jueves, 15 de abril de 2010

¿Hacia donde camina la independencia judicial tras el auto de Luciano Varela contra Baltasar Garzón?

¿Se hace realidad que los extremos se tocan?

Antonio Doñate

Última actualización 13/04/2010@17:57:36 GMT+1
¿Averiguar la verdad de la detención ilegal-desaparición (...) es prevaricar o dar cumplimiento estricto de lo dispuesto en la ley? ¿Está induciendo esta resolución a que los jueces de instrucción apliquen el principio de economía procesal por falta de medios personales o materiales, o la ley del “mínimo esfuerzo”?
NUEVATRIBUNA.ES - 9.4.2010

De un lado la Falange, reivindicando con su querella reivindicando el honor de los falangistas que fueron precisamente los que corporativa y personalmente masacraron a miles de españoles, cuyo único delito, en su gran mayoría, era ser funcionarios republicanos, miembros de sindicatos o simplemente cargos públicos en los ayuntamientos surgidos tras las elecciones democráticas de Febrero de 1936, o haber dictado alguna sentencia aplicando la normativa derivada de la legislación agraria republicana no dando la razón a un cura propietario de las tierras, como es el caso del Juez de Instrucción de Calamocha(Teruel) Vicente Martinez Alhambra, fusilado por “rojo” en septiembre de 1936. Falangistas que asumieron entusiásticamente las directrices del dictador Franco y sus generales golpistas. Veamos una pequeña pero enjundiosa muestra:

El historiador Espinosa afirma en su obra “Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco” Editorial Critica, Edición de 2004,( pág.61) que el General Yagüe, el 30 de Junio de 1936, o sea, dos semanas antes del dia clave para el golpe militar, siguiendo las “Instrucciones Reservadas” del General Mola, y sus “Directivas para Marruecos”de 24 de Junio de 1936, concretó esas directivas en:

“ -utilizar las fuerzas moras Regulares, Mehal-las, Harkas y Policía indígena.
  • Conferir el mando del orden público y seguridad en las ciudades a elementos de Falange
  • Detener a las autoridades españolas que sean sospechosas
  • Clausurar todos los locales de reuniones públicas, tales como centrales sindicales, logias masónicas, sedes de partidos, casas del pueblo, ateneos.
  • Eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc,...”


Y el también historiador Reig Tapia recoge en su obra “La Cruzada de 1936”, Alianza Editorial(2006) nota 57, págs. 177-178) que el diario norteamericano Chicago Tribune, de 28 de Agosto 1936, página 2, publicó la entrevista mantenida por el periodista Jay Allen con el General Franco, parte de cuyo diálogo fue:

“-¿Entonces no hay tregua, no es posible algún compromiso?”
  • ”No. No, decididamente, no. Nosotros estamos luchando por España. Ellos luchan contra España. Lo conseguiremos a cualquier precio”
  • ”Tendrá que matar a media España”, dije. Giró su cabeza, sonrió y mirándome fijamente respondió:
  • ”He dicho que al precio que sea”.

Y junto a los querellantes de Falange uno de los actuales magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Adolfo Prego, que, según reiteradamente se da cuenta en los medios de comunicación desde hace ya meses, no solo es patrono de la ultraderechista “Fundación para la Defensa de la Nación Española- DANAES” sino que además, según afirmó Lopez-Fonseca en el diario Público de 21-6-2009, “ha intervenido en los últimos años en, al menos, dos actos públicos en los que justificó el golpe militar de 1936” y añade dicho articulista: “y ocho meses después del segundo de estos actos, y cuando aún era vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado Prego firmó un manifiesto contra la Ley de Memoria que apareció publicado tras la aprobación de ésta”. Y añadiría que en esa misma etapa de Vocal del Consejo, cuando tras su intervención ante una de las promociones de jueces de la Escuela Judicial, al hacerle notar que había hablado a unos jueces españoles de Estado de Derecho únicamente y no de “Estado social y democrático de Derecho” que establece la propia Constitución, contestó despectivamente: “De “eso” ya hablan otros en esta Escuela y en otros lugares”.

Y en el otro extremo, otro magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, del que también la prensa diaria habla que es de talante progresista, por su pertenencia a la asociación Jueces para la Democracia, en cuyo seno hay una minoritaria corriente hipergarantista que viene calificando de “utilización torticera del proceso penal” a la apertura de procedimientos por hechos cometidos tras el golpe de estado de Julio de 1936 y durante la Dictadura fascista que sufrió el pais.

Pues bien, ante la imputación que por el delito de prevaricación - “dictar a sabiendas una sentencia o resolución injustas”(art. 446.3º del Código penal)- que Luciano Varela formula contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cabe plantearse algunos interrogantes.

¿Están prevaricando el magistrado Luciano Varela al dictar esta resolución y los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que antes resolvieron negativamente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Baltasar Garzón contra el auto de admisión a trámite de la querella.?

Si como se deduce del auto de Luciano Varela la prevaricación perseguida se funda esencialmente en la falta de competencia del Juez de Instrucción Penal nº 5 de la A.N. para tramitar el procedimiento ¿prevaricaron también los magistrados de la Sala de la A.N. que formularon su voto particular afirmando que sí era competente realizando una fundamentación juridica semejante a la argumentada por el hoy querellado?

Si además se argumenta por el magistrado Luciano Varela, que Baltasar Garzón no tuvo en cuenta lo determinado por la Ley de Amnistía de 1977, al tramitar un procedimiento por hechos delictivos cometidos con anterioridad a la misma que se lo impedía, cabe preguntarse ¿estará prevaricando el magistrado del Juzgado de Instrucción Penal nº 4 de la Audiencia Nacional que instruye el procedimiento seguido por la desaparición del dirigente de ETA, “Pertur”, que se produjo trece meses antes de la entrada en vigor de dicha ley? En este caso, y a la vista de que el procedimiento penal de búsqueda sigue abierto y no se ha iniciado ningún proceso contra dicho magistrado, parece que se sigue el criterio de que se está ante un delito permanente, porque Eduardo Moreno Bergareche,”Pertur”, ni aparece vivo ni han aparecido sus restos pese a haber transcurrido casi 35 años desde el 16 de Julio de 1976 en que desapareció. ¿Qué diferencia hay para rechazar la tesis del delito permanente respecto a los detenidos-desaparecidos por el fascismo español? ¿El tiempo únicamente? A la vista de que el Código penal se limita a fijar la fecha a partir de la cual se ha de computar el tiempo para la prescripción (art. 132 C.p.) ¿es prevaricadora la estimación jurídica de que las detenciones de republicanos a manos de comandos falangistas, seguidas de desaparición, no han prescrito, pese al tiempo transcurrido? ¿Hay jurisprudencia vinculante, ante esta falta de previsión legal expresa, para poder fijar un limite absoluto de tiempo de prescripción en los delitos permanentes. ¿Es posible poner el límite de la duración de la vida humana, a los 70, a los 80, a los 90 a los 100 o más años para que empiecen a contar los plazos de prescripción previstos en el art. 131 del C.P.? ¿Se puede hablar, jurídicamente, como se ha hecho en alguna resolución judicial en estos temas de “notorio fallecimiento”?

De otra parte, ¿realmente las Cortes que aprobaron la ley de Amnistía de 1977 obraron libremente a la vista del “Tejerazo” que sobrevino unos pocos años después? . Y porque se trata de una ley “democráticamente aprobada” como se afirma en el auto de Luciano Varela, ¿ya es intocable juridicamente dicha ley, dado su carácter preconstitucional? O ¿acaso no está sometida, como todas las leyes, a lo establecido en la Constitución, que recoge la justicia y la igualdad como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico?

¿Qué factores, además del tiempo, están presentes realmente en la decisión del magistrado Luciano Varela y los magistrados de la Sala del T.S. a cuyo manto protector se acoge aquél?

Pero, además, ¿prevarica el juez instructor que intenta cumplir las obligaciones que le impone el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Este precepto fija para el proceso penal cuatro finalidades de ineludible cumplimiento: 1ª “consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer”; 2ª “la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y la identificación del delincuente”; 3ª: “la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito”; y por último, y no por eso menos importante, la 4ª: “la de proteger a los ofendidos y perjudicados por el mismo,a sus familiares o a otras personas...”

¿Averiguar la verdad de la detención ilegal-desaparición, la supervivencia de los posibles autores, la identificación de los restos humanos para, en su caso, entregarlos a los familiares es prevaricar o dar cumplimiento estricto de lo dispuesto en la ley? ¿Está induciendo esta resolución a que los jueces de instrucción apliquen el principio de economía procesal por falta de medios personales o materiales, o la ley del “mínimo esfuerzo”, frente a obligaciones tan ineludibles? Y desde una posición de auténtico garantismo procesal exigible a todo juez, ¿ puede justificarse jurídicamente el rechazo de plano y desde el primer momento de la presentación de la denuncia el incumplimiento de alguna de esas cuatro obligaciones, si lo que se está denunciando es un delito de detención ilegal seguido de desaparición, a la vista de lo establecido en el art. 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que solo autoriza a proceder así si los hechos denunciados no fueran constitutivos de delito o la denuncia fuera manifiestamente falsa?.

¿Se puede mantener, jurídicamente, como se recoge en el auto de Luciano Varela, que “los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento” si se trata de hechos constitutivos de delitos permanentes?

Habría muchos otros interrogantes, pero no me resisto a formular algunos más para finalizar estas reflexiones. ¿Realmente puede calificarse de prevaricación, seguir los criterios jurídicos acerca de la aplicabilidad del Derecho Penal Internacional en nuestro pais, cuando es evidente que incluso está calando en la jurisprudencia de Tribunales nternacionales y nacionales, una nueva concepción jurídica del principio de legalidad penal en los delitos internacionales u otra valoración del alcance del principio de irretroactividad penal? ¿Acaso no resulta “esperpéntico” perseguir por prevaricador a un juez que determinó la detención en Londres de otro dictador, Augusto Pinochet, que, curiosamente, fue el único Jefe de Estado que estuvo presente en los funerales de Francisco Franco, y que llegó a ser procesado finalmente por un juez chileno, Juan Tapia, fruto de la dinámica interpretativa impulsada por Baltasar Garzón en dicho procedimiento incoado a petición del fiscal Carlos Castresana, o que dos jueces, una peruana, Antonia Saquicuray, y otro argentino, Gabriel Cavallo, declarasen la inaplicabilidad de las respectivas Leyes de Amnistía y Punto Final también “democráticamente aprobadas” en su países?

