas vivas que escaparon de aquel período tenebroso». Y concluía: «En una palabra: hacer que se oigan las voces vivas. Poner la palabra de los testigos contra la dictadura, mostrar la dictadura en la palabra de esos testigos» (8). Éste es un poco el objetivo de ese juicio. 


Texto en francés :
 La dictature du général Pinochet devant la justice à Paris

Traducido para Rebelión por Caty R., Rebelión.
Notas:
(1) Fédération internationale des ligues des droits humains, «Procès de la dictature de Pinochet », 3 de diciembre de 2010, http://fidh.org/Proces-de-la-dictature-de-Pinochet.
(2) Conferencia de prensa «Ouverture du procès à Paris de 14 hauts responsables de la dictature chilienne», Centre de acogida de la prensa extranjera en París, lunes 6 de diciembre (audio en línea en su totalidad: http://www.capefrance.com/audio/2010/12/2056.mp3).
(3) Fédération internationale des ligues des droits humains, «Un nouvel affront de la justice aux victimes de violations des droits de l’Homme au Chili», 7de mayo de 2008, www.fidh.org/Report-du-proces-contre-les-anciens-responsables.
(4) Se escuchó especialmente al abogado chileno y ex relator de las Naciones Unidas Roberto Garretón, Martín Almada, «descubridor» paraguayo de los archivos del Plan Cóndor, el magistrado francés Louis Joinet y al periodista de investigación estadounidense John Dinges.
(5) Asociation d’ex prisonniers politiques chiliens-France; France Amérique Latine, «Dans l’ombre de Pinochet. Procès contre la dictature chilienne», Dossier de prensa, diciembre de 2010. Ver: http://franceameriquelatine.org/index.php?m=9&theme=29 y www.chiliveriteetmemoire.org.
(6) Para más detalles consultar el blog del periodista Jac Forton, dedicado al proceso de la junta chilena en Francia:http://jac.forton.free.fr/blog_fr/index.php.
(7) Frédéric Ploquin y Maria Poblete, La colonie du docteur Schaefer, une secte nazie au pays de Pinochet, Fayard, 2004.
(8) Conferencia de prensa, lunes 6 de diciembre, op. cit.
(9) Ibid.
(10) Fédération internationale des ligues des droits humains, Ibid.
(11) Olivier Compagnon, Franck Gaudichaud, «Chili: un passé trop vite passé», en Pascal Blanchard, Marc Ferro e Isabelle Veyrat-Masson (dir.), Les guerres de mémoires dans le monde, revue Hermès, Paris, 2008.
(12) Entrevista con Anthony Dufraisse, 12 octubre de 2001, www.fluctuat.net/cinema/interview/guzman.htm 


Franck Gaudichaud es profesor de Civilización Hispanoamericana en la Universidad Grenoble 3, especialista en Chile contemporáneo.

Franck Gaudichaud is a frequent contributor to Global Research. 
Global Research Articles by Franck Gaudichaud


martes, 18 de enero de 2011

Una plataforma por la memoria histórica hará una campaña publicitaria de apoyo a Garzón



  • Franconohamuerto.com' se define como un proyecto colectivo y ciudadano.
  • El Ateneo de Madrid acogerá el jueves su presentación con una 'performance' de Leo Bassi para recaudar fondos de apoyo al juez.
  • Aprovecharán las nuevas tecnologías para conseguir una mayor difusión en Internet.
Una nueva plataforma por la memoria histórica busca recaudar fondos para llevar a cabo una campaña publicitaria de apoyo al juez Baltasar Garzón. El proyecto Franconohamuerto.com nace con ese objetivo inicial, pero pretende ir más allá. Sirviéndose de las nuevas tecnologías, este proyecto surge, según este colectivo, para "fomentar la memoria histórica en España y defender la justicia universal en todo el mundo".
El Ateneo de Madrid acogerá, este jueves a las 12.30 horas, la presentación de esta plataforma "para empujar la memoria histórica y la justicia universal". En este acto estará presente el actor y cómico Leo Bassi, que realizará una performance para recaudar fondos de apoyo a Garzón.
El proyecto nace para empujar la memoria histórica y la justicia universal En ella, Bassi hinchará una réplica del Valle de los Caídos, bautizada como Francolandia, para denunciar que 35 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, la dictadura "todavía dicte algunas reglas de la democracia, nombre calles o gobierne el Tribunal Supremo", denuncian desde esta plataforma. Por un precio simbólico, aquel que lo desee podrá saltar en esta peculiar atracción.
En su primer cometido, esta plataforma recaudará fondos a través de Internet (crowd funding) para una campaña de publicidad en los autobuses de Madrid, Barcelona y Londres para apoyar la causa de Garzón. Para Franconohamuerto.com, es sólo "la punta de lanza del proyecto".
Entre otras cosas, la plataforma aprovechará el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales realizando mapas geolocalizados con las huellas del franquismo, canales de vídeo en Youtube y Vímeo con obras creativas, galerías en Flickr con trabajos de diseñadores, perfiles en las principales redes sociales, concursos de cómic, de animación y de videojuegos, entre otras iniciativas.

