La Fundación Saramago pedirá el Premio Nobel de la Paz para el juez español Baltasar Garzón, suspendido de sus funciones a la espera de juicio por abrir una investigación sobre los desaparecidos del franquismo, informó la viuda del escritor portugués, según El País de este viernes.
La fundación que lleva el nombre del escritor y Nobel de Literatura portugués fallecido recientemente propondrá a Garzón para ese galardón "por estar involucrado en la defensa de los derechos humanos y por no haber bajado la cabeza ante ninguna artimaña, ni ningún poder", declaró Pilar del Río, citada por el diario madrileño.
El magistrado de la Audiencia Nacional también se merece el Nobel "por haber seguido adelante y por haberse puesto en cualquier continente y país de parte de las víctimas", según Del Río.
El juez y la viuda de Saramago, que falleció el 18 de junio a los 87 años, participaron el jueves en la presentación de una biografía sobre el autor portugués en Lanzarote, isla de las Canarias donde vivía el escritor.
"Todo el mundo se alegraba del procesamiento de Pinochet: eso es hacer justicia universal", comentó Del Río sobre la detención del ex dictador chileno en Londres en 1998 gracias a la labor de Garzón, de 54 años, para aplicar la justicia universal, lo que le dio a conocer internacionalmente.
El magistrado, que actualmente trabaja de manera temporal como asesor del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, se mostró por su parte "bastante pesimista" sobre su futuro y dijo que trabajará "como y donde pueda".
"Cuando los tiempos vienen malos, hay que aguantar y apretarse los machos", comentó, y ante el juicio al que será sometido en el Tribunal Supremo español dijo tener "la tranquilidad de no haber cometido ningún hecho delictivo".
Garzón será juzgado por llevar a cabo brevemente en 2008 una investigación sobre los 114.000 desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años de la dictadura franquista (1939-1975), tras ser denunciado por varias organizaciones consideradas de extrema derecha.
Según los querellantes, el juez no tenía competencia para ello e ignoró la ley de Amnistía de 1977 para esos crímenes. El Nacional
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