¿Se puede mantener y no caer al menos en ignorancia inexcusable, que respecto a los “niños españoles desaparecidos”, fuera de nuestro territorio, especialmente en los campos de concentración franceses, bajo control nazi/fascista, no tenía competencia un juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, no solo antes sino incluso ahora tras la denunciable última reforma de sus competencias ? ¿Y si además en este execrable tipo de delito, también de naturaleza permanente, las propias víctimas que con toda probabilidad sobreviven, siguen desconociendo su verdadero origen, no rige para ellas el citado artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?

¿Puede, de otra suerte, calificarse de prevaricación aplicar los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque se haya publicado la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, cuando esta misma ley, salva el ejercicio de cualesquiera otras acciones, entre ellas las penales, previstas en el Ordenamiento jurídico (art. 4-5º y Disposición Adicional Segunda)?. ¿No parece tener también el aire de “esperpéntica” la atribución de carácter excluyente a dicha ley?

Y para finalizar un interrogante gravemente preocupante para la devenir democrático de nuestro pais.

¿A partir de resoluciones como el auto dictado por el magistrado Luciano Varela, y si desgraciadamente se avanza en esa linea persecutoria, cuando quepan varias soluciones interpretativas, ante las lagunas o deficiencias legales, no se está fomentando el riesgo a que los jueces piensen no en la solución adecuada -legal y constitucionalmente- sino en el criterio interpretativo del superior jerárquico judicial que ha de confirmar o rechazar su opción, cuando el mismo no es vinculante? ¿Dónde queda la independencia judicial? ¿Hacia dónde camina la Independencia judicial como pilar esencial de nuestra democracia constitucional? ¿Caminamos de nuevo hacia la “democracia orgánica” del fascismo español, donde un grupo de jueces, fiscales y secretarios llegamos a ser “delincuentes políticos” en el seno de la clandestina “Justicia Democrática”?

Aunque en honor a la verdad y a la esperanza, también hay, en el seno de la asociación Jueces para la Democracia, otra corriente que fue capaz de afirmar en su escrito de 12 de Febrero último: “Calificar de prevaricadora a una de las posiciones del debate jurídico desarrollado en el contexto de un proceso significa criminalizar la deliberación, imponer los límites penales a la interpretación judicial e impedir el desarrollo libre y honesto de las ideas.”

Señores magistrados integrantes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ¿no creen que una pronta resolución a la cuestión de competencia que está pendiente ante esa Sala podría contribuir a que las aguas volviesen a su cauce?

Señores legisladores, en sus manos está también buscar una auténtica y eficaz solución al gravísimo problema subyacente, que venga a suplir las deficiencias de la Ley 52/2007, para que el Estado español cumpla sus obligaciones internacionales acerca de la Verdad, Justicia y Reparación ante los crímenes del Régimen fascista español que padecimos.

Antonio Doñate - Magistrado jubilado y ex-profesor de la Escuela JudicialNueva Tribuna

miércoles, 14 de abril de 2010

Los asesinatos del franquismo

CONCENTRACIÓN PERMANENTE POR LA JUSTICIA UNIVERSAL

nada
ESCRITORAS, ACTRICES, EX PRESAS POLÍTICAS Y AGITADORAS CULTURALES Y SOCIALES  “OCUPARÁN” UNA FACULTAD EN EL CENTRO DE MADRID PARA REIVINDICAR EL DERECHO A JUZGAR LA DICTADURA FRANQUISTA.

Hoy a las 17 horas, en la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid (C/San Bernardo, 49 de Madrid) se inicia una Concentración Permanente para exigir una investigación del franquismo y que ello no sea un delito.

Diferentes colectivos se han aglutinado para desarrollar a lo largo de dos semanas acciones reivindicativas dirigidas a protestar por la situación que están viviendo las víctimas del franquismo que no tienen derecho a la justicia y por la persecución que está padeciendo el juez Baltasar Garzón por haber tratado de desentrañar los crímenes del franquismo.

Los promotores convocan para esta tarde una rueda de prensa en la que se tomará posesión del edificio y se explicará cuál es el proyecto y las razones por las que creen necesaria la protesta. Además los organizadores quieren convocar a toda la ciudadanía a participar en la concentración en la que se llevarán a cabo: conferencias, conciertos, representaciones, proyecciones de documentales y otras actividades.


http://www.memoriahistorica.org/

martes, 13 de abril de 2010

¿Qué fue del Winnipeg? *

escrito por Julio Gálvez Barraza
martes, 13 de abril de 2010

La palabra Winnipeg es alada.
La vi volar por primera vez
en un atracadero de vapores,
cerca de Burdeos. Era un hermoso
barco viejo, con esa dignidad que dan
los siete mares a lo largo del tiempo.
Pablo Neruda


En uno de sus libros de memorias, dice Neruda: Lo cierto es que nunca llevó aquel barco más de setenta u ochenta personas a bordo. Indiscutiblemente, para transportar a más de dos mil personas, las tareas de acondicionamiento del hermoso barco viejo fueron enormes. Un trabajo de devoción y desesperación, señala el poeta. No son muchos los datos que aporta con respecto al vapor. Muchos de los que nos hemos interesado por este nerudiano capitulo de la historia del exilio español, nos hemos preguntado más de una vez ¿Qué fue del "Winnipeg? Conozcamos un poco más de su historia.

Por encargo de sus armadores, la Compagnie Generale Transatlántique, en los astilleros de Dunkerque, en 1918, se construyó el Paquebot francés "Jacques Cartier". Fue un barco gemelo del "Le Perouse", construido dos años antes. El barco, de casco de acero, con tres puentes, tenía 150,80 metros de eslora con un volumen de 14.264 m3 y un tonelaje bruto de 9.802,43 kilos. Fue matriculado en el puerto de Le Hàvre y puesto en funcionamiento en 1919. Era un Paquebot tipo mixto, es decir, estaba preparado para pasaje y carga; diseñado para llevar 97 pasajeros en cabinas de tres clases, con una tripulación de 67 personas, cuatro camas de hospital y embarcaciones de salvataje para 238 personas.

En 1930, la misma compañía propietaria rebautizó al "Jacques Cartier" con el nombre de "Winnipeg".

A comienzos de 1937, el paquebot cambió de dueños y de matricula. Pasó a formar parte de la flota naviera de la Sociedad Anónima “France Navigation”, formalizada en París el 15 de abril de 1937. La nueva compañía naviera, con sede social declarada en París (1 boulevard Haussmann), contó con un total de seis naves, entre ellas el "Winnipeg", que fue matriculado en Burdeos. Los estatutos de la nueva sociedad, publicados el 13 de mayo en el "Journal spécial des sociétés française par actions", contempla un capital declarado de 1 millón de francos, repartidos entre 9 personas.[1] Sin embargo, era de público conocimiento que el capital de “France Navigation” provenía en su mayor parte de las arcas del Partido Comunista francés. Algunos investigadores afirman que el capital de la compañía también contaba con fondos del Gobierno Republicano español en el exilio. Días después de constituida la compañía, las naves ya prestaban sus servicios a la República española.

A finales de marzo de 1939, en París, el gobierno republicano español en el exilio creó el Servicio de Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE), con la finalidad de prestar ayuda a los refugiados españoles en Francia para trasladarlos a otros países. Con este objeto, el organismo se encargó de reformar el vapor "Winnipeg".

El acondicionamiento del buque para el transporte de emigrantes se realizó entre los meses de junio y julio de 1939. Los trabajos se iniciaron en los astilleros de Le Hàvre y se terminaron en Pauillac. En sus bodegas se instalaron dos mil literas, en tres pisos, separadas en recintos para hombres y mujeres y niños. Se acondicionaron nuevas cocinas y se instalaron sanitarios adecuados para el número de pasajeros. La reforma del barco contemplaba dos nuevas enfermerías, un comedor para 500 personas que se usaría por turnos y embarcaciones de salvataje para 2.200 personas. También se ampliaron las instalaciones de ventilación, radio y megafonía.

Como sabemos, el "Winnipeg" zarpó de Pauillac el 4 de agosto de 1939, con más de 2.350 pasajeros, que, sumados a los casi 150 integrantes de la tripulación, médicos, enfermeras etc, sumaban unas 2.500 personas, entre ellas, Emile Sellon, delegado a bordo de la France-Navigation .

Durante el viaje a Chile, los pasajeros polemizaron entre ellos sobre diversos conflictos. Uno de ellos, causado por la firma del pacto Germano-Soviético. El más dramático y grave era la inminente declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia a la Alemania nazi, las hostilidades de guerra submarina, que de hecho ya habían comenzado y a un nivel circunstancial la profunda molestia del Gobierno de Edouard Deladier por la existencia de la Compañía France-Navigation , creada con capital de los comunistas franceses.

Las maniobras del capitán

Aunque gran parte del capital de la compañía France Navegation pertenecía al Partido Comunista francés, no toda la tripulación del "Winnipeg" estaba integrada por comunistas. De hecho, la tripulación se dividía en dos bandos. Durante el viaje a Chile, con la inminente guerra y los peligros de posibles ataques submarinos, ambos bandos radicalizaron sus posturas. Unos pretendían regresar inmediatamente a Francia, sin culminar el viaje a Chile y otros querían cumplir su cometido y seguir camino a Valparaíso. Existen algunos testimonios que recogen esta silenciosa batalla, entre ellos el de Ovidio Oltra, uno de los refugiados republicanos que viajaban a bordo. Oltra señala que unos días antes de llegar a la Isla de Guadalupe, hablando con sus amigos comunistas, le decían que sabían, por miembros de la tripulación, que en el barco se libraba una guerra sorda entre el capitán y algunos oficiales, con el comisario de la compañía de navegación, el contramaestre y el matrimonio de doctores franceses que viajaban a bordo.