Un proyecto colectivo

Desde esta plataforma se definen como un "proyecto descentralizado, participativo, colectivo, cívico, que no tiene relación con partidos políticos".
Entre sus objetivos está el de "acabar con la impunidad de los crímenes de las dictaduras del mundo, incluida la española, con ludismo, participación y civismo". Las peticiones concretas de los ciudadanos interesados en contribuir con este proyecto colectivo serán canalizadas a través de la plataforma Actuable.es.
20 minutos.es

miércoles, 12 de enero de 2011

ONU /Chile / Isla de Pascua: declaración del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, ante los desalojos de indígenas rapanuis

GINEBRA (12 de enero de 2011) – “Quisiera dar a conocer a todos los interesados que he mantenido comunicación con el Gobierno de Chile, sosteniendo un intercambio de información sobre la situación del pueblo rapanui en la Isla de Pascua. He expresado mi preocupación sobre las medidas de desalojo realizadas por efectivos de la fuerza pública en respuesta a los actos de reivindicación que han realizado diversos clanes rapanuis en los últimos cinco meses en la Isla de Pascua (Rapa Nui) como consecuencia de los reclamos históricos del pueblo rapanui sobre la isla. Al respecto, el Gobierno me ha informado sobre diversas medidas que ha impulsado para atender los reclamos del pueblo rapanui, incluida la realización de mesas de diálogo.
“A pesar de lo informado por el Gobierno, es evidente que la situación sigue siendo preocupante, tal como señalan los últimos sucesos acaecidos en la Isla de Pascua, en particular lo ocurrido el 29 de diciembre de 2010. Según la información que he recibido, unas 70 personas rapanuis ocupaban pacíficamente la plaza Riro Kainga en el centro de Hanga Roa, como acto de protesta en reivindicación de sus derechos ancestrales territoriales, fueron desalojadas por un centenar de carabineros fuertemente armados, quienes golpearon a una veintena de personas, entre ellas varias mujeres y niños. Este hecho ocurrió luego de no haberse logrado un acuerdo entre el Gobierno y el Parlamento rapanui para poner fin voluntariamente la ocupación de la plaza Riro Kainga.
“Además, según la información recibida, los desalojos forzados podrían continuar ocurriendo, como podría ser en el caso de los miembros del clan Hito Rangi quienes han sido citados por la fiscalía para el próximo 13 de enero de 2011 a una audiencia pública de formalización por el supuesto delito de usurpación.
“He manifestado ante el Gobierno mi preocupación por estos hechos y los enfrentamientos violentos, junto con la amenaza de posibles desalojos futuros. Todos estos hechos que han vuelto a desestabilizar las relaciones entre el Estado y los clanes rapanui no generan un clima propicio para llevar a cabo un proceso de diálogo.
“En tal sentido, en una comunicación enviada al Gobierno el 10 de enero de 2011, les he recomendado que eviten nuevos desalojos y que la presencia policial en la Isla no exceda lo necesario y proporcional para mantener la seguridad de sus habitantes. Al respecto observo con interés la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, del 11 de noviembre de 2010, rol 343, que en su momento descartó una solicitud de desalojo contra el clan Hito, señalando que ‘los isleños se consideran legítimos poseedores de la Isla’ y que ‘no puede desconocerse que ante la magnitud de los temas que se discuten, ellos adquieren un carácter político’.
“Además, he instado al Gobierno a desplegar el máximo esfuerzo para llevar a cabo un diálogo de buena fe con representantes del pueblo rapanui con el fin de resolver, a la brevedad posible los verdaderos problemas de fondo que explican la actual situación. Considero que ello es particularmente acuciante en relación con el reconocimiento y garantía efectiva del derecho de los clanes rapanuis sobre sus tierras ancestrales, basado en su propia tenencia consuetudinaria, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, del cual Chile es parte, y otras normas internacionales relevantes.
“Finalmente, he hecho un llamamiento urgente al Gobierno a tomar las medidas que sean necesarias para evitar amenazas o daños a la seguridad física de los miembros del pueblo rapanui y sancionar a las personas responsables de cualquier uso excesivo o desproporcionado de la fuerza en el curso de los operativos policiales de desalojo.
“Como Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas seguiré observando atentamente la situación de los derechos del pueblos rapanuis, manteniendo el diálogo con el Gobierno y todas las partes interesadas para contribuir a la búsqueda de soluciones de acuerdo a las normas de derechos humanos.”

