viernes, 30 de abril de 2010

España se enfrenta al examen de la ONU con el caso Garzón de protagonista

AGNESE MARRA
La polémica internacional que ha generado que el juez Garzón fuera juzgado por investigar el franquismo, ha llegado hasta los despachos de la ONU en un momento delicado para España, ya que en menos de una semana tendrá que responder sobre la situación de los derechos humanos en el país. A última hora el acoso a Garzón se ha colado entre las asignatura pendientes a explicar ante Naciones Unidas.
NUEVATRIBUNA.ES - 29.04.2010

En apenas seis días España será sometida a examen. Los temas no versarán sobre economía o empleo, sino sobre Derechos Humanos. Pero la diplomacia española no esperaba enfrentarse a un tema que parece haberse colado a última hora: el juez Garzón.

El próximo miércoles el Estado español será el país examinado en Ginebra por Naciones Unidas dentro de las evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos a las que son sometidos todos los países cada cuatro años. Su material para evaluar consiste en un informe elaborado por el propio país, al que se añade otro informe elaborado por ONG’s.

Ambos documentos fueron enviados en el mes de noviembre. La diplomacia española lleva meses preparando su presentación y tenía ases en la manga como la Ley de Igualdad o el reconocimiento del matrimonio homosexual. Sin embargo no se esperaba que uno de los temas con los que la ONU ha sido más dura, como la permanencia de la Ley de Amnistía de 1977 o la falta de ayuda a las víctimas del franquismo, le iba a salpicar de frente con el nombre de Garzón como protagonista.

“La polémica de Garzón ya no es nacional sino que es internacional. Las manifestaciones en su apoyo y el asombro por lo sucedido en España ha superado de lejos nuestras fronteras”, decían para nuevatribuna.es fuentes de Amnistía Internacional. Es precisamente esta ONG una de las que envió su informe de evaluación de España: “Una vez más, porque lo llevamos haciendo desde 2005, hemos denunciado la ausencia del derecho a la Verdad, Justicia y Reparación, para las víctimas del franquismo. No hemos expresado a la ONU nuestro apoyo expreso al Juez, sino que nos hemos centrado en los derechos de las víctimas y en la persecución de las desapariciones forzosas”, señalan desde AI.

A pesar de que la documentación enviada era del mes de noviembre, las actualizaciones son permanentes, y a medida que se acerca la fecha de la evaluación las ONG son las que actualizan cada uno de los puntos que consideran imprescindibles: “Cuanto más cerca estemos del examen más tenemos que presionar al Gobierno”, dicen desde AI. Por eso esta ONG así como otras como Human Rights Watch han formado lobby para hablar con diversos diplomáticos extranjeros, con otras asociaciones y diversos políticos de la UE para informar sobre lo acontecido con Garzón y sobre la citación de España en materia de derechos humanos.

Sin embargo en su primer informe, AI ya advertía que desde que el juez Garzón tuvo inhibirse de la investigación “entre los familiares de las víctimas cunde la incertidumbre sobre el derecho a tener un remedio efectivo y a conocer el destino de sus seres queridos”, señalaba el informe originario.

La delegación española que se presentará el próximo miércoles estará encabezada por la secretaria de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios y por un equipo de técnicos de diversos ministerios. “Sabemos que el asunto muy probablemente saldrá y estamos preparando las respuestas con la tranquilidad que da saber que no se está cometiendo ninguna violación de los derechos humanos. Al contrario, la situación en España es muy positiva”, le dijo al diario Público , uno de los diplomáticos que está preparando la comparecencia de España.

Según Amnistía Internacional la respuesta “más previsible” del Estado español será que “ya existe una Ley de Memoria Histórica”, dicen desde la ONG, quienes aprovechan para señalar que dicha Ley “es muy débil, sólo establece un sistema de colaboración con las asociaciones de familiares de las víctimas en relación con las exhumaciones. Sin embargo no sufraga, ni asume responsabilidad por los costes correspondientes”.

AI asegura que ellos después de haber hecho decenas de informes quejándose de la nula ayuda que reciben las víctimas o de la violación del derecho internacional por mantener la Ley de Amnistía de 1977, el Gobierno ha optado por el silencio como respuesta. “No esperamos que digan nada nuevo después de este examen, lo único que queremos es que les quede claro que lo están haciendo mal y que hay que mejorar esta situación”, dice la ONG de derechos humanos.
nuevatribuna.es

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