Le contaron a Oltra que sus camaradas franceses, durante la guerra civil española, habían navegado con este vapor por todos los mares que circundan Europa, desde el Ártico hasta el Mar Negro, transportando tanques, aviones, toda clase de armas, municiones y pertrechos de guerra, así como alimentos que importaba el Gobierno republicano, a pesar de los esfuerzos en contra del Comité de No Intervención. Le narraron también su participación en la evacuación de militares y civiles de la zona Centro-Levantina al finalizar la guerra. Alertados por estos amigos, -recuerda Oltra-, empecé a mirar las cosas que pasaban en el buque de otra manera y me di cuenta que lo que me habían manifestado era verdad, pues se veía un trato distinto para nosotros en cierta oficialidad y el resto de la tripulación, siempre activa y dispuesta a que no nos faltara nada que ellos pudieran proporcionarnos.[2]

Oltra recuerda también otros misteriosos acontecimientos. Como el ocurrido durante el cruce del Atlántico, el día que notaron que el barco estaba detenido y en cierta forma giraba sobre si mismo, porque el sol unas veces quedaba a babor y otras a estribor. Se dijo que era una avería, que reparaban en los motores de las máquinas. Al cabo de unas horas, el vapor reanudó su andar. Días después de dejar atrás el Canal, ocurrió otro hecho que llamó la atención a los que en la noche del Pacífico observaban las estrellas del hemisferio Sur. Parecía que el barco cambiaba de rumbo. Lo hicieron notar al contramaestre y poco después vieron que tomaban la primitiva dirección, decididamente hacia el Polo Sur. Según supimos después, -señala Ovidio Oltra-, fue el propio capitán el que había dado la orden de hacer tal desviación, que no supo explicar claramente cuando, ante la observación que se le hizo al timonel de turno; fue rectificado dicho rumbo.[3]

El primer incidente señalado por Oltra, el giro sobre sí mismo, podría tener alguna explicación. Víctor Pey, otro pasajero, recuerda que a bordo del barco murió un niño. El barco se detuvo para sepultarlo: No recuerdo dónde fue. Pero recuerdo que se hizo una especie de ritual de los barcos, dio tres vueltas al lugar donde se echó el ataúd.

Sin embargo, el segundo incidente señalado por Oltra en el rumbo del barco, el que no supo explicar Gabriel Pupín, capitán del Winnipeg, tiene relación con este desencuentro que se producía entre la tripulación y la oficialidad.

No sólo es Oltra quien se alertó al escuchar rumores respecto a la sorda guerra que se libraba a bordo. Muchos años después de los hechos, el también pasajero Floreal Nogués, se refirió al hecho. A los pocos días de navegación empezó a circular el rumor de que íbamos a dar media vuelta y regresar a Francia ante el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aquello provocó varios conatos de amotinamiento que fueron diluyéndose a medida que el navío se aproximaba a las costas americanas.[4]

Hace ya algunos años, cuando aún no conocía su libro de memorias, Ovidio Oltra me narró extensamente el capítulo en cuestión. El relato, ágil y lúcido, me sorprendió. Señala que durante el viaje, un buen día se reunió el Comité político que representaba a los pasajeros y parte de la tripulación. Los tripulantes desvelaron las intenciones del capitán; quería volver el barco a Francia. Oltra, quien participaba como delegado de Izquierda Republicana, fue actor y testigo de la posterior reunión sostenida con Gabriel Pupin. El diálogo fue áspero y en duros términos. Después de declarar abiertamente sus intenciones, Pupin quiso aplicar la premisa de donde manda capitán, no manda marinero. Sin embargo, no eran los marineros los más afectados por la medida. El Comité de a Bordo no consintió su vuelta a Francia, donde a los refugiados les esperaba nuevamente los campos de concentración, con la amenaza de una repatriación a la España de Franco, donde se jugaban la vida.

La respuesta dada al capitán por los tripulantes y el Comité fue rotunda: -Usted se podría caer al mar y nosotros podemos llevar el barco a Valparaíso.

Al atracar en Arica, primer puerto chileno que tocaba el Winnipeg, -según el relato de Oltra-, el capitán desembarcó. Buscó un teléfono y se comunicó con el Consulado de Francia en Santiago. No lo había hecho por la radio del barco para, seguramente, mantener en secreto su informe. El oficial de radio, Couedon, era militante del Partido Comunista. Hasta ese momento, los cables de Pupin a París se limitaban al consabido TVB (Todo va bien).

El testimonio de Oltra respecto de las maniobras del capitán, lo encontré tiempo después confirmados en un libro publicado en Francia en 1979. Está escrito a dos voces, una de ellas es la de Gilles Hertzog, hijo de Paul Hertzog y de Marcelle Hertzog-Cachin, el matrimonio de médicos que viajaban con los españoles a bordo del "Winnipeg". Marcelle, a su vez, era hija de Marcel Cachin, senador y fundador del Partido Comunista francés.

Señalan los autores que antes de llegar a la costa peruana, el capitán había desarrollado una última maniobra para volver a Francia. Al caer la noche, el barco cambió de rumbo y se dirigió a las Islas Galápagos. Al amanecer, los marinos se dieron cuenta de la maniobra. ¿Será esa la maniobra que señala Oltra?, la que no supo explicar el capitán. Probablemente si, ya que el único rumbo que debía tomar el barco para enmendar su ruta era enfilar al Polo Sur.

El otro incidente narrado en el libro, coincidente con el testimonio de Ovidio Oltra, es la bajada del capitán en Arica, luego de no saber explicar su extraña maniobra. Salvando posibles errores de traducción, señala lo siguiente: El "Winnipeg" llegó a Arica y se quedó en la bahía. El capitán, en seguida hizo bajar su bote personal y abandonó el barco. Una vez en tierra, se dirigió a la Oficina de Correos, sin presentarse, como debía, en la Dirección Marítima del puerto, y pidió una comunicación urgente con Santiago.

-¿Qué número? -le preguntó la operadora.

- La Legación de Francia.

Alertando a la embajada de su país en Chile, El capitán Pupin reconocía en cierto modo sus intenciones de poner fin al viaje de forma anticipada.

Un Cónsul y un "motín"

Después del desembarco de pasajeros en Valparaíso, la nave tomó lugar en la bahía. La tripulación se entretenía con partidos de fútbol y alegres paseo por el puerto y sus alrededores. Sin embargo, les inquietaba la falta de información respecto de su regreso a Francia. Las ordenes desde París no llegaban. Al quinto día de su estada en Valparaíso aumentó la incertidumbre con la noticia comunicada por el capitán. La nave había sido requisada por la Marina Nacional francesa.

Tres días más tarde, el 10 de septiembre pudieron olvidar en algo su preocupación. La tripulación completa salió de excursión a Santiago. Habían sido invitados por los comunistas chilenos y diversas formaciones sindicales, a una actividad en honor de los republicanos españoles.

Emile Sellon, representante de la France-Navigation en el barco, y verdadero delegado de los comunistas a bordo, no perdió la oportunidad que le daba el viaje a la capital. En Santiago estaba la Embajada de Francia. En compañía de Philo Gaubert, Jefe de Enfermeros, se acercó a la Embajada para obtener información sobre una eventual repatriación a Francia de la tripulación del Winnipeg.

-Su barco será el primero en regresar a Francia, -le contestaron. -No se inquiete, todo el mundo volverá muy pronto.

Sin embargo, algunos días más tarde, Sellon tuvo verdaderos motivos para inquietarse. En un mensaje confidencial enviado al cónsul de Francia en Valparaíso, el capitán Gabriel Pupin declaraba sus intenciones: El 7 de septiembre le expuse a la tripulación la nueva situación de la nave, requisada por la Marina Nacional. Todos los marinos, e insisto sobre este punto, se encontraron, de hecho, bajo la jurisdicción militar de tiempos de guerra. Esto me ha parecido necesario a fin de que todo esté muy claro a bordo, en particular con las personas que tienden a meter la política en la vida marítima. Yo espero así que la tripulación asumirá las consecuencias de todo movimiento que podría entorpecer la marcha de las operaciones. En respuesta a esto, en el barco encontré las siguientes inscripciones: "Cuando el grado comienza, la humanidad se va". También hubo negativas y oficiales con reflexiones incorrectas, de buenas personas que corren el peligro de pagar caro el obedecer el dictado de sus dirigentes. Finalmente, pido como un favor especial, que no me obliguen a usar a las autoridades militares para poner orden en el Winnipeg.[5]

El cónsul de Francia en Valparaíso retransmitía estas "reflexiones" a sus superiores en Chile y en Francia, aunque sus mensajes eran generosamente ampliados en la conducta de los marineros: El capitán me dio parte de una cierta intranquilidad que, después de firmado el pacto Germano-Soviético, reinaba sobre su tripulación. Los hombres están proclives a encontrar lógicas las explicaciones dadas por Moscú. También me dio parte de ciertas inquietudes que tenía, a consecuencia de las insólitas actividades soviéticas a bordo, organizadas por el comisario político Sellon. Atraía especialmente mi atención en el hecho de que los comunistas de a bordo estaban teniendo contacto con organizaciones chilenas de la misma tendencia. De numerosas reuniones que se efectuaban entre ellos, provocando reacciones inmediatas: negligencia en el servicio; disminución y desaparición del respeto de los hombres con sus oficiales. Después de la entrada de Rusia en Polonia, algunos, entre el personal no marino, parecían sufrir un desdoblamiento de personalidad; si, por las circunstancias, ellos se sienten franceses, pero piensan como comunistas...[6]

También insinuaba el cónsul en su mensaje, que los marinos franceses no deseaban regresar a su país para no verse en la obligación de luchar contra los alemanes, aliados de la Unión Soviética según el pacto firmado. La intención, en el fondo, era la de desalojar del "Winnipeg" a los marineros que fueran o se sintieran comunistas.

La propiedad del "Winnipeg", durante su viaje a Valparaíso, estaba en litigio en los tribunales franceses. De ahí viene la dualidad respecto a sus dueños, señalados en diferentes testimonios y en varios ensayos. Unos lo señalan como propiedad de la Compagnie France Navigation y otros como perteneciente a la Compagnie Generale Transatlántique.