El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró a James Anaya Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas por un período inicial de tres años. El Sr. Anaya es Profesor de la Cátedra James J. Lenoir de Política y Derecho Humanitario de la Universidad de Arizona (EE.UU.).

Visite la página web del Relator Especial: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/
ACNUDH, página por país – Chile: http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/CLIndex.aspx
Consulte la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/10/PDF/N0651210.pdf?OpenElement
Para más información y solicitudes de prensa, favor contactar a Lydie Ventre (Tel: + 41 22 917 9313 begin_of_the_skype_highlighting              + 41 22 917 9313      end_of_the_skype_highlighting / email: lventre@ohchr.org) o escriba a indigenous@ohchr.org.

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos dela ONU

lunes, 3 de enero de 2011

Memoria Histórica. Piden a la Audiencia Nacional que reabra la investigación sobre los crímenes del franquismo

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

Dos asociaciones para la recuperación de la memoria histórica han solicitado a la Audiencia Nacional que vuelva a hacerse cargo de la investigación sobre los crímenes del franquismo, la causa que ha llevado al juez Baltasar Garzón a las puertas de ser juzgado por el Tribunal Supremo por presunta prevaricación.

La Asociación de la Memoria Histórica y Nuestra Memoria, bajo la representación letrada del abogado Fernando Magán, hacen esta petición a través de un recurso presentado ante el antiguo juzgado de Garzón, que en la actualidad ocupa el juez Pablo Ruz.

La solicitud se produce dos años después de que la Sala de lo Penal declarara que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

El recurso señala como hecho novedoso y determinante para justificar su solicitud que el pasado 23 de diciembre entró en vigor la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, un tratado suscrito y ratificado por España y que, por tanto, forma parte de “nuestro ordenamiento jurídico”.

El artículo 5 de este tratado establece que “la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable”, es decir, que se trata de un delito imprescriptible e inamnistiable.

La asociación señala además que el artículo 20 y 22 del citado convenio obligan a los órganos jurídicos competentes, en este caso y a su entender a la Audiencia Nacional, a practicar diligencias “para la real averiguación de los hechos”.

“BÁRBARA MASACRE”

La Asociación de la Memoria Histórica y Nuestra Memoria hacen estas alegaciones a través de un recurso de reforma contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional –ocupado por el juez Pablo Ruz tras la suspensión cautelar de Baltasar Garzón- de rechazar la competencia para investigar unas desapariciones que tuvieron lugar en los alrededores de Jerez de la Frontera (Cádiz) en julio de 1936.

El magistrado Ruz decidió inhibirse y remitir la denuncia a los juzgados de instrucción de Jerez de la Frontera a través de un auto dictado el pasado 27 de diciembre, fecha en la que, como recuerda los recurrentes, ya estaba en vigor la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas

Los hechos denunciados hacen referencia a una “bárbara masacre de la población civil” incluidos “mujeres y niños” que tuvo presuntamente lugar en los alrededores de Jerez de la Frontera –el escrito identifica un lugar conocido como el cortijo El Marrugo- en julio de 1936, cuando cruzaron el estrecho “las tropas mercenarias”. Estos sucesos dejaron “fosas comunes y un número indeterminado de personas desaparecidas”.

Para la asociación, estos hechos están relacionados con el “plan único, preconcebido y sistemático” implantado por el bando nacional en la guerra civil para “destruir las instituciones del Estado y ocasionar exterminio radical de una parte de la población, como solución final a la democracia entonces vigente”. Las asociaciones han documentado por el momento el caso de 156.232 víctimas de este plan.

CAUSA DEL SUPREMO

Los recurrentes consideran además que los órganos judiciales todavía no han dado una “respuesta expresa” a la pregunta de si los juzgados ordinarios deben hacerse caso de las investigaciones sobre los crímenes y desapariciones que se produjeron en el territorio del que son competentes.

En este sentido, recuerdan que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo todavía no han resuelto los dos conflictos de competencia planteados sobre esta cuestión. El Alto Tribunal tiene por el momento sobre la mesa dos conflictos de competencia –que se han acumulado en una misma causa- relativo uno a unas fosas comunes situadas en El Escorial (Madrid) y otro a la fosa de la provincia de Granada en la que se suponía que estaban los restos del poeta Federico García Lorca.

Siglo XXI