Esta batalla venía de mucho antes que el barco zarpara de Pauillac. Hacía ya casi un año que las autoridades superiores de la Marina Mercante francesa habían iniciado un proceso judicial contra la France-Navigation. Era una acusación netamente política. Según las autoridades marítimas, dicha compañía había sido creada por la III Internacional y funcionaba bajo el control del Gobierno de la Unión Soviética. Este hecho, para ellos, constituía una grave amenaza contra la seguridad de Francia. Más aún después de la firma del Pacto Germano-Soviético.

El tribunal falló en favor del Estado francés y los barcos de la France-Navigation pasaron a integrar la flota de la Compagnie Generale Transatlántique. Entre ellos el "Winnipeg" que volvía así a su antiguo dueño.

Pero esto no era lo que se decía en Chile. Tampoco a la tripulación del vapor. La información dada por el capitán de "Winnipeg" era que la nave estaba requisada por la Marina Nacional , y la tripulación se encontraba bajo la jurisdicción militar de tiempos de guerra.

Un medio de prensa en Chile denunció el hecho. Señala que Charles Jauffret Romeo, vice cónsul de Francia en Santiago, se había puesto en estrecho contacto con la Agencia A.J. Broom, representantes en Chile de la "Compagnie Genéralé Transatlantique".

El señor Romeo inició una serie constante de visitas al Winnipeg. Las conferencias en el camarote del capitán del barco se sucedieron unas a otras, rodeadas de impenetrable misterio. Los agentes de la Genéralé Transatlantique en Valparaíso, iban y venían como habitualmente, pero tenían una sonrisa de satisfacción en los labios y colmaban a señor Romeo de atenciones.
Un día el Vicecónsul de Francia, Charles Romeo, ordenó que parte de la tripulación quedase en tierra, y que el barco zarpase solamente con la mitad del personal. Alegaba para esto que el barco -por orden del Gobierno Francés- era transformado de buque de pasajeros en transporte de carga y que, por consiguiente, no tenía necesidad de ir tripulado por todos los que formaban hasta entonces parte de su equipaje.

El señor Romeo escogió personalmente a los hombres que debían tripular el Winnipeg, seleccionó a los que debían quedar en Valparaíso para marchar posteriormente a Francia como pasajeros de otro vapor.

Los hombres del Winnipeg aceptaron, aunque no muy complacidos, las disposiciones del Vicecónsul Romeo. La provocación de este caballero había fallado; el desembarco de parte de la tripulación que debía quedar en Valparaíso se hizo sin incidente alguno. Los demás permanecieron en sus puestos a bordo.

La operación fracasaba. El señor Romeo se encargó de salvarla. Fue a pernoctar en el Winnipeg, y durante toda la noche hizo lo posible por provocar altercados y entredichos con la tripulación. Con la pistola en el bolsillo y la mano metida dentro, recorría los compartimentos insultando con procaz lenguaje a los tripulantes. A cada hora daba los más fantásticos itinerarios y consiguió lo que deseaba: la protesta del personal del barco.

Inmediatamente bajó a tierra y pidió el "auxilio de las fuerzas armadas". Lanzó toda clase de acusaciones calumniosas y así fabricó un fantástico e inexistente "Motín a bordo". La prensa derechista " La Unión ", "El Mercurio", "El Diario Ilustrado", se encargaron del resto.

Apresada por algunas horas la tripulación, tanto la que se hallaba en el barco como la que estaba en tierra, descansando en su hotel, el Winnipeg fue declarado, por don Charles Romeo, presa apta para el abordaje. En pocas horas pasaba a ser propiedad de la Compagnie Genéralé Transatlantique. Muy poco tiempo después, en Francia, el Ministro de Marina decretaba la disolución de la France Navigation , y la entrega de todos los barcos a la Genéralé Transatlantique , sin pagar indemnización alguna.[7]

Seis meses antes, la noticia, mirada desde un ángulo totalmente opuesto y con algunos errores en los nombres y parentescos de los citados, ya había llegado a Francia.

El comienzo del viaje se efectuó normalmente, más, en pleno Océano se produjo una rebelión por los miembros de la tripulación, del Partido Comunista, quienes se negaron a navegar bajo las ordenes del comandante Pupin.

La maniobra, al parecer, estuvo dirigida por el doctor Herzog, hijo del senador comunista Marcel Cachin y por la señora Herzog, también a bordo del Winnipeg en calidad de enfermera.

La nave logró llegar a Valparaíso, pero allí el movimiento de rebelión tomo proporciones inquietantes. Los amotinados declararon que no navegarían mas bajo las ordenes del comandante Pupin porque las ideas políticas de su jefe no concuerdan con las suyas. En consecuencia con esta decisión demandan pura y simplemente el desembarco del comandante.
Ante este lamentable incidente, el Cónsul de Francia en Valparaíso intentó en vano razonar con los rebeldes. Les incitó a la calma, les dijo que al parecer, los tripulantes del Winnipeg aún ignoraban que Francia estaba en guerra con Alemania.

A pesar de ello los amotinados no tomaron en cuenta ninguno de los consejos del Cónsul. Agrupados delante del Winnipeg, levantando el puño, cantaron la Internacional , la Carmagnole y otras canciones.

Esta falta es infinitamente reprobable, especialmente porque se desarrollaron al lado de tres vapores alemanes amarrados en el mismo puerto de Valparaíso.

Y las autoridades chilenas tuvieron que intervenir.

Los amotinados, entonces, se dividieron en dos grupos, unos aceptaron volver a bordo, los otros -aproximadamente cincuenta- mantuvieron sus exigencias.

Estos últimos fueron encarcelados en espera de su repatriación.[8]

Consejo de Guerra
Encontramos un testimonio que nos narra detalladamente la vuelta del "Winnipeg" a Francia. Con él podemos complementar la historia de su regreso y del de los tripulantes. Se trata de un artículo escrito por el capitán Reinaldo Muñoz, quien comandaba la dotación de la Marina de Chile que reemplazó a parte de la tripulación del "Winnipeg". El capitán Muñoz da una particular versión sobre el conflicto creado a bordo y sobre la compañía armadora del barco.

Cuando el Winnipeg se encontraba navegando en demanda de Valparaíso, sobrevino la declaración de guerra de parte de Inglaterra en contra de Alemania, debido a la invasión de Polonia el 1º de septiembre de 1939. Casi inmediatamente después de comenzar las hostilidades de guerra submarina, la tripulación de la nave se dividió en dos bandos. Unos querían regresar a Francia tan pronto como fuera posible y los otro deseaban cumplir el contrato y seguir en el barco.

Finalmente y después del arribo a Valparaíso, hubo incidentes entre ambos bandos, lo que obligó, a petición de sus armadores Cie. Generale Transatlantique, sus agentes en Chile Agencia A.J. Broom la intervención de la Armada de Chile. Debido a esta actuación, se desembarcaron 70 tripulantes de cubierta y maquina franceses, que fueron enviados a su patria en el "Aconcagua", CSAV. vía Amberes. Estos fueron reemplazados por igual número de dotación chilena, bajo el mando del capitán Reinaldo Muñoz Díaz.

La comisión se cumplió sin mayores novedades. La tripulación chilena cumplió su cometido eficientemente a entera satisfacción del comandante Poupín, a cargo de la nave.

El Winnipeg zarpó de Valparaíso a principios de septiembre de 1939, (sic) efectuando su itinerario de carguío en los puertos de Lirquén, Talcahuano, Lebu, Antofagasta, Arica, Callao, Supe y Puna.

En todos estos puertos, el barco recibió carga general como trigo ensacado, lentejas ensacadas, madera elaborada, salitre ensacado, azúcar ensacada y madera de balsa en DK.
Al recalar a Balboa y siguiendo instrucciones de las autoridades del Canal de Panamá, el capitán, oficiales y tripulación franceses pernoctaron en la isla Taboga. Una vez que el buque hubo cruzado las esclusas, fueron conducidos a Colón, desde donde iniciaron viaje de regreso a Francia, vía aérea (N. York).

En Cristóbal el Winnipeg prosiguió su viaje de retorno a Europa, vía Liverpool. Esta vez el barco era mandado por el 3ª comandante del "Normandie" y dotación correspondiente de este buque. Éste permanecía en el muelle de Broocklyn (N. York) después de haber sido saboteado en días anteriores.[9]

La llegada a Francia de parte de la tripulación del "Winnipeg" no significó el termino de sus problemas. En Burdeos se encontraron con un Consejo de Guerra. La acusación contra ellos era la de "amotinados". El doctor Hertzog y su esposa fueron acusados de encabezar la rebelión. Refiriéndose a la tripulación del "Winnipeg", Le Havre-Eclair señala:

Ellos acaban de llegar a Francia a bordo de un Paquebot francés. Nada más llegar fueron puestos a disposición de M. Ubalt, Juez de Instrucción.

Cabe destacar que el Dr. Herzog, al parecer también enfermo, y su esposa, se quedaron en Valparaíso, mientras que el Winnipeg, con una tripulación de emergencia, continuó su ruta.
Tan pronto como esté de vuelta en Francia, el Comandante Pupin será convocado por el Juez. También serán escuchados, cuando estén en territorio francés, el Dr. Herzog, quien, repetimos, sería el instigador de la revuelta, y su esposa.

Añadir a todo esto que el comandante del Winnipeg y otros tripulantes, para evitar incidentes, fueron acogidos más tarde por M. Belvaire, comandante adjunto del "Normandie".

Después de la liquidación de la France-Navigation , es cierto, en efecto, que el Winnipeg retomará su lugar entre las unidades de la flota de la Compagnie Générale Transatlantique.[10]

Quizá la trama para encarcelarlos era demasiado burda. Es posible que la situación francesa, en tiempos de guerra, no estuviera como para tener mucha gente joven y capacitada en las cárceles. El caso es que a los "amotinados" no pudieron encontrarles muchas culpas. Pronto fueron puestos en libertad. Así lo señalaba la revista Qué Hubo en el mes de mayo de 1940: La absolución ha epilogado este juicio. Los tripulantes del Winnipeg están libres; pero la Compagnie Genéralé Transatlantique se ha quedado con los barcos.[11]

¿Qué fue del "Winnipeg"?

Casi un año después de la denuncia de la revista Qué hubo, el "Winnipeg" navegaba desde Casablanca a las Islas Guadalupe. Llevaba unas 750 personas a bordo y su bandera, naturalmente, era francesa. Sin embargo, esta vez esa bandera no representaba a la Francia de siempre. Ahora era la Francia de Vichy, gobernada por el colaboracionista Mariscal Petain.

La tarde del 26 de mayo de 1941, en plena Guerra Mundia, el "Winnipeg" fue capturado por el destructor holandés HNMS Van Kinsberger y llevado al día siguiente a Puerto España, en la Isla de Trinidad. El buque fue integrado a la flota aliada, bajo el mando del Ministerio de Guerra Británico. Fue matriculado en Liverpool y rebautizado como "Winnipeg II". Ahora su dueño era la Compañía Canadian Pacific.

Con bandera inglesa, el "Winnipeg II" formó parte de los convoyes que servían de transporte al Ejército Aliado. En muchas de estas caravanas, lideraba la formación debido a su tamaño y a sus cuatro palos.

La mañana del 15 de octubre de 1942, desde el puerto de Liverpool, zarpó el convoy DE139. Se dirigía al puerto de Saint Johns - New Brunswick, Canadá. En primer lugar, detrás de los destructores, navegaba el "Winnipeg II", bajo el mando del capitán Oswald Franklin Pennington. El barco llevaba a bordo 68 pasajeros, diez artilleros y 113 tripulantes. La noche del 22 de octubre, el convoy fue atacado por submarinos alemanes. Entre ellos el U443, al mando del capitán Konstantin von Puttkamer.

Exactamente a las 21,48 horas, el U443 disparó dos torpedos que dieron en el casco del "Winnipeg II", hiriéndolo de muerte. Sin embargo, el noble barco de nombre alado, no se sumergió inmediatamente en las frías aguas del Atlántico Norte. Esperó a que los 192 ocupantes estuvieran a salvo. Luego ocupó su lugar en el fondo del mar. Su posición: 49,51N, 27,58W.[12]

A los sobrevivientes del "Winnipeg II" los recogió el HMCS Morden, quien, tres días después, los dejó en el puerto de Saint Johns

Casi dos meses después, el submarino alemán U443 hundió otro barco. Esta vez al destructor inglés HMS Blean. El 23 de febrero de 1943, el U443 pagó cara sus acciones. Fue hundido por cargas de profundidad de los destructores ingleses HMS Bicester, HMS Lamerton y HMS Wheatland.



[1]Dominique Grisoni et Gilles Hertzog. Les Brigades de la Mer. París, Francia, 1979

[2]Ovidio Oltra. Recuerdos insistentes. Inédito

[3]Ibíd.

[4]Sergio Tarín.

[5]Dominique Grisoni et Gilles Hertzog.

[6]Ibíd.

[7]El proceso de Burdeos y el motín a bordo del Winnipeg. Revista Qué Hubo N° 41, Santiago, 30 de mayo de 1940. p.21

[8]La liquidation de France Navigation. L. Sevestre. Le Havre-Eclair du 28 novembre 1939. (Citado en: Les Brigades de la Mer , ob. cit)

[9]Vapor francés Winnipeg en viaje desde Valparaíso a Cristóbal al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Capitán Reinaldo Muñoz Díaz. Revista Mar Nº 180-1994.


[10]La liquidation de France... cit.

[11]El proceso de Burdeos... cit.

[12]José Carlos Violat Bordonau. U-Historia 2007. (www.u-historia.com)


* Artículo publicado en la revista "Cuadernos Hispanoamericanos”, Nº 711, Madrid, septiembre 2009.

El Clarín

sábado, 10 de abril de 2010

El juez del 'caso Pinochet' lamenta la situación de Garzón y dice que el proceso dañará la imagen de la Justicia

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
   El juez de instrucción del 'caso Pinochet', Juan Guzmán Tapia, lamentó hoy la "situación" en la que se encuentra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que será juzgado por investigar los crímenes del franquismo y manifestó que la Justicia española "va a quedar muy mal si sanciona o persigue a Baltasar Garzón".
   "Lamento mucho la situación del juez Garzón pero en el fondo sólo va a servir para su engrandecimiento porque está actuando con una dignidad extraordinaria, con la misma dignidad con la cual procesó a Pinochet y encausó a personajes terroristas o a políticos", argumentó Guzmán Tapia en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.
   Por otra parte, recordó que la Corte Suprema de Chile "quedó muy mal" al dejar sin efecto los procesamientos que se llevaron a cabo contra el dictador Augusto Pinochet. "Quedó muy mal porque quedó como obediente a una clase socio económica que ha predominado en los últimos 200 años. Yo creo que en España va a ocurrir lo mismo". Así, opinó que "la Justicia española, al igual que la Justicia chilena va a quedar muy mal si sanciona o persigue a Baltasar Garzón".
   En este sentido, indicó que, a su juicio, en España se está "cortando las manos" de los jueces progresistas que "quieren investigar sobre los grandes crímenes a la Humanidad". "¿Quién se va atrever si no es Garzón, a investigar estas causas?", se cuestionó.
"UN HITO EN LA HISTORIA DE LOS DD.HH."
   Asimismo, señaló que Garzón constituirá "un hito en la Historia de los Derechos Humanos tan grande que nada le va a opacar". Dicho esto, destacó de Garzón "su gran valentía y "su gran compasión con las personas que han sufrido la desaparición de sus seres queridos". "La Justicia Universal persigue que los crímenes contra la Humanidad no se vuelvan a repetir y si hay un juez que ha sido emblemático en ese tema es el juez Garzón", enfatizó.
   En relación con la interpretación de la ley de amnistía que Garzón realizó, el magistrado chileno aclaró que es "compartida por muchos profesores y muchos magistrados del mundo entero" que piensan que los crímenes contra la Humanidad no pueden ser objeto de un perdón en virtud de la ley de amnistía". "Varela, por muy respetable que sea, por muy buena carrera que haya hecho, es juez ante todo y sabe que los jueces interpretan las leyes", apostilló.

ep - Europa Press

viernes, 9 de abril de 2010

PROGRAMA e INVITACION A LAS ACTIVIDADES - CEREMONIA POR LOS 11 DETENIDOS DESAPARECIDOS IDENTIFICADOS DE LA MONEDA

Por un funeral digno a 37 años del Golpe Militar.


- viernes 09 de abril : desde las 9:00 SML
        De avenida la paz, hacer todo el recorrido por teatinos, alameda, Morande 80, moneda y teatinos
        - se entrara por el costado de la moneda a calle Valentín Letelier n.18, y se pasara al local del sindicato federación empleados particulares, donde en su salas estarán las victimas.
(Podrán ir todos los que quieran despedir a nuestros familiares victimas de violaciones a los d.d.h.h.)
- sábado 10 dentro de las 9: 00 – 9:30 se les realizará una ceremonia religiosa en el lugar
        - a las 10.30 am serán llevados nuevamente al recorrido teatinos, alameda, mor ande 80 y parte a cementerio general.
        -cementerio general se hará un acto, en donde cada representante de familia hablará
        Familias:
        - Moreno pulgar,
        -Juan Alejandro Vargas Contreras
        -Lagos ríos
        - Palabras de un represéntate de los sobrevivientes del gap,
        - Palabras dirigentes de la agrupación f. d. e .d la moneda
-se dará paso a llevar a las victimas a los lugares que será su ultimo descanso en memorial a los detenidos desaparecidos Santiago.

Primera Linea 4 de Abril 2002Corresponden a detenidos desaparecidos de La Moneda
La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad.
En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros.
Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso.

Pozo equivalente a seis pisos
Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas.
Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias.
Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación.

¿Quiénes son?
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.

Mas información:
http://comunallauritaallendeesp.blogspot.com/2010/04/este-viernes-9-de-abril-de-2010-partir.html


En Chile califican de "gravísimo y vergonzoso" el juicio a Garzón

Santiago de Chile, 7 abr (EFE).- Familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y abogados de derechos humanos coincidieron hoy en calificar de "gravísimo y vergonzoso" que el juez Baltazar Garzón sea procesado por investigar los crímenes del franquismo.
Al igual que hizo previamente Amnistía Internacional, Garretón consideró un verdadero bochorno que un magistrado pueda ser juzgado por buscar "la verdad, la justicia y la reparación" para más de 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española (1936-1939), "y quién, además, fue capaz de detener al dictador Augusto Pinochet mientras este permanecía en Londres".
Garretón dijo a Efe que gracias a Garzón se abrió una puerta en todo el movimiento de derechos humanos que había estado reclamando por años el ejercicio de la jurisdicción universal.
"El ejercicio de crímenes contra la humanidad no concierne sólo a un país determinado sino que a toda la humanidad y Garzón lo hizo brillantemente, logró convencer a los jueces ingleses en el caso de Pinochet", añadió.
Garretón recordó que gracias a la detención de Pinochet (el 16 de octubre de 1998), centenares de jueces en todo el mundo se sintieron habilitados para ejercer la función judicial a nivel internacional o para ejercerla en sus propios países.
"Si Pinochet no hubiera sido detenido tras la orden del juez Garzón, no hubiera habido juicio contra Alberto Fujimori, porque no se usaba juzgar a los presidentes o ex presidentes", subrayó.
"Garzón es el que abre la puerta y eso no deja de ser un efecto muy importante en el mundo", apostilló.
Además, dijo, los jueces argentinos eliminaron la ley de amnistía como consecuencia de la detención de Pinochet en Londres.
En tanto, para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, el caso del juez Garzón es "gravísimo".
"El estar acusando al único juez que fue capaz de instalar tribunales especiales para juzgar a los violadores a los derechos humanos y que, gracias a él, ningún dictador puede andar suelto por el mundo, sólo me parece una maniobra del fascismo español", declaró a Efe Pizarro.
Afirmó que de no ser por Garzón, Pinochet no hubiera sabido lo que es estar detenido "pero además, todos los dictadores hasta antes de esa detención se creían intocables".

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i3me8K2t6W_bKTEU1PjN--c8N15w

jueves, 8 de abril de 2010

Garzón, la última víctima del franquismo

La decisión del Supremo de sentar en el banquillo al juez de la Audiencia nacional por investigar los crímenes de la dictadura puede derivar en una importante contestación social. Las asociaciones de víctimas tienen recogidas alrededor de 20.000 firmas de apoyo y saldrán a la calle en protesta por la decisión del magistrado Luciano Varela, cuyo auto de procesamiento contra Garzón certifica la ruptura de la izquierda judicial.
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 07.04.2010

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España:
"Si este juicio se produce sería el primer caso que conociéramos de que un juez, que intenta conseguir verdad, justicia y reparación para más de 100.000 desaparecidos, es procesado".

Cayo Lara, coordinador general de IU:
"Sentar en el banquillo a Garzón es una afrenta a las víctimas, a los familiares y a las asociaciones en defensa de la memoria histórica de nuestro país". "España es un país de paradojas, donde hay muchos chorizos acusados de corrupción paseándose por la calle y un juez que, por luchar contra los crímenes del franquismo, está en el banquillo".

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO:
“Es una auténtico escándalo que organizaciones que deberían estar ilegalizadas (en alusión a Falange) estén hoy a punto de sentar en el banquillo de los acusados al juez Garzón”.

Antonio Hernando, secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE:
"Garzón es uno de los jueces españoles que más ha hecho en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la delincuencia organizada y en la lucha contra la corrupción".

Tomás Gómez, secretario general del PSM-PSOE:
“Es una persecución inaceptable e inasumible. Hay una campaña de acoso y derribo contra Garzón con el objetivo de amedrentar a todo el que intente esclarecer irregularidades del PP”.

Joan Josep Nuet, senador de IU:
"La derecha judicial echa una mano a la derecha política para que no se siga hablando del caso Gürtel".

SE CONFIRMAN LOS MALOS AUGURIOS

Tal y como adelantó nuevatribuna.es, el Tribunal Supremo ha dictado el auto de procesamiento contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la apertura de la causa contra los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Asociaciones de víctimas, sectores de la judicatura, los sindicatos mayoritarios, distintas asociaciones y varios dirigentes políticos han salido en defensa del magistrado que terminará sentado en el banquillo de los acusados para responder por un delito de prevaricación.

La noticia se hacía oficial este miércoles con un auto dictado por Luciano Varela después de que el pasado 25 de marzo, la Sala de lo penal del Alto Tribunal rechazara el recurso de Garzón alegando que el magistrado querellado por grupos de ultraderecha “actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”.

La apertura del juicio oral lleva aparejada la suspensión temporal de sus funciones como magistrado, un extremo que deberá ser ratificado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial. Todo apunta a que el órgano de gobierno de los jueces dará el visto bueno a que se juzgue a Garzón pasando así a convertirse –tal y como se comenta ya en algunos círculos- en “la última víctima del franquismo”. Esto ha sido posible porque parte de la ‘izquierda judicial’ se ha sumado al bloque conservador mientras otros sectores de la judicatura se han manifestado en contra.

150.000 DESAPARECIDOS

El procesamiento de Garzón ha puesto a las asociaciones de víctimas en pie de guerra. Estos colectivos nacidos a la luz de la Ley de Memoria Histórica fueron los que acudieron a la Audiencia Nacional para pedir la exhumación de fosas y denunciar detenciones ilegales, desapariciones forzadas y masivas, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, etc. Dichas organizaciones remitieron el 26 de marzo al Tribunal Constitucional un escrito pidiendo la suspensión cautelar del proceso contra Garzón hasta resolver su personación en el mismo, lo que fue negado por el Supremo con el fundamento de “no perturbar” y “no hacer abuso de derecho” en el proceso abierto, así como “carecer de legitimación para ser parte”.

En curso también se encuentran las recusaciones contra algunos de los magistrados del Supremo incluido su presidente Carlos Dívar. Para el abogado de los familiares de las víctimas del franquismo, Fernando Magán, el hecho de que el Supremo no haya admitido las pruebas que presentó Garzón para su defensa supone la “indefensión” del magistrado, además de “menoscabar y perjudicar” a las propias víctimas.

LA LEY DE AMNISTÍA NO AMPARA EL FRANQUISMO

En el escrito al que hacemos referencia figura la estremecedora cifra de 152.237 personas desaparecidas. En su recurso, Magán también denuncia la “alarma social” en el Estado de derecho creada a raíz de este caso. En concreto habla de las “dudas sobre la lealtad a la Constitución y sobre la correcta aplicación del Derecho Internacional por prejuicios ideológicos” que acompaña con declaraciones de juristas que aprecian una “persecución orquestada” contra Garzón con una justicia “abierta al fascismo y cerrada a sus víctimas”.

También pone sobre le tapete las “dudas” sobre la independencia judicial “por razones de amistad o enemistad manifiesta” y “espíritu de revancha”, o por razones de “contaminación o interferencias desde otros poderes estatales”, poniendo “en juego” al sistema democrático y a la división de poderes. Magán desmonta asimismo la prescripción de estos delitos y la invocación hecha por Varela a la Ley de Amnistía de 1977, uno de cuyos ponentes, Jaime Sartorius, mantiene que dichas leyes no estuvieron pensadas para el franquismo, tal y como explica en un reciente artículo publicado en el diario El País.

PROTESTAS Y MOVILIZACIONES

Las asociaciones de víctimas tienen recogidas alrededor de 20.000 firmas de apoyo a Garzón. Desde la web de la Asociación de Familiares de Fusilados en el Cementerio de Ocaña, se están recogiendo las adhesiones. Una de sus responsables Carmen Díaz explica en conversación con nuevatribuna.es que se están recogiendo “4-5 firmas por minuto”. Lo que se pretende es remitirlas al Supremo y al CGPJ acompañadas del escrito donde se denuncia la “persecución” a Garzón.

Estos colectivos saldrán a la calle en protesta por la decisión del Supremo que provocará “un movimiento ciudadano importante”. El asunto, a juicio de Carmen Díaz, “está removiendo muchas conciencias porque nos jugamos mucho, nos estamos jugando el Estado de Derecho”, afirma.

Por otro lado, se prepara una protesta a las puertas de la Audiencia Nacional, así como el acto convocado por CCOO y UGT el próximo martes día 13 del que también se ha informado en estas mismas páginas.

PDF: Auto del juez Luciano Varela

PDF: DECLARACIÓN DE APOYO A BALTASAR GARZÓN
 
 
 

miércoles, 7 de abril de 2010

Amnistía, amnesia y paramnesia


AMNISTÍA, AMNESIA Y PARAMNESIA


Pedro López López
Miguel Ángel Rodríguez Arias
Lydia Vicente Márquez

A efectos de las obligaciones que impone el derecho internacional, España parece seguir un comportamiento un tanto errático. No hace muchos días, Carlos Slepoy y Matías E. Garrido denunciaban en un artículo de prensa el comportamiento de España con los ciudadanos de países latinoamericanos, ciudadanos que son tratados con una evidente falta de reciprocidad con respecto a los ciudadanos españoles que viajan a aquellos países. Esto significa, denunciaban Slepoy y Garrido, una falta de respeto de España por los tratados que firma con otros países y que obligan tanto a la reciprocidad de trato como a la buena fe. ¿Se está convirtiendo España en lo que se ha dado en llamar un “Estado gamberro”?

En el asunto de los crímenes del franquismo el asunto es aún más peliagudo. El manto de silencio con el que se ha querido cubrir la peor etapa de la historia de España revela no sólo una falta de voluntad política del Estado español por dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, sino una preocupante cobardía por parte de la clase política. Pero cuando este silencio está siendo desgarrado por la emergencia de tantos datos que van saliendo a partir de las investigaciones de historiadores, cuando ya es imposible desconocer la magnitud de los crímenes cometidos durante el genocidio de Franco y sus compinches, todavía las capas dirigentes de este país no son capaces de dar un paso adelante mirando de frente el asunto y cumpliendo con la legislación internacional en materia de violaciones de derechos humanos, que es clara y de obligado cumplimiento por parte del Estado. El escándalo internacional de la persecución del juez Garzón por considerar que investigar de forma efectiva y exhaustiva violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales es prevaricar, es mayúsculo. No se comprende fuera de España lo que está ocurriendo aquí. Por un lado, está la injerencia y perturbación a la independencia judicial que ello supone, tal y como resaltó en su día la Comisión Internacional de Juristas y más recientemente la American Bar Association. Por otro lado,  la ilegal invocación de la Ley de Amnistía de 1977 para blindar estos crímenes es un bochorno internacional. En todo caso, parece sorprendente que nuestro Alto Tribunal, a estas alturas de evolución del Derecho Penal Internacional, sostenga e impulse una interpretación impropia del derecho que preconiza la exclusión de responsabilidades ante graves violaciones de los derechos humanos constitutivas de delitos bajo el Derecho Internacional y perpetúa la impunidad; interpretación que, por otro lado, podría generar responsabilidad internacional del Estado español por violación de las obligaciones que incumben al estado, de acuerdo al Derecho Internacional.

El Comité de Derechos Humanos ha instado a España a que no se aplique esa ley en nuestros tribunales como una ley de punto final, completamente incompatible con el derecho internacional al pretender amnistíar crímenes de lesa humanidad. Igualmente, ha recomendado la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura franquista.  El Comité contra la Tortura también ha recomendado adoptar medidas tendentes a asegurar que los actos de tortura, que también incluyen desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha recordado al Gobierno sus obligaciones con arreglo a la Declaración, en particular, que los Estados tienen el deber de realizar investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada; deber que choca frontalmente con la aplicación de la amnistía, que a lo que lleva es a perpetuar la impunidad.

Lo que queda absolutamente claro para las Naciones Unidas (cuyos acuerdos de paz por ejemplo, nunca pueden prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad o por infracciones graves de los derechos humanos) y para organizaciones de defensa de derechos humanos del prestigio de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos (red internacional que agrupa a 155 organizaciones de 100 países), es que esta ley es contraria al derecho internacional y no puede invocarse para dejar impunes crímenes de derecho internacional, como es el caso.
Pero todavía hay más con respecto a los que esgrimen la Ley de Amnistía de 1977. Para empezar, la propia Constitución Española determina en su artículo 61.i que no podrán  autorizarse indultos generales, de tal suerte que la amnistía necesariamente ha desaparecido del Código Penal como forma de extinción de la responsabilidad penal.  Por otro lado, según el artículo 9 de la Ley de Amnistía corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales la aplicación de la amnistía, y, por el momento, ni se ha solicitado expresamente tal aplicación  ni se ha atribuido a personas concretas la responsabilidad penal de actos “de intencionalidad política” para, posteriormente, declarar extinguida esa responsabilidad. Y todo ello, porque tales cuestiones requieren de un proceso judicial que es lo que precisamente se ha pretendido evitar a toda costa. Hay que retorcer hasta lo indecible la legislación internacional, la Constitución Española y la propia Ley de Amnistía para la inadmisión que pretenden los defensores de la impunidad con la complicidad del Estado, parte de los fiscales y magistrados, y buena parte de la clase política.
En cuanto a la “amnesia”, el olvido -en este caso intencionado- de las víctimas del franquismo debería cubrir de vergüenza a una clase política que se pretende “demócrata”. Parece que hemos olvidado que España es parte del sistema de protección de los derechos humanos al ser miembro de las Naciones Unidas (fue admitida en dicha organización el 14 de diciembre de 1955), por lo que el Estado español es responsable internacionalmente desde esa fecha por la infracción de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas de 1945, cuyo artículo 55 establece que se promoverá el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, así como la efectividad de tales derechos y libertades.
Dejar que la historia franquista describa a los que defendieron  el régimen legal y legítimo como alimañas y no responder adecuadamente, o sea, poniendo las cosas en su sitio sencillamente, revela una  pusilanimidad incompatible con la reivindicación de un régimen democrático. Hay que recordar aquí la penosa versión que reciben los escolares españoles sobre la historia de la guerra civil y el franquismo. En absoluto les queda la idea, a partir de los textos escolares, de que España ha pasado una de las peores dictaduras que se hayan dado en la historia de la Humanidad.
Por último, cabe hablar metafóricamente de “paramnesia”. La paramnesia es una patología consistente en la elaboración falsos recuerdos. El maquillaje de la larga noche franquista como una suerte de autoritarismo yeyé, el negacionismo de su aterrador genocidio aún entre nosotros, y la presentación de una transición idílica que se ha pretendido exportar como modelo -de impunidad- a otros procesos transicionales han sido operaciones dirigidas desde arriba destinadas a fabricar una falsa memoria colectiva. El trabajo de historiadores y periodistas rigurosos que trabajan como una solvente base documental así lo demuestra. El mito de una transición plácida ha sido desmontado por periodistas como Alfredo Grimaldos o Mariano Sánchez Soler, que han rastreado la prensa de la transición para poner en evidencia que el número de muertos en esa época fue bastante superior al del período republicano, y hay que recordar que el golpe de estado de 1936 se justificó en base a la necesidad de poner orden en una sociedad convulsa y violenta. Más lo fue nuestra transición “ejemplar”, quién lo diría, y aún tenemos varios miles de fosas comunes entre nosotros 35 años después.

Pedro López López. Profesor de La Universidad Complutense y activista de derechos humanos.
Miguel Ángel Rodríguez Arias. Profesor de La Universidad de Castilla-La Mancha. Autor de “Los niños robados del franquismo. Crimen contra la Humanidad”.
Lydia Vicente Márquez. Abogada experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

 La República

viernes, 2 de abril de 2010

Más allá de Garzón

TRIBUNA: XIMO BOSCH  - 02/04/2010

Alguien escribió en forma aforística que los casos difíciles generan mal Derecho. La causa instruida por Garzón sobre la Guerra Civil y las posteriores querellas presentadas por supuesta prevaricación representan asuntos de cierta dificultad. Sin embargo, no parece que las resoluciones dictadas en ambos procedimientos presenten una mala calidad jurídica. Más bien dichas actuaciones han desencadenado una intensa polémica por la especial naturaleza de las mismas.
Al examinarse la labor de Garzón como instructor, resulta obligatorio entender la elevada complejidad del objeto de la investigación sobre la Guerra Civil.
No nos encontramos ante un pronunciamiento incruento como el que llevó a cabo el general Miguel Primo de Rivera, cuando en 1923 dio un golpe de Estado mediante un simple telegrama que remitió a Alfonso XIII.
Al contrario, el plan diseñado por Mola en julio de 1936, y continuado luego por Franco, buscaba derrocar un Gobierno constitucional mediante una amplia insurrección militar, así como usar el terror de forma planificada para exterminar a los adversarios ideológicos y de este modo atemorizar al resto de la población, con el fin de instaurar un nuevo orden político. Además, como señala Preston, el alcance de esta represión no tuvo equivalente en ningún país europeo por su extensión personal y su larga permanencia.
Al calificar penalmente estos hechos, partimos de un delito contra la forma de gobierno, que tuvo como consecuencia decenas de miles de asesinatos, torturas y lesiones. Y multitud de detenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas que siguen enterradas en fosas comunes. Y, además, también otros sucesos penosos y poco conocidos, como los numerosos niños que fueron arrebatados a sus madres para ser entregados en adopción a familias del bando vencedor. La magnitud de esta terrible tragedia colectiva resulta difícil de describir. Por ello, la pluralidad de figuras delictivas concurrentes suscita enormes controversias sobre las normas aplicables, sobre los cómputos de la prescripción o sobre las reglas de competencia.
En relación con la causa contra Garzón, cualquier análisis de las resoluciones del magistrado instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, debe implicar un reconocimiento de su trayectoria y de su acreditada valía profesional.
No obstante, existen importantes voces en la comunidad jurídica que han expresado sus discrepancias al considerar que se está optando de forma discutible por una lectura extensiva del delito de prevaricación. Desde esta perspectiva, Garzón se habría decantado por una alternativa jurídica legítima entre las varias posibles. En consecuencia, no resultaría acertado afirmar que Garzón sabía que no era competente, pues sus decisiones fueron compartidas por diversos magistrados de la Audiencia Nacional al emitir sus votos particulares. Y la misma tesis han sostenido varios jueces de instrucción que han intervenido en las actuaciones.
De hecho, somos cientos los magistrados de este país que habríamos actuado en conciencia del mismo modo en que lo hizo Garzón. Tampoco puede aceptarse que los hechos no pudieran investigarse a causa de la Ley de Amnistía de 1977, que se refiere sólo a delitos políticos, pues los tribunales internacionales han declarado reiteradamente la perseguibilidad en todo caso de los crímenes contra la humanidad y la falta de validez de las normas de punto final.
Más allá de la suerte de Garzón, en este debate están en juego concepciones esenciales del Estado de derecho. La consolidación de una doctrina expansiva sobre la prevaricación nos conduciría a una peligrosa restricción de la independencia judicial. Y a una visión jerarquizada y subordinada de la interpretación de las normas. Ello reduciría la potestad valorativa sobre los principios constitucionales y limitaría el desarrollo de la jurisprudencia, ante el riesgo de que las aportaciones innovadoras pudieran ser criminalizadas.
Por otro lado, en un plano muy distinto, no podemos ignorar una inquietante paradoja. A diferencia de lo que ocurrió en otros países con regímenes totalitarios, en España los autores de gravísimos delitos nunca se han enfrentado a un juicio ni han asumido sus responsabilidades penales. Sin embargo, es probable que quien se siente en el banquillo sea el único magistrado que ha investigado esos crímenes.
Resultaría perturbador que Garzón fuese excluido de la judicatura y finalizara su vida profesional impartiendo clases en universidades norteamericanas, argentinas o chilenas, como les ocurrió a Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Luis Cernuda y tantos otros de nuestros exiliados de la guerra.
Sin duda, ambas situaciones no serían literalmente comparables. Y los juristas siempre podríamos explicar lo sucedido con abundantes tecnicismos. Pero, ciertamente, no creo que gran parte de nuestra sociedad pudiera conseguir entenderlo.

 El País - Tribuna

jueves, 1 de abril de 2010

RESPONSABLES DEL ASESINATO DE CARMELO SORIA DEBEN COMPARECER ANTE LA JUSTICIA

Declaración pública de Amnistía Internacional en Santiago de Chile

“Las personas responsables del asesinato de Carmelo Soria Espinoza deben comparecer ante la justicia y no verse exceptuadas por aplicación de una ley contraria al derecho internacional” declaró Louise Finer, investigadora de Amnistía Internacional para Chile.

Amnistía Internacional considera que la decisión del Magistrado de la Corte Suprema Héctor Carreño, quien concluyó que debía aplicarse la Ley de Amnistía (Decreto Ley No. 2.191/1978) en el caso del homicidio del funcionario de la CEPAL, Carmelo Soria, en julio de 1976, es contraria a las obligaciones que, bajo el derecho internacional, pesan sobre Chile incluso desde antes de 1973.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho anteriormente que la Ley de Amnistía de 1978 no puede constituir un obstáculo para la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile a partir de 1973 y es de prever que, si lo resuelto por el Ministro Carreño no es revertido en Chile, lo será en definitiva por la Corte”, manifestó Louise Finer.

Aunque en los últimos años se ha eludido la aplicación de la Ley de Amnistía mediante diferentes figuras legales e interpretaciones que limitan su alcance, avanzando de esta manera en la lucha contra la impunidad en Chile, esta decisión demuestra un ejemplo preocupante de la posibilidad de que se siga aplicando.

Los crímenes de derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no pueden quedar impunes, sea merced leyes de amnistía, aplicación de la prescripción o inmunidades o cumplimiento de la orden de un superior, entre otras excusas.

“Si se confirmara la decisión del nuevo gobierno de apelar la resolución del Juez Carreño, ello constituiría sin duda una decisión acertada, en la dirección correcta, pues la familia de Carmelo Soria tiene el derecho a saber la verdad de los hechos que concluyeron con su asesinato en 1976, así como también a exigir que los responsables de tal acto sean juzgados por el mismo” sostuvo Louise Finer.

Sin embargo, esta decisión judicial demuestra que Chile aún tiene pendiente una importante deuda en materia de derechos humanos: la anulación del Decreto Ley No. 2.191. Amnistía Internacional hace un llamado a la nueva administración, hecho en reiteradas oportunidades a los sucesivos gobiernos chilenos, sobre la necesidad de anular este Decreto Ley que proyecta una sombra peligrosa en todo procedimiento legal que se inicie en relación a las violaciones de derechos humanos cometidas antes de 1978, y obstaculiza la lucha contra la impunidad en Chile.

Información complementaria

Carmelo Soria, un funcionario internacional de nacionalidad española-chilena, fue encontrado muerto en un canal de Santiago de Chile en julio de 1976, luego de ser secuestrado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) al salir de su trabajo.

A raíz del caso de Carmelo Soria, en un informe del año 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado Chileno a “adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de manera que se deje sin efecto el Decreto Ley No. 2.191 dictado en el año 1978, de modo que las violaciones de derechos humanos del gobierno militar de facto contra Carmelo Soria Espinoza puedan ser investigadas y sancionadas.”

La misma Comisión concluyó que respecto a Carmelo Soria Espinoza, el Estado chileno había violado, tal como lo establece la propia Corte Suprema de Justicia de Chile en su sentencia de 23 de agosto de 1996, el derecho a la libertad personal, el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal consagrados en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Ya en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había concluido en otro caso contra Chile que: “el Decreto Ley No. 2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

martes, 30 de marzo de 2010

Quart acoge la presentación de la Iniciativa para cambiar la Ley de la Memoria Histórica

Diario “Levante” (Valencia),  29/3/10

Cincuenta juristas trabajan en el texto para considerar el "genocidio" en la dictadura y la "impunidad" posterior  



V. X. C.,  QUART DE POBLET
El profesor de Derecho Constitucional y presidente estatal de Unidad Cívica por la República José Luis Pitarch fue el encargado de presentar las directrices del anteproyecto para la "Iniciativa Legislativa Popular por una Ley de Justicia y Regeneración para las víctimas del genocidio y la dictadura franquista y el posterior período de impunidad". El acto se desarrolló en la mañana y tarde del sábado 27  en el edificio consistorial de Quart de Poblet y estuvo convocado por Izquierda Republicana y Unidad Cívica por la República.
Con la conferencia del profesor Pitarch se quiso acercar a la ciudadanía del área metropolitana de Valencia el anteproyecto o Proposición de Ley para cambiar la actual Ley de la Memoria que ha preparado el profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias. El texto será trabajado por las diferentes gestoras que se están creando en el Estado para que, después, un grupo de cincuenta juristas debata y perfeccione el anteproyecto para entregarlo en el Congreso de los Diputados y arranque el camino de nueve meses en el que los impulsores tendrán que recoger 500.000 firmas para sustituir la actual Ley, que no es del agrado de los ciudadanos que ahora se han movilizado.

Copiada de Franco
El autor del documento de partida, Rodríguez Arias, recordó que la actual Ley de la Memoria Histórica "esta copiada de una orden de Franco de 1940 que viola varios e importantes derechos humanos". La Iniciativa legal popular se resume en diez puntos. En primer lugar se trata de una propuesta abierta para el debate; que busca el enjuiciamiento penal de todos los crímenes del franquismo y del posterior período de impunidad; también emplaza a la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía de octubre de 1.977, la cual se pretende aplicar para impedir el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo; el reconocimiento parlamentario del genocidio franquista; la Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas del franquismo y también de la impunidad; la nulidad de lo que se ha considerado históricamente como "sentencias" que,  para los autores de la Proposición de Ley, no son más que "asesinatos de Estado".
También se recoge la Restitución de los desaparecidos a sus familiares; la verdad, justicia y reparación de género. Finalmente, se reclama la restitución de los grados y honores militares a los guerrilleros y defensores antifascistas, todo ello en el marco del reconocimiento de la verdad, de la justicia y reparación.

sábado, 27 de marzo de 2010

La nieta de Companys no se da por satisfecha con el informe de la fiscalía

La nieta de Companys y juristas e historiadores claman por la nulidad del juicio

À. PIÑOL / M. ROGER - Barcelona - 27/03/2010

La euforia que mostraron el jueves el presidente José Montilla y del consejero de Interior, Joan Saura, por el informe de la fiscalía que considera "nulo" el juicio a Lluís Companys no es compartida, ni de lejos, por la nieta del presidente de la Generalitat republicano asesinado en 1940, Maria Lluïsa Gally.
La euforia que mostraron el jueves el presidente José Montilla y del consejero de Interior, Joan Saura, por el informe de la fiscalía que considera "nulo" el juicio a Lluís Companys no es compartida, ni de lejos, por la nieta del presidente de la Generalitat republicano asesinado en 1940, Maria Lluïsa Gally. "Esto es un informe técnico, no una declaración oficial", aclaró ayer Gally desde su residencia en México. Avanzó que la familia "está contenta porque cada vez hay más luz y se ha dado un paso adelante", aunque ilustró: "No queremos que se quede ahí". Gally exige un paso adelante de la Generalitat para lograr lo que quiere: una declaración oficial que repare la figura de su abuelo.
"La Generalitat me ha dicho que está muy contenta, pero yo les he dicho que no quiero que quede así, quiero que todo el mundo sepa oficialmente lo que le pasó a mi abuelo", pidió Gally. La nieta de Companys recibió la noticia de Saura, que le remitió el informe de la fiscalía. Gally le respondió que quiere un paso más. De momento, espera respuesta.La fiscalía quiso dar por cerrado el caso de la condena de muerte del presidente Companys declarando el juicio ilegítimo al acogerse a la Ley de la Memoria Histórica. Pero el asunto está lejos de quedar archivado. Lo dejó claro la nieta de Companys, Maria Lluïsa Gally: 'Quiero una declaración oficial que diga que mi abuelo fue secuestrado y asesinado cobardemente por ser el presidente de la Generalitat'. La nieta del que fuera presidente durante la República, fusilado el 15 de octubre de 1940, pide 'la dignificación de la figura de Companys', es decir, la nulidad de los dos juicios que lo condenaron a muerte. Juristas e historiadores relacionados con el Memorial Democrático, impulsado por el tripartito, en la misma línea que el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, mostraron su decepción por la decisión adoptada por los fiscales de no apelar la condena ante el Supremo al alegar que la sentencia sólo la puede declarar nula un tribunal. La mayoría confesó, sin embargo, que no les sorprendía la resolución de los fiscales porque viene precedida de un problema político mal resuelto. Pero algo sí les dejó atónitos: que la mayoría de la clase política, salvo Esquerra, haya aplaudido el informe de la fiscalía. El tripartito pidió con solemnidad en octubre instar al ministerio público a presentar el recurso, ahora desestimado. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, José Montilla, calificó esa decisión en positivo -'un hecho sin precedentes'- y el consejero de Interior, Joan Saura, de Iniciativa, de 'gran día para Cataluña'. ERC seguirá batallando. Joan Ridao, secretario general, lo comunicó el jueves a Montilla y Miquel Caminal, presidente de Memorial, la institución que planeó en otoño iniciar una campaña internacional en favor de la nulidad. La Comisión de la Dignidad debate las medidas que tomar. Su presidente, el jurista Josep Cruanyes, también asesor del Memorial, señaló que se plantean pedir al Supremo una confirmación de la nulidad de la sentencia y de los antecedentes penales de Companys. 'La prueba del algodón será si el Consejo del Poder Judicial incluye en su repertorio de sentencias la anulación del proceso', apuntó incrédulo, tras sentirse 'avergonzado' por las 'barbaridades jurídicas'. Cruanyes lamentó que el tripartito se haya conformado y vio inaceptable que la fiscalía no haya dado el paso quizá por miedo a un precedente: "Todo el mundo, sean tres o 3.000 personas, tiene derecho a la nulidad. Alemania dio miles de indemnizaciones a familiares víctimas de los nazis".
No fue el único que citó el ejemplo alemán. El historiador y catedrático Joan B. Culla, miembro también de la junta de gobierno del Memorial, explicó que una nulidad se puede conseguir de dos formas: a través de una ley, como hizo el Bundestag declarando nulos todos los juicios durante el nazismo o bien a través de un tribunal. "La ley de la Memoria Histórica sólo considera ilegítimos los juicios franquistas. No los anula, por lo que lo tiene que hacer un tribunal. La fiscalía ha hecho un juego de manos para ocultar la realidad", dijo Culla, "atónito" ante la reacción de parte del tripartito. "Si todo estaba ya estipulado en la ley, ¿por qué han perdido tanto tiempo en pedir la revisión y buscar certificados?".
El historiador Borja de Riquer abundó que la Ley de la Memoria debía de haber incorporado la nulidad. "Se perdió una oportunidad al dejarlo para la vía judicial", apuntó De Riquer, que recordó que por eso no prosperó la nulidad del caso de Puig Antich. Josep Fontana, catedrático de Historia Económica, afirmó: "El de Companys no fue un proceso más y es de una gravedad especial. Puedo entender que ahora hay problemas más graves e inminentes pero reparar el crimen merece algo más que una solución formal, como la ley que anulaba el proceso".

El País

El acoso al juez Garzón

"Falange mató al 98% de los exhumados", dice la asociación de víctimas

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 26/03/2010

"Francisco Correa y Falange. El acusado denuncia al investigador. Quien va a sentar a Garzón en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo mató al 98% de las víctimas que hemos exhumado", asegura Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). "Todo esto es muy triste. Hay familiares deprimidos por lo que le están haciendo a Garzón". Otros, recuerda, han muerto esperando.
La asociación acusa de prevaricación a todos los jueces de primera instancia que, al ser alertados del hallazgo de restos humanos con signos de violencia (impactos de bala, huesos rotos...), no han visitado la fosa, "incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y entregará al Consejo General del Poder Judicial un informe con sus nombres.

Daños colaterales

"Desde que se admitió a trámite la querella contra Garzón, presentamos 10 denuncias por hallazgos de restos humanos en distintas localidades. En siete ni nos contestaron. Los jueces territoriales ven lo que le han hecho a Garzón y no quieren líos. Pasará lo mismo con el PP. A ver qué juez se atreve a investigarles después de esto", dice Silva.
Los familiares están deshechos y las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, perplejas. "Es curioso, la indignación es mayor fuera que dentro de España", añade el presidente de la ARMH. La Asociación declaró ayer que el día que Garzón sea juzgado por abrir una causa contra el franquismo, su banquillo estará lleno de gente. "Nos sentaremos con él miles de hombres y mujeres que llevan décadas esperando justicia". Están decididos a seguir luchando. "Llegaremos a Estrasburgo".